I. Preámbulo
1. En varias ocasiones nos hemos referido a los institutos armados del país, reconociéndolos como garantes últimos de la estabilidad y del desarrollo de la nación cubana, y señalando el desafío que poseen al respecto. El pasado mes junio del año 2017, ante varias crisis que padecemos, y reaccionando a la política del presidente Trump hacia Cuba, dada a conocer a través de un insólito acto en Miami, reiteramos “que las instituciones militares, que disfrutan de solidez institucional y prestigio popular, deben continuar empeñándose en ser garantes del orden y de la posibilidad de que el país pueda emprender grandes transformaciones en las mejores condiciones de estabilidad. En estos momentos (ratificábamos), dichas instituciones constituyen un activo con potencialidades singulares para servir a Cuba”. En este instante debemos, además, requerir el consenso social necesario en torno a esta urgencia.
II. República en Armas ¿versus? República Civil. Reto actual
2. Ante las actuales circunstancias socio-políticas de la Isla, y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos -que continuarán siendo difíciles y riesgosas-, hemos de reconocer y reclamar que las instituciones militares deben sostener con la fuerza y la autoridad (que no tiene que ser obligatoriamente por medio de la violencia) el espíritu de aquella “República en Armas” (constituida por nuestros independentistas en 1869), para de esa manera hacer posible que la sociedad desarrolle y consolide la “República Civil”, que siempre deberá fundamentarse, sobre todo, en el ideario martiano.
3. Atravesamos una etapa histórica crucial y, en momentos como este, dichas fuerzas siempre han tenido y tendrán durante mucho tiempo una responsabilidad nuclear. Cuba se soñó por intelectuales y actores civiles, pero consiguieron cristalizarla vistiendo el uniforme militar y tomando las armas, aunque invariablemente preocupados y ocupados por la civilidad, objetivo último de todas sus luchas. En medio de las complejidades actuales, y ante esta tradición, y con esta misma perspectiva, las actuales instituciones militares deben percibirse como aquellos 12 mambises que, en 1868, junto a Carlos Manuel de Céspedes, sobrevivieron al combate de Yara; como toda la pléyade de cubanos que, en 1895, se fueron a la guerra organizada bajo el liderazgo de José Martí; y como aquellos cubanos que, a través de la lucha guerrillera y en las ciudades, con el apoyo entusiasta del pueblo y bajo el liderazgo de Fidel Castro, triunfaron el 1 de enero de 1959.
III. Fundamentación de este reclamo
4. Las instituciones militares, reitero, deben preservar la soberanía y la independencia, así como la estabilidad social y el orden legal y político. Esto no implica que deban inmiscuirse en la protección de las relaciones entre personas, entre personas y grupos, entre grupos, o entre personas o grupos con el Estado, aun cuando estas relaciones sean políticas. Ello, y sólo cuando se altera el modo de relación civilizado y legal, le corresponde únicamente a las fuerzas policiales especializadas, en correspondencia a cada caso.
5. No obstante, las fuerzas militares, de cada país, deben asegurar los cimientos del conjunto de las relaciones sociales, que suelen estar formulados en la constitución política de toda nación. En tal sentido, para desempeñar sus funciones de manera cualitativa se deben sostener en el (los) imaginario (s) social (les) constituido (s), así como en la Constitución de la República y en las legislaciones del país. Dicha responsabilidad, casi nunca implica acciones sistemáticas, concretas y directas; sino únicamente el conocimiento general de que estas no se parcializan con ninguna persona o grupo, se disponen a reconocer todos los principios políticos y sociales que por voluntad general se vayan asumiendo en la Ley fundamental, y están dispuestas, en caso de que falle el resto de las instituciones dedicadas a preservar el orden y el desarrollo, a garantizar la armonía necesaria para que no colapse la vida civil de la sociedad y se restablezcan cuanto antes las mencionadas entidades.
6. Por otra parte, y aunque ello disguste a quienes, con razón, desean defender los ideales de una democracia civil que reduzca al máximo el rol de los cuerpos militares; estos, en Cuba, constituyen entidades profesionales y experimentadas, que gozan de una institucionalidad como escasísimas entidades en el país, disfrutan de prestigio popular, y poseen la capacidad para cumplir dicha responsabilidad.
IV. Garantes del progreso y de la estabilidad
7. Unos institutos militares dispuestos, en este espinoso momento de la historia, a encarnar la “República en Armas” con el sólido propósito de hacer posible la consolidación de la “República Civil”, deben apoyar, incluso con sumo compromiso, a las instituciones y organizaciones tradicionales de la Revolución. Sin embargo, también deben entusiasmarse con tantos actores y proyectos, patrióticos, que expresan nuevos imaginarios de la nación y pueden vigorizar la evolución necesaria del actual modelo socio-político; pero suelen estar en la periferia social o hasta criminalizados, por el sólo hecho de que, al menos por ahora, carecemos de mecanismos, instituciones y autoridades establecidas para dirimir la legitimidad de posiciones ciudadanas no oficiales.
8. En la nueva época que comienza, sólo una actualizada síntesis donde pueda identificarse toda la diversidad nacional, podrá ofrecer los pilares del desarrollo social, e instituir el referente exacto para determinar los significados posibles en cuanto a la defensa de la soberanía del país y de la seguridad nacional. De seguro, el futuro próximo, que tal vez ya sea presente, demandará concebir la defensa de la soberanía y la seguridad del país, desde compromisos renovados, correspondientes a las urgencias propias de estos tiempos.
9. Entre tales apremios, podríamos encontrar, por ejemplo: 1) El resguardo social ante la corrupción y la criminalidad. 2) La seguridad necesaria para que la Isla no se convierta en una de las “capitales” de la mafia, dada nuestra cercanía a Estados Unidos. 3) Las garantías que, en cada momento, sean indispensables para asegurar el desarrollo económico y cultural del país, así como la debida distribución, redistribución y socialización equitativa de toda la riqueza. 4) La evolución progresiva de nuestro catálogo de derechos, de los mecanismos para garantizarlos, y del requerido sistema de justicia. 5) El ensanchamiento continuo de las posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía, para el desarrollo del tejido de la sociedad civil, y para el perfeccionamiento de los instrumentos de participación y control de la ciudadanía en las instituciones de poder. 6) La defensa irrestricta de la responsabilidad de hacer progresar, cada vez más, la concreción de un gobierno eficaz. 7) La seguridad de que las dinámicas políticas no laceren, en ningún caso, las circunstancias, los intereses y los anhelos del pueblo en general; no quebranten la concordia y la estabilidad del país; no incorporen métodos y medios subversivos; y no forjen alianzas con poderes extranjeros que pretendan dañar intereses nacionales.
V. Influencia económica y política. ¿Un dilema?
10. Las instituciones militares, para cumplir sus responsabilidades, que en nuestro caso debe priorizar las sensibilidades antes expuestas, requieren de formación profesional, capacidad institucional y recursos. Ello, por supuesto, demanda un agudo soporte económico, que tal vez no pueda ser satisfecho por la economía nacional, de manera suficiente y durante algún tiempo.
11. Por ello, resulta obvia la necesidad de comprender que, mientras subsista la precariedad económica y no haya ocurrido el imperioso re-dimensionamiento de un sistema institucional orientado hacia lógicas sólidamente republicanas, las fuerzas militares puedan poseer una economía propia, que por supuesto también aporte a la economía del país. Sin embargo, es forzoso aceptar que esto constituye una excepcionalidad, que algunos no aceptan y otros observan con gran suspicacia. Ante esto, se hace necesario desarrollar mecanismos que generen confianza en torno a la cuestión.
12. Quienes no aceptan u observan con suspicacia que las instituciones militares posean una economía propia, alegan que el poder económico y político que esto genera, junto al influjo político-histórico que ya poseen estas fuerzas, podrían dificultar o hasta asfixiar, el desarrollo de una democracia ciudadana, de una “República Civil”. Frente a este argumento, sólo caben tres compromisos: A) Emplear la fuerza institucional y las cuotas de autonomía que puedan ofrecer dicho influjo económico-políticio-histórico, como facilitadoras de un proceso de evolución del actual modelo social, que posea su epicentro en el logro de una nueva síntesis donde todos podamos identificarnos. B) Apelar a dichos institutos para que los potenciales intereses particulares -en lo económico y político- no perjudiquen la esencia de su quehacer como sostenedores de la “República Civil”. C) Trabajar, de manera intensa y honesta, para que el desarrollo de la ciudadanía, del tejido de la sociedad civil, del sistema institucional, así como de la economía del país y de cada cubano, sea capaz de asegurar que, en ningún caso, sin menguar el poder económico que puedan mantener las instituciones militares, estas puedan usurpar los roles del ciudadano, de la sociedad, del Estado, del gobierno, de otras instituciones, etcétera.
VI. Equilibrio entre “supremacías”. Piedra angular del éxito
13. Resulta indudable que siempre será necesario, y sobre todo durante nuestro presente y futuro próximo, continuar buscando mejores maneras para que las instituciones militares consigan cada vez más la “supremacía” que reclama sus responsabilidades; sin que por ello lesione la “supremacía” que también demanda la naturaleza civil de la República, del Estado, de la sociedad. En estas circunstancias, ambas “supremacías” deben conseguir el necesario equilibrio, así como actuar dentro de un mismo sistema institucional, y considerarse recíprocamente como referentes de autoridad; lo cual sólo resulta posible cuando ambas dimensiones anclan su quehacer y su orientación en las profundidades sociológicas y antropológicas del pueblo, de su historia y de sus sueños.
14. Este tema condujo a intensos debates entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, una vez iniciadas las gestas independentistas en 1868; y posteriormente entre José Martí y Antonio Maceo, durante la década del 90 del siglo XIX. En aquellas discusiones, por momentos peliagudas, cuando parecía que los argumentos de las partes en diálogo eran contrapuestos, de conjunto indicaban un reto de nuestra República, y consolidaban argumentos que las futuras generaciones de cubanos estarían llamadas a integrar de manera progresiva y complementaria.
15. De esta manera, quiero dejar constancia de que en este momento de la historia “La Patria” necesita sostener un pie sobre ese “ejército” que está llamado a mantener, en espíritu y con inspiración martiana, nuestra “República en Armas”, con el propósito de garantizar que todos los cubanos podamos colocar el otro pie de “La Patria” en el firmamento de la polis (como era denominada por los griegos de la antigüedad) para edificar y consolidar la “República Civil”.
