La participación política es una herramienta fundamental para la vida de un país, en tanto esta les permite a los ciudadanos participar en los procesos decisorios que afectan de alguna manera sus vidas cotidianas. La calidad democrática de una sociedad se puede medir, en buena medida, observando el nivel de participación política de la ciudadanía. A la inversa también se puede hacer el mismo análisis: se puede valorar la calidad democrática de un gobierno según su voluntad de promover y facilitar la participación política de los ciudadanos, ya sea mediante el uso de las herramientas de interacción que ofrecen las instituciones del Estado o mediante espacios que emergen y se organizan de forma espontánea.
La participación política en Cuba es entendida de forma vertical y, por tanto, bajo el amparo y supervisión del Estado. Las diversas organizaciones de masas existentes en la sociedad cubana, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR), etc., tienen todas un vínculo estrecho con el Partido Comunista, el cual administra y controla las instituciones del Estado.
Los principales problemas de la participación política en Cuba parten, precisamente, de la voluntad del gobierno de que la participación sea vertical, donde sea el Estado y su engranaje institucional quien condicionen la participación de la gente en lugar de ser un modelo más fluido y transversal. De este modo la espontaneidad queda coartada, marginada y, muchas veces, debido a las dinámicas paternalistas de las instituciones, sofocada o abrazada por intereses estrictamente políticos que vienen desde dentro de las instituciones que dicen venir a ayudar. Las organizaciones de masas antes mencionadas están diseñadas para garantizar la participación de todos los ciudadanos; sin embargo, tal modelo participativo es también un escollo para la misma participación en tanto encasilla identidades políticas.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), por ejemplo, agrupan a personas que comparten una geografía reducida como son los barrios; la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), agrupa mujeres; la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), estudiantes de educación superior, etc. El problema surge cuando las identidades políticas y la construcción de solidaridades en la esfera social no se comportan de esa manera rígida. Un habanero blanco de más de 50 años, un joven santaclareño negro de 30, y una muchacha santiaguera y homosexual, pueden sentirse interpelados por los mismos problemas sociales y políticos. Todo este grupo heterogéneo y difícilmente encasillable, carecería de herramientas para organizarse como grupo autónomo e intentar solventar los problemas que les preocupan y tienen en común más allá de las tantísimas diferencias que en otras esferas puedan tener sus miembros.
Tal podría ser el caso de santiagueros que migran a La Habana y comparten, en muchos casos, la carencia de un estatus regular en su nueva ciudad. Ellos podrían, tal vez, desear trabajar en eso que les une, pero el modelo de participación política cubano no les ofrece herramientas para que grupos como estos se organicen espontáneamente para aproximarse a los problemas que ellos consideran tienen en común y les motivan a movilizarse. Las identidades se van tejiendo de formas muchas veces impredecibles, lo cual hace que los sujetos se encuentren unos con otros y decidan actuar sobre cuestiones particulares de forma más o menos espontánea. El freno de tales dinámicas hace mella en la capacidad y voluntad de los ciudadanos de movilizarse, y participar activamente en la resolución de los problemas que ellos y ellas entienden que son pertinentes solventar.
La participación política como herramienta de distribución del poder
Si bien es cierto que en Cuba hay numerosas organizaciones de masas (la mayoría de las cuales son supervisadas o cooperan con el Partido Comunista), el margen de trabajo de estas es sumamente limitado. Más allá de que ya la espontaneidad queda coartada muchas veces dentro de estas organizaciones, debido a su estrecha relación con intereses políticos del PCC provenientes de diferentes instituciones del Estado, la capacidad de acceder a recursos materiales para participar de forma efectiva en la vida política de sus barrios y ciudades es sumamente limitada. De acuerdo a Juan Valdez Paz, la participación política de los ciudadanos “ha de ser efectiva, es decir, de derecho, pero sobre todo de hecho, lo que supone una descentralización de facultades y de ‘poderes discrecionales’ en el sistema político, así como de los recursos financieros y materiales. Participar en el poder político implica siempre una redistribución de poderes” (Paz 2009). De manera que cuando el poder se centraliza y los procesos decisorios se producen de forma vertical descendente, el poder tiende a concentrarse, y la participación comienza a ser cada vez menos efectiva y, por tanto, las organizaciones que la promueven a escalas micro-sociales se desgastan paulatinamente.
Los Consejos Comunales (CC) en Venezuela son un ejemplo interesante a la hora de analizar cómo la participación comunitaria puede ser efectiva, en tanto provee a sus miembros de capacidad decisoria sobre temas fundamentales que competen a la vida de cada comunidad en particular. Los CC surgen en Venezuela con la Constitución de 1999. Pero fue varios años más tarde que comenzaron a ganar importancia. A partir de 2006 los CC comenzaron a tener relación directa con el Gobierno nacional (suplantando la intermediación de los Consejos Locales de Planificación Pública a nivel municipal, que antes mediaba ambos niveles).
“En los años siguientes se aclaró que los Consejos Comunales podían recibir recursos de los gobiernos municipales y estatales, además de gestionar recursos por sus propios medios” (Goldfrank 2011). De esta manera, podemos discernir algunos puntos importantes en la participación política en el ámbito local: primero, que requiere de recursos para implementar proyectos útiles para la comunidad; segundo, que dichos recursos puedan ser auto-gestionados de modo que los proyectos puedan ser sostenibles; y, tercero, que pueda haber un canal de contacto directo con los niveles del Estado central. La experiencia de estos CC en Venezuela es ciertamente contradictoria, puesto que muchas veces es percibida como una manera más de clientelismo electoral; por demás, estas formas de auto-gestión comunitarias requieren de un alto grado de transparencia económica para evitar el uso indebido de fondos o la vinculación con dinero sucio.
En el ámbito cubano, los Consejos Populares (CP) son la única organización de carácter comunitario que tiene acceso directo formal al Gobierno central. Dichos Consejos Populares los componen los delegados electos en cada circunscripción y el resto de miembros son “designados por las organizaciones de masas, las instituciones y entidades de mayor influencia e importancia en la zona” (Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015). A pesar de esta posibilidad que tienen los Consejos Populares de llegar hasta el ámbito nacional sin la mediación de los gobiernos municipales y provinciales, en la práctica nunca ha sido materializada. En la práctica, los Consejos Populares terminan siendo una herramienta de las Asambleas Municipales del Poder Popular, las cuales “monitorean” la labor de los mismos. “Una vez a la semana se produce la reunión de los presidentes de CP con la presidenta de la Asamblea Municipal y todos los ‘factores’, término oficial que identifica a diferentes actores –sociales, económicos o políticos– relevantes. Las decisiones se someten a una regla fundamental: el voto; pero, a fin de cuentas, su cumplimiento está sometido a cierto control por parte del gobierno” (Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015).
La participación política no se puede quedar en el micro-nivel
La participación política de la ciudadanía cubana no consigue trascender el micro-nivel para convertirse en participación política directa en el Estado. Y esto es especialmente problemático en un orden político como el cubano, donde todos los procesos decisorios relevantes pasan por los poderes centrales del Estado. Esto deja a la participación política cubana en participación comunitaria que “es aquella que transcurre en el espacio local, desarrollada desde instituciones de gobierno, asociaciones y movimientos vecinales, que canaliza una cultura política (valores, ideales, comportamientos) anclada en identidades colectivas a escala barrial” (Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015).
La corrupción es un buen ejemplo de cómo la participación comunitaria, por sí misma, no es suficiente. Es evidente que la corrupción es un problema fundamental en todas las esferas de la vida en Cuba, al igual que en el resto del mundo. Parece difícil rescatar un espacio donde no haya corrupción y donde esta no afecte sustancialmente la vida de las personas.
Sin embargo, para abordar esta problemática, el modelo de participación cubana no ofrece las herramientas necesarias para hacerlo a un nivel de participación estructural. Una participación política efectiva sería aquella que es capaz de denunciar a los corruptos y solucionar los problemas particulares al respecto, enfocándose en instituciones o empresas específicas y, a su vez, atacar la problemática en sus raíces estructurales. Es decir, en el caso cubano la estructura social permite, y en algunos casos incentiva, a determinados actores sociales a llevar a cabo prácticas al margen de la ley. Esto es algo que el ciudadano cubano medio entiende, pero no cuenta con las herramientas para solventarlo a través de la participación política.
La alusión a términos como “luchar” o “buscarse la vida” son ejemplos de cómo el problema de la corrupción se “normaliza” en Cuba. Debido a la imposibilidad de solventar el problema, la “normalización” del mismo aparece como la única vía de lidiar con él. Esto es, la sistematización y naturalización de un problema solo es posible en un marco que lo permite y lo promueve como modo legítimo de “ganarse la vida”. Tal “normalización” de la corrupción se produce, en buena medida, porque la participación política a niveles micro no puede solventar problemas estructurales, sino únicamente, y en el mejor de los casos, problemas que son particulares de una comunidad dada.
La participación política “indirecta”
Cuba se autodenomina una “democracia participativa” porque la intención del modelo político es ponderar la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones de masas. Sin embargo, en la práctica, el modelo termina siendo representativo en tanto los procesos decisorios pasan por las pautas que marca el gobierno nacional y los órganos centrales del Partido Comunista. Contradictoriamente, el modelo electoral cubano está diseñado para ponderar la capacidad ciudadana de elegir líderes o gestores comunitarios en lugar de políticos o líderes que les representen en el ámbito de la política nacional.
“En los niveles medio y superior del sistema —provincias y nación—, la función de proponer candidatos la desempeñan las “Comisiones de Candidatura”, que garantizan amplio acceso al aparato estatal, pero no la posibilidad de acceso universal a los ciudadanos” (Inter Press Service en Cuba 2011). Esto es, los ciudadanos no eligen ni nominan directamente a quienes deben representarles en las Asambleas provinciales y nacionales. Tenemos, entonces, un modelo que pondera la participación a través de la representación y un sistema electoral que enfatiza la participación comunitaria y que a niveles más altos delega en representantes la participación. Por demás, “los mecanismos constitucionales de participación directa reconocidos en la Constitución cubana no se han desarrollado” (Guanche 2012). Tal es el caso de la “iniciativa legislativa” que el Movimiento Cristiano de Liberación intento poner en marcha con el “Proyecto Varela” y que fue desconocido por las autoridades cubanas, alegando que las firmas no habían podido ser acreditadas. “Por tanto, las prácticas representativas son preeminentes sobre las participativas directas” (Guanche 2012).
Otro escoyo sustancial en la participación política efectiva en Cuba es el poco acceso a la información y la marcada escasez de periodismo investigativo que proporcione herramientas a la ciudadanía para orientarse, en el escenario social, de hacia dónde deben ir las demandas y dónde están los espacios que generan problemas para la vida de la gente. El programa “Alta Tensión”, de la CMHW de Santa Clara, es una de esas raras excepciones donde el periodismo en Cuba sirve como práctica fiscalizadora y como herramienta informativa para la gente, en temas que atañen directamente a la administración de instituciones del Estado y empresas estatales. Sin embargo, al no ser la norma, la buena práctica periodística de Abel Falcón y su equipo queda solo en eso, y no trasciende en tener un impacto sustancial en la sociedad villaclareña y nacional.
En adición, las elecciones en Cuba transcurren sin campañas políticas, de modo que los electores no conocen qué pretende hacer cada candidato. El voto desinformado se puede enfocar, entonces, en características “personológicas”, en lugar de propuestas políticas concretas.
Referencias_
Chaguaceda, Armando, Lázaro de Jesús González, y Djanamé Dabelcourt. 2015. «Participación comunitaria y gobiernos locales en Cuba. La experiencia de los Consejos Populares y el impacto de las reformas de Raúl Castro.» Espiral 125-152.
Goldfrank, Benjamin. 2011. «Ciudadanía Política: Voz y Participación Ciudadana en América Latina.» Iconos 41-45.
Guanche, Julio César. 2012. «La participación ciudadana en el Estado cubano.» Revista Temas.
Inter Press Service en Cuba. 2011. IPS. octubre. http://www.ipscuba.net/sociedad/la-participacion-ciudadana-en-el-estado-cubano/.
Paz, Juan Valdez. 2009. «Notas sobre la participación política en Cuba.» Estudios Lationamericanos, 15-31.
