“No dejaremos de explorar, y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos, y conoceremos el lugar por primera vez”.
T.S. Eliot, Four Quartets, 1943.
Según el refranero popular cubano “no se cambia de caballo en medio del río crecido”. Así parece entender el gobierno cubano este momento especial de la historia de Cuba, con todo lo que ello implica. La Constitución cubana de 2019 constituye el último acto político de la generación que, en 1959, destruyó el Ejército constitucional de la Segunda República, derrotó a sus élites en una guerra civil, cerró de un plumazo sus instituciones, y eclipsó el status nacional de dependencia (cuasi colonial) en relación con Estados Unidos. La nueva Constitución, y su proceso de gestación política, encarnan, casi de forma perfecta y total, todas las virtudes y defectos, luces y sombras, errores y fobias, de la generación que, a los 100 años de la muerte de José Martí, y bajo la conducción indiscutible de Fidel Castro, transformó radicalmente los destinos de Cuba.
En las líneas que siguen trataré de contextualizar, sin pretender agotar el tema, qué variables han incidido sobre la confección del nuevo texto constitucional y cómo han impactado sobre su versión final. Sobre el nuevo texto han operado, al menos, cuatro mediaciones importantes, que contextualizan la forma en que fue gestada la nueva Constitución, han delineado sus contenidos principales y circunscriben sus posibilidades de futuro.
Primero, con la Constitución de 2019, la llamada “Generación Histórica” ha querido dejar sobre la mesa un documento que dé continuidad a su legado, mediante un acto de reafirmación política e histórica cuyo eje central es la necesidad de “unidad”. La nueva Carta Magna deja traslucir, nuevamente, un fuerte consenso presente al interior del Gobierno cubano: el convencimiento de que la debilidad del Estado fue una de las principales causas del desgobierno republicano (1902-1958). El anhelo de un Estado “fuerte”, acompañado de un “centralismo” que permita un control real de la política republicana, es posible rastrarlo en el pensamiento de los hombres que se convirtieron en clase política después de 1959, y es posible rastrearlo, nuevamente, en la Constitución de 2019.
Para hacer “operativo” este consenso, han recurrido a las herramientas tradicionales mediante las cuales esa generación ha entendido la manera de construir “la unidad” en Cuba: se ratifica la figura del Partido único como garante de la cohesión entre “el pueblo y la Revolución”; se coloca a la empresa estatal socialista como corazón de la economía nacional; “el plan” tendrá supremacía sobre el mercado; se garantizan las políticas sociales con alcance universal y de manera gratuita; se prefiere la inversión privada extranjera sobre la inversión privada nacional; se reconoce y legitima la existencia de la propiedad privada, pero se acota su alcance y dinamismo; la “acumulación de capital” por parte de ciudadanos cubanos se constituye en uno de los principales “focos rojos” del debate; se desea avanzar hacia un “Estado socialista de derecho”, “con todos y para el bien de todos”, pero se obvia legitimar constitucionalmente a la “sociedad civil”, no se habla de pluralismo, se desatienden los derechos políticos de cientos de miles de emigrados, y no se implementa un Tribunal de Garantías Constitucionales; los principales cargos públicos de la República serán electos de manera indirecta, y posiblemente gestionados por las “Comisiones de Candidaturas” (si es que estas no son, finalmente, removidas).
La primera mediación busca hacer efectivo el pleno control de la vida republicana (un Estado “fuerte” y dirigido “centralmente”), mediante una estrategia que busca retardar y contener la reproducción y el empoderamiento de las nuevas élites republicanas emergentes (sector privado, nuevos actores productores de “ideología”, actores “diaspóricos” de influencia en varias orillas, etc.); todo ello mediante la utilización de instituciones, mecanismos y estructuras que han quedado, muchas de ellas, desfasadas por la historia. Esto último parece ser un objetivo (casi obsesivo) presente, tanto en el Anteproyecto, como en la versión final del texto.
Como segunda mediación es importante hacer notar que, tanto en el nuevo texto constitucional, como en su proceso de gestación política, ha sido evidente la implementación de las directrices de la política de seguridad nacional, que se hace operativa mediante lo que el historiador Rafael Rojas llama “la política del contragolpe”. Las directrices de la política de seguridad nacional tratan de contener, desarticular o mediar en los esfuerzos de incidencia de los diversos servicios de inteligencia sobre Cuba (con énfasis, como es lógico, en la estrategia de Estados Unidos). ¿Cómo funciona esta mediación? Si desde Estados Unidos se trata de “potenciar” el sector privado como “agente de cambio”, pues se reacciona a ello acotando a dicho grupo social; si desde Estados Unidos se tratan de promover a los actores independientes y a los “líderes comunitarios”, en esta orilla se acota todo lo relacionado con “sociedad civil” y “autonomía ciudadana”. Pudieran ponerse otros muchos ejemplos. Esta segunda mediación tuvo dos componentes de impacto: a) sobre el proceso de gestación y participación en el debate del proyecto constitucional y b) sobre la modelación de los contenidos del mismo. Un último elemento que quisiera agregar aquí tiene que ver con el carácter legítimo de este tipo de intervención, pues la vida nacional no opera “al vacío”, sino en el contexto de la belicosidad acentuada de Estados Unidos contra Cuba. Otra cosa es el “manejo”, la flexibilidad y la inteligencia para gestionar estas dimensiones, compuestas de tomas de decisión de matriz eminentemente política.
Tercero, sobre la nueva Constitución impacta, de manera demoledora, el actual contexto internacional; marcado por el ascenso de las derechas populistas en todo el orbe; por una reconfiguración radical de los balances de poder en el hemisferio (todos adversos a Cuba); y por una “nueva época” global, donde los supuestos del ordenamiento político e institucional de la post-guerra parecieran ser barridos por un tsunami. A ello hay que agregar la presencia en Washington, en la “sala de máquinas” donde se construyen las políticas hacia América Latina, de un grupo de “halcones” que harán todo lo posible por aislar a Cuba, y por golpearla y estrangularla económicamente; a la vez que ya lo hacen con Venezuela y Nicaragua. Al interior de la Diáspora cubana, en el sur de la Florida, la estrategia movilizativa de la derecha cubanoamericana en contra de las políticas de normalización con Cuba, y a favor de la estrangulación, se ha construido al modo de un movimiento de “pinza”: por un lado, a) han buscado atizar la política de odio hacia “los Castro” (reviviendo el fantasma de un juicio contra Raúl Castro en la Corte Penal Internacional) y, por otro, b) volver a poner sobre la mesa el tema de las propiedades confiscadas en 1959 (se revive el Título III de la Helms-Burton). Es una estrategia que apela al binomio “odio-nostalgia”.
Como cuarto elemento, tanto en el Anteproyecto, como en la versión definitiva de Proyecto constitucional, han aflorado, con suma claridad, la “interacción dinámica” (no creo que, por el momento, podamos llamarle “antagonismo”) entre las dos “sensibilidades” (no creo que, por el momento, podemos llamarle “facciones”) que rodean al General de Ejército Raúl Castro, y que podríamos intuir que poseen “sensibilidades” más “aperturistas” y más “cerradas” (al interior del gobierno cubano). El liderazgo de Raúl Castro, hasta el día de hoy, ha logrado “arbitrar” esas “sensibilidades”. Al estudiar ambos documentos en profundidad, a ratos, pareciese que coexisten dentro de los dos textos (en temas cruciales del ordenamiento constitucional) dos visiones del mundo, que llegan a acoplarse y llegar a síntesis (en algunos casos), y lucen irreconciliables y mantienen una relación casi esquizofrénica (en otros). La gestación y materialización del Proyecto constitucional bien podría haber sido impactado por las “tensiones” y los “dinamismos” que afloraron en el Gobierno nacional con motivo del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, y que tuvieron su clímax público durante, y después, de la visita del ex-presidente Barack Obama a la Isla. El nuevo texto constitucional podría estar resultando en una especie de “consenso” intra-gubernamental entre ambas “sensibilidades”: la vida, las circunstancias, y la desaparición física de Raúl Castro, dirán cuán estable y duradero podría ser ese “pacto” en el tiempo.
Estas cuatro mediaciones han delineado un texto constitucional muy concreto, donde se avanza en ciertas zonas; se mantienen elementos importantes de la matriz soviética del texto de 1976 (reformado en 1992); y se cometen torpezas de nuevo tipo, que no estaban presentes en la Constitución vigente. Estamos, a todas luces, ante una Carta Magna que está llamada a ser una “bisagra” entre una época y otra. En sus contenidos y propuestas definitivamente no ha “cuajado” el espíritu de un nuevo “pacto social”, que encarne las aspiraciones compartidas de una nación transnacionalizada, compleja, y políticamente plural; que aspira a un régimen político genuinamente democrático.
La gran interrogante que queda sobre la mesa, es si la nueva Constitución de la República servirá para lograr articular unos engranajes de poder efectivos que sustituyan la capacidad de arbitraje político que ha desempeñado el ex-presidente Raúl Castro durante los últimos 10 años. Nos guste más, o nos guste menos, la nueva Carta Magna (con sus puertas “delanteras” y sus puertas “traseras”) será el territorio normativo con el que enfrentaremos los ingentes retos que nos depara el futuro nacional. Es por ello que la Constitución cubana de 2019 es importante, mas no trascendental. Podría, incluso, sucumbir, o terminar convertida en un “significante vacío”, si el liderazgo político cubano no asume sin dilaciones las reformas estructurales que Cuba necesita. Podrían perfectamente las circunstancias terminar “tragándose” a la nueva Carta Magna.
Para que ello no ocurra, el mayor desafío político que tienen ante sí los herederos políticos de Raúl Castro no es el de “ser continuidad”: eso es, sencillamente, imposible. El desafío “realmente existente”, y que deberían plantearse, debería consistir en constituirse en arquitectos de un “cambio sin ruptura”; mediante la implementación de un conjunto amplio de reformas estructurales (económicas, sociales y democráticas) de gran calado, que no den la espalda a las conquistas de dignidad del “evento 1959”. La otra alternativa que le queda a la nación cubana, ya sin estados intermedios, es la restauración capitalista “a secas”, mediante una república blanca, de y para sus élites.
O se pone a la nueva Constitución en el centro de una dinámica política creativa y poderosa, que empodere y entusiasme realmente a la ciudadanía, o su destino puede terminar pareciéndose al de la “Línea Maginot”, aquel mega-proyecto militar destinado a defender y hacer “inexpugnable” la defensa estratégica francesa frente a la Alemania nazi, luego de la Primera Guerra Mundial. Todos los recursos del Estado fueron puestos en función de construir una gigantesca línea defensiva (de varios niveles de profundidad, con fuertes, contrafuertes, artillería y torretas giratorias), enfocada en un concepto de “trinchera” y guerra de posiciones. El 10 de mayo de 1940, sin declaración de guerra y a traición, las unidades acorazadas alemanas dieron inicio a la Blitzkrieg (novedoso concepto de “guerra relámpago”). En pocos días invadieron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y mediante un “boquete” en la región de las Ardenas, convirtieron, en pocas horas, a la gran línea de defensa estática, en un monumento obsoleto, incapaz de cumplimentar el objetivo para el cual fue diseñado.
La “Línea Maginot” fue la expresión terrible de la incapacidad de las élites políticas y militares de la República de defender, con creatividad, el lugar de Francia en la Europa de los años 40 del pasado siglo. Esperemos que cambie todo lo que deba ser cambiado, y la vida no le depare la misma suerte a la Constitución cubana de 2019.
