Nacionalizaciones y confiscaciones en Cuba: aclarando puntos y mirando al futuro

Foto: blog Segunda Zafra

El pasado mes de marzo Cuba Posible hizo público un dossier titulado “Propiedades confiscadas, conflicto nacional y senda hacia el futuro”, en el que brindaron sus opiniones sobre este controversial tema los economistas Carmelo Mesa-Lago, Mauricio Miranda y Pedro Monreal, el jurista Roberto Veiga González, y el empresario Carlos Saladrigas. Hoy sumamos a aquellas reflexiones las de Domingo Amuchástegui y Eugenio Balari. Ambos, desde su experiencia (en la primera línea) de los procesos sociopolíticos vividos en el país luego de 1959, aportan y enriquecen ese Dossier, que desde ya queda abierto a otras aproximaciones y visiones sobre el tema.

Las nacionalizaciones y confiscaciones efectuadas por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959 exacerbaron las contradicciones y los conflictos políticos entre Cuba y Estados Unidos; e incluso entre los mismos cubanos. Sin embargo, las confiscaciones y nacionalizaciones efectuadas requieren ser valoradas tomando en cuenta diversos factores concurrentes: las legalidades que las amparaban, los elementos contextuales (hechos y circunstancias que los motivaron, domésticos e internacionales), el necesario respeto hacia la soberanía del país, o la necesidad de iniciar un camino de justicia social en Cuba.

Resulta conveniente conocer las diferencias conceptuales existentes entre “nacionalizaciones o expropiaciones” y las “confiscaciones” realizadas; considerando que las primeras se encuentran avaladas por el derecho internacional y se justifican por razones de utilidad pública, debiendo garantizarse a los afectados las correspondientes indemnizaciones.

“Expropiar” o “nacionalizar” significa el desposeimiento legal a alguien de su propiedad (de ciertos medios de producción),  que se transfieren a la colectividad. Ello con  el objetivo de servir mejor al interés público, aunque garantizándoles a los afectados las indemnizaciones correspondientes. Por su parte, en las confiscaciones los gobiernos proceden ante hechos o situaciones de ilegalidad, o penalidades, o por haberse adquirido los bienes de manera ilícita (mal habidos). En estos casos las incautaciones o confiscaciones se realizan sin indemnización alguna, pasando estas al erario público.

En Cuba, antes de la ley nacionalizadora de la Reforma Agraria, en mayo de 1959, se realizaron confiscaciones, fundamentalmente a individuos estrechamente vinculados al régimen anterior, lo que dio paso a la creación del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Si en las circunstancias iniciales de la Revolución se cometieron determinados excesos o no, creo que transcurridas seis décadas de aquellas circunstancias, el asunto se vuelve difícil de esclarecer. Varias de las acciones de nacionalización efectuadas, por ejemplo la Ley de Reforma Agraria, no debieron sorprender al gobierno estadounidense, ni a sectores de la ciudadanía cubana: los programas políticos divulgados por las organizaciones revolucionarias que se encontraban luchando contra la dictadura de Batista eran muy claros.

Igualmente no debemos subestimar que la Administración Eisenhower, desde 1959, se orienta de manera inamistosa hacia las autoridades revolucionarias de Cuba, mostrando falta de simpatía. En la muy temprana fecha de 1959, ya promovía la oposición y acciones desestabilizadoras hacia el gobierno del país; por lo que las nacionalizaciones también se convirtieron en medidas de legítima defensa. Al triunfar la Revolución el gobierno revolucionario dictó la Ley Fundamental de la República, que retomaba de la Constitución de 1940 varios de los elementos fundamentales. Esta contenía, entre otros, los artículo 90 (donde se proscribía el latifundio) y el 24 (que consideraba la “expropiación forzosa” por causa de utilidad pública). Cuando uno se adentra en informaciones de aquella época puede valorar que las nacionalizaciones efectuadas se hicieron con apego a los preceptos constitucionales del país y con plena validez del derecho internacional.

Tan es así que fue reconocido por la propia Administración estadounidense, cuando en nota al gobierno cubano de 12 de junio de 1959 expresaran lo siguiente: “Los Estados Unidos reconocen que según el derecho internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos, en ausencia de disposiciones contractuales o cualquier otro acuerdo en sentido contrario; sin embargo, este derecho debe ir acompañado de la obligación correspondiente por parte de un Estado, en el sentido que esa expropiación llevará consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación”. La Nota estadounidense, respondida por el gobierno cubano el 15 de junio de 1959, se hizo en los términos siguientes: “Es facultad inalienable del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, dictar las medidas que juzgara más adecuadas para propender y asegurar el desarrollo económico, el progreso social y la estabilidad democrática del pueblo de Cuba y qué al efecto, el Gobierno Revolucionario no admite ni admitirá ninguna indicación o propuesta injerencista que tienda a menoscabar la soberanía y la dignidad nacional”.

En cuanto al derecho internacional, al revisar varias de sus proclamaciones más significativas, puede constatarse que el 21 de diciembre de 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en su VII período de sesiones, aprobó la Resolución Especial No. 626, que reconoce “el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y a explotarlos libremente, dado es un imprescindible derecho soberano y responde a los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas”. Agregando la resolución, el reconocimiento “a la compensación con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adoptara esas medidas, en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional”.

A su vez, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada igualmente por la (AGNU) el 12 de diciembre de 1974, se proclama en la Resolución No. 3281, artículo 2,  que “el Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar, o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas, deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes, reglamentos y todas las circunstancias que considere pertinente”. Agregando que, “en caso de controversia, esta sería resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y a sus tribunales”.

Al valorar tales formulaciones del Derecho Internacional, y la inicial propuesta de indemnización de la parte cubana a la Administración estadounidense, puede afirmarse que las autoridades de la Isla estuvieron en disposición de indemnizar las nacionalizaciones efectuadas. Al gobierno estadounidense se le presentó una fórmula posible y racional en aquellas circunstancias históricas, pero la Administración estadounidense se negó a aceptarla.

La propuesta presentada por el gobierno cubano, considerando las condiciones económicas/financieras del momento (es ampliamente conocido la situación precaria en que quedaron las arcas y las finanzas del país a la caída del régimen de Batista), consistió en la creación de bonos de la república, emitidos por el Estado cubano, para cuya amortización se formaría un fondo que se nutriría con el 25 por ciento de las divisas extranjeras correspondientes a los incrementos de compras de azúcar en cada año calendario, que Estados Unidos comprare a Cuba por encima de los 3 millones de toneladas largas españolas, a un precio no menor de 5,75 centavos de dólar la libra inglesa (FAS).

El Banco Nacional abriría una cuenta denominada “Fondo para el pago de las expropiaciones de bancos y empresas de nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica” y los bonos devengarían un interés no menor del 2 por ciento anual, pagados, exclusivamente, contra tales fondos. Esos bonos serían amortizados en un plazo no menor de 30 años, contados a partir de la fecha de expropiación del bien. La propuesta fue desechada por Estados Unidos, pero bien hubiese posibilitado en el tiempo previsto (como luego otros estudios y el tiempo transcurrido demostró), haber honrado las indemnizaciones correspondientes a las propiedades estadounidenses que fueron expropiadas.

Al producirse la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos (bajo la Administración demócrata del presidente Barack Obama) ese era un tema para posibles análisis, aunque no fue abordado prioritariamente. Pero sí se encontraba en la agenda de diálogos y negociaciones previstas. Sin embargo, después del retroceso producido en las relaciones bilaterales por la Administración Trump, no se vislumbra de momento, ni existen condiciones para un diálogo sobre este asunto.

Es comprensible que se trata de una cuestión que debe depurarse; pues por sensible y compleja que sea su solución, debemos encontrar en algún momento, cuando corresponda, la posibilidad de negociar. Máxime cuando Cuba sigue sometida a permanentes medidas de castigo, incluyendo el embargo/bloqueo mantenido durante casi seis décadas por las diversas administraciones norteamericanas. Esta realidad continúa provocando daños económicos y financieros a la Isla, que han sido también estrictamente inventariados.

Creo que habrá que esperar a mejores tiempos para dirimir las indemnizaciones pendientes; no obstante, es presumible hoy, como ayer, que las autoridades cubanas estarían dispuestas a hacerlo, aunque siempre en condiciones del más riguroso respeto hacia su soberanía nacional; y no solo con respecto a este asunto, sino también con cualquier otra conflictividad existente entre ambas naciones.

Sobre los autores
Eugenio Rodríguez Balari 19 Artículos escritos
(La Habana, 1938). Licenciado en Historia. Doctor en Economía. Periodista. Se desempeñó como director de las publicaciones nacionales Mella y Opina, de esta última fue su fundador. Fundador y Presidente del Instituto Cubano de Investigación de l...
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