El Partido Comunista de Cuba (PCC) lidera en solitario el poder político cubano. Su rol hegemónico queda plasmado en nuestra constitución: “El Partido Comunista de Cuba (…), es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”[1]. Dicho así, la sociedad cubana termina excluyendo cualquier alternativa al “comunismo”. El problema fundamental que yace en la afirmación anterior es que resulta imposible definir pragmáticamente que es el “comunismo” y cómo se construye una sociedad comunista. Esto es, el PCC no es más que una organización que desde un marco ideológico específico, construye (o dice construir) un proyecto de país. En ningún caso la noción “comunista” (del sustantivo “comunismo”) de sus siglas se refiere a una realidad objetiva, sino a un mero constructo subjetivo. Esto implica que el proyecto “comunista” del PCC no es universal, sino que pueden existir tantos “proyectos comunistas” como “personas comunistas” existan.
Supongamos, por ejemplo, que un sector de la sociedad cubana entiende que para construir una sociedad comunista debemos eliminar el capitalismo de Estado que tenemos hoy en Cuba, y entregarles las empresas a sus trabajadores; o bien que el camino a seguir es crear una economía mixta donde las empresas públicas, privadas y las cooperativas convivan y se complementen. ¿Cómo estos sectores de la sociedad podrían intentar poner en práctica su proyecto de país? ¿Acaso el Partido Comunista brindaría su plataforma para abogar y ejecutar estos cambios? Obviamente no; el PCC entiende que su proyecto “comunista” es alcanzable solo desde la monopolización de los medios de producción y de la planificación central de la economía. Estas dos nociones son claves en la ideología que sostiene al PCC, y desarticularlas implicaría un cambio cualitativo de la organización y no una simple reforma organizativa. Por demás, formas alternativas a la noción hegemónica de “comunismo” en Cuba representarían un espacio de disputa por el poder y pondrían en riesgo los privilegios de algunos.
Una vez que entendemos que el PCC, como todos los partidos políticos, se sustenta en una construcción ideológica particular, cabe preguntarse por qué otros sistemas ideológicos (dentro del marco del “comunismo” o fuera de este) no pueden articularse en organizaciones e intentar administrar el Estado y su engranaje institucional. ¿Qué sentido tiene un modelo unipartidista si entendemos que la ideología que subyace en cada partido no es, en ningún caso, universal o única? La respuesta puede que salte a la vista: el PCC ha deslegitimado la lucha por el poder; y esto gracias a que los miembros del PCC, o al menos su clase dirigente, han (o ha) intentado sistemáticamente subvertir su partido en Estado, de manera que el PCC se convierte en algo más que un partido político y el Estado en algo menos que un Estado.
Dicho esto, el PCC ha intentado diluir la noción de partido político (que, a diferencia de los Estados, son organizaciones que sí engendran una ideología e intentan reproducirla mediante el poder) con la noción de Estado. Las nociones de partido y Estado son sumamente difusas en la práctica del contexto cubano. De modo que en Cuba no tenemos un Partido (ni varios), y un Estado, sino la fusión de ambas donde las delimitaciones prácticas son casi inteligibles. Visto así, lo que presenciamos en Cuba, más que un Estado ocupado por un partido que gobierna, es una red de personas empoderadas que ejercen una forma de gobierno difusa en espacio y tiempo, y que, por tanto, no puede delimitarse al ámbito institucional.
De tal modo, las funciones de administración del poder transgreden la espacialidad del Estado (sus instituciones). Y las funciones partidistas se diluyen y entremezclan con otros sectores de la sociedad y con las mismas instituciones del Estado, de modo que resulta casi indistinguible en términos prácticos dónde comienza lo partidista, y dónde lo Estatal; dónde termina el PCC como organización y dónde comienzan las instituciones del Estado; dónde terminan los “lineamientos” del PCC y dónde comienza el aparato legislativo del Estado y las políticas que aprueba. Además, dicha red de gobierno funciona en una especie de atemporalidad donde es difícil delimitar ciclos producidos por estándares burocráticos. Más allá de que existan plazos para puestos de diputados, en la práctica dichos ciclos están vacíos de significado. Así que, en la praxis, ni partido ni Estado, sino una red de gobierno es lo que prevalece en Cuba. Y dicha red empodera a determinados grupos y excluye a otros mediante el empleo de los recursos del Estado que, a su vez, se diluyen en los recursos del propio partido en todo, un entramado de poder y flujo de recursos hacia un sector de la sociedad que los administra y dispone de ellos según estime conveniente.
La respuesta a este escenario tan difuso debe ser la recuperación del Estado como herramienta de la nación para gestionar el poder, y los partidos políticos como vehículo de acceso al mismo. Además, la sociedad civil y los partidos políticos que emerjan de los diferentes proyectos de país fundamentados en disímiles ideologías, podrán finalmente fortalecerse como plataformas para que cada segmento de la nación se exprese y participe en la continua transformación social de forma directa o indirectamente. El PCC ha debilitado enormemente las instituciones del Estado, vaciándolas y diluyéndolas en su entramado de poder con las estructuras partidistas; al punto de crear este escenario difuso que, a su vez, sirve de herramienta para reproducir el poder que detentan. Al PCC, o al menos a su cúpula, no le interesa ya tanto desarrollar un proyecto comunista de país y debatir acerca de cómo hacerlo, sino conservar el poder y sus privilegios.
[1] Así define el Articulo 5 de nuestra Constitución al Partido Comunista de Cuba.
