Foto: Raquel Pérez Díaz/CartasdedeCuba.com
En Cuba, en 2016, no está refrendado legalmente el derecho ciudadano a la información pública. En realidad, la única normativa legal referente a este campo, es el Decreto Ley 281 del año 1991, dedicado a la clasificación de la información en el país y en el cual se deja a las fuentes el derecho de decidir la clasificación de la información que generen. Lo que es lo mismo, legamente damos al lobo la independencia para decirnos, en acto de buena voluntad, donde escondió los cadáveres de las ovejas devoradas.
En medio de este contexto, existe el debate sobre sobre la pertinencia, o no, de la aprobación de un mecanismo jurídico que norme el ejercicio de la prensa en Cuba como parte de un campo de actuación mucho más amplio: la comunicación y la información.
Cualquier análisis sobre la actualidad o el futuro de la prensa cubana, del inacabado modelo comunicacional del país, debería partir de las peculiaridades del contexto en el que se desarrolla. Así como de la visión instrumental que por décadas ha tenido el poder político cubano sobre los medios de comunicación y, sobre todo, de la usencia de mecanismos internos que garanticen el efectivo acceso ciudadano a la información. Un derecho relegado, esperemos que no ex-profeso, durante demasiado tiempo.
En rasgos generales, podríamos decir que Cuba posee hoy un sistema de medios de comunicación, al menos el legalmente reconocido, marcado por la propiedad estatal o social, y por la sumisión acrítica de las agendas mediáticas a las trazadas desde el poder político del país. Mientras, de manera a-legal, cada día se incrementa el número de publicaciones que, desde plataforma digitales, contribuyen a diversificar el complejo mapa de lo que son hoy los medios cubanos. Por supuesto, estos últimos no son reconocidos por el poder político.
Sin embargo, ambas vertientes ―tanto la oficial y vinculada al poder político cubano, como la no estatal―, tienen algo en común: los profesionales del campo están en una posición de desamparo legal para ejercer sus funciones. Ni siquiera la prensa estatal, a pesar de los múltiples pronunciamientos de la dirección política del país y orientaciones realizadas a las esferas gubernamentales en pos de facilitar la información, ha conseguido erradicar este problema. De hecho, con frecuencia los documentos emitidos son ignorados con total impunidad. Ninguno de ellos posee fuerza legal.
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA RELACIÓN PRENSA-PODER EN CUBA
Partamos de una realidad, lo que conocemos hoy como prensa cubana se ha edificado sobre los cimientos de una relación demasiado estrecha con el órgano de poder político del país. Una relación vertical, marcada por la asimetría de influencia, la regulación externa y una visión en extremo instrumental de las funciones de la prensa.
Ello ha condicionado el actuar de los medios de comunicación, que por mucho tiempo apenas podrían ser considerados como medios de propaganda. A la sombra de este vínculo (prensa-poder político) el periodismo dejó de ser ―aún no es― un mecanismo social de fiscalización. Para ser más exacto, pareciera que la prensa (oficial) cubana olvidara ―o la forzaran a olvidar― que su principal lealtad y razón de ser se halla en la ciudadanía.
La visión partidista del trabajo de la prensa, al menos la declarada, está contenida en el documento emitido por el Buró Político en febrero de 2007. El mismo es un ejemplo de lo que podría ser la delimitación del campo de atribuciones y responsabilidades para los distintos actores dentro del proceso de comunicación.
Sin embargo, a pesar de su existencia y los niveles de autonomía allí plasmados, los medios de comunicación ven afectado su poder real de decisión para definir agendas y prioridades informativas, escenario achacable a la “centralización política que coloca a la prensa en una situación de dependencia directa y cotidiana de las estructuras de poder partidista y gubernamental”, según explica el profesor Julio García Luis en su tesis doctoral.
“(…) esta situación crea, en muchos casos, una asimetría de poder en las relaciones de los medios con el sistema político, las instituciones del Estado y la Administración, y al menos con una parte de la sociedad civil, que se traduce en una regulación externa desequilibrada, en detrimento de la prensa” (García, 2004: 86).
Como resultado, la reproducción de la agenda política del país ―tal cual― en la agenda mediática del sistema de comunicación pública, ha conformado una prensa homogénea y repetitiva, donde las posibilidades de crear micro-agendas (desde los medios y los periodistas) son restringidas.
Por otro lado, es preciso señalar que la regulación más efectiva sobre los medios es la que se ejerce a través de los miembros del PCC que forman parte de los medios de comunicación. En la mayoría de las ocasiones no es necesario que el Partido, o sus mecanismos auxiliares, intervengan directamente en el control de los medios: desde el seno de los mismos, los propios miembros de la organización hacen cumplir las políticas trazadas. Las prácticas pueden variar, pero, de una manera u otra, la posición del Partido como máximo regulador de la prensa cubana es inobjetable.
A la luz de las tales circunstancias, sería conveniente reformular la concepción de que la prensa deba responder directa y únicamente al poder político y al aparato gubernamental. Ante todo, la prensa se debe a su función pública, y por tanto responderá, en primera instancia, ante quienes han delegado en ella su derecho a informarse, entiéndase por tal la ciudadanía.
Teóricamente, en Cuba la ciudadanía y Partido no son conceptos antagónicos, sino complementarios. Ello no debería entrar en contradicción si el Partido constituye la vanguardia de la sociedad y vela por los intereses afines de la comunidad. Si tal condición no se cumple, entonces no solo habría que repensarse el sistema comunicativo en Cuba.
En resumen, entre el sistema de medios (oficiales) y el poder político existe un vínculo unidireccional y verticalista, en el cual las transformaciones en el sistema político tienen reflejo directo en el sistema comunicativo, algo que no sucede en el sentido inverso.
La magnitud de un proyecto social como el cubano precisa un papel activo de la prensa, capaz de fomentar ―desde el diálogo y la creación de consenso―, el desarrollo de sus ciudadanos y el sostenimiento del sistema social. Para ello es indispensable redefinir este vínculo.
¿POR QUÉ HABLAR DE UNA LEY?
La estrecha y disfuncional relación entre la prensa y el poder político cubano no se ha revertido en garantías para los medios de comunicación en el país. Ni siquiera para aquellos que responden a sus intereses. Aunque desde las estructuras partidistas se han trazado directivas con el fin de viabilizar el trabajo de la prensa, lo cierto es que la falta de obligatoriedad de las mismas ha permitido ―y permite―, omitirlas en repetidas ocasiones. El Partido elabora la política, pero en concreto no tiene la potestad legal para hacerla cumplir.
Bajo este signo, todo lo relacionado con el acceso de los medios de comunicación a las fuentes, como paso esencial para cumplir con su principal encargo, queda en los terrenos de la buena voluntad de los actores del proceso y en las orientaciones del Partido. Depende de sus miembros, y ello, al menos en teoría, debería funcionar.
Pero en los últimos años el constante reclamo del acceso a las fuentes no ha desaparecido a pesar del apoyo manifiesto del Partido, por lo cual es posible afirmar que las voluntades expresas no se han constituido en garantes de los derechos elementales de acceso a la información. Su disfuncionalidad radica en que dicho apoyo, no ha tenido en la práctica un correlato que garantice su aplicación. Razón por lo cual han estado sujetas a las coyunturas e interpretaciones que se hagan de ellas.
Ante las circunstancias cambiantes de la sociedad cubana, que apuesta por una creciente institucionalización en todos los sentidos, se hace necesario replantearse las visiones sobre la prensa y su relación con el resto de los sectores del sistema en el cual se desarrolla, por lo cual es pertinente el debate sobre un mecanismo como este, pues ante la reticencia institucional a brindar información, es imprescindible un instrumento legal que regule el campo de la comunicación y la información.
La conveniencia de un estatuto jurídico-legal que norme y ampare el ejercicio de la prensa en Cuba no está determinada, exclusivamente, por la incapacidad del Partido para hacer cumplir sus disposiciones, sino porque, además, la regulación de los medios no debe concentrarse únicamente en el marco de atribuciones del aparato partidista. Éste es un fenómeno (la regulación) que concierne a diversos actores, y entre ellos juega un papel central la ciudadanía.
Tenemos una prensa (oficial) clasista y partidista, que posee un vínculo estrecho con el poder político gobernante. Por tanto, cualquier tipo de cambio en el status de los medios que integran esa parte del sistema estará determinado por la voluntad que tenga el poder político real del país para fomentar esa transformación. Es hoy, en esencia, un cambio que operará a través del ejercicio real del poder.
Desde 1984 ha gravitado en los debates en los congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), como reclamo gremial, la necesidad de un instrumento que ampare el ejercicio de la profesión. En las actuales condiciones pocos dudan de su necesidad inaplazable ante la imposibilidad de garantizar un marco de actuación a los medios de comunicación sustentado en orientaciones partidistas que no son refrendadas en la práctica cotidiana por quienes tienen la potestad de hacerlas cumplir.
Los debates sobre la construcción de tal mecanismo no deberían circunscribirse al periodismo, sino que debería tratarse de un estatuto jurídico encaminado a un sector mucho más amplio: la comunicación. Pero, más allá del debate, existen recelos en cuanto a la formulación final del estatuto; en el contenido del mismo. ¿Quién redactaría la ley? ¿Sobre la base de qué principios se sustentaría la legislación? ¿Qué derechos refrendaría en la práctica?
Para los meses finales de 2015, tres años después de haberse culminado la investigación que sirve de base para este artículo, el documento base para una futura ley sobrepasaba la veintena de revisiones. La comisión creada por el poder político del país para su elaboración no era pública, los principios sobre la cual se estructuraba y el propio documento, tampoco (ni siquiera entre el gremio periodístico). Se violaba impunemente, incluso antes de su nacimiento, uno de los principales objetivos que debería defender el estatuto: la transparencia.
Durante la investigación antes mencionada, entrevistados como Ricardo Ronquillo y Salvador Salazar, explicaron que una ley podría convertirse en un mecanismo de freno en tanto su formulación responda a los intereses de quienes la redacten y desconozca las necesidades de los medios y la sociedad en el nuevo entorno comunicativo.
El derecho ciudadano a la información, y por lo tanto extensivo a la prensa, apareció en todas las conversaciones sostenidas. Este constituía ―constituye―, uno de los problemas más acuciantes para nuestros profesionales y sobre el cual urge un pronunciamiento legal. Existen otros problemas, pero son de índole sistémico y atañen a un cambio estructural y de visión política.
La posibilidad de fijar las atribuciones y responsabilidades, tanto de los medios como de las fuentes públicas, es un punto favorable para pautar las normas de actuación en el nuevo entorno comunicacional cubano, y de esa manera definir de modo preciso las funciones de cada una de las partes.
En cuanto a la correlación entre derechos y responsabilidades que impondría la ley, los profesionales del campo no parecen preocupados por las segundas, al sumir que tenemos una prensa con una marcada vocación ética, lo cual posibilita que una buena parte de las posibles responsabilidades que impondría la normativa legal estén presentes en nuestros medios de comunicación sin la necesidad de asumir tal mecanismo.
Desde la visión de los especialistas en Derecho, Gabriel Rodríguez explica que, si bien los aspectos positivos de normar jurídicamente las funciones y atribuciones de la prensa son mayores que sus posibles desventajas, no debe descartarse el riesgo de convertir el mecanismo en una traba ―alejado de la esencia de la normativa― si el mismo intenta normar de una manera rígida todos y cada uno de los aspectos relacionados con la comunicación. Con lo cual estaríamos en presencia de un cuerpo legal hipertrofiado e incapacitado para cumplir con su función esencial de propiciar un marco de actuación en el cual pueda moverse la prensa con límites establecidos.
En esencia, es posible afirmar que la aplicación de un estatuto jurídico legal que ampare el ejercicio del periodismo como parte del campo de la comunicación, debe partir de superar la visión instrumental y difusionista que, sobre nuestros medios, prima hoy entre los decisores políticos del país.
La norma será un amparo imprescindible en cualquier aspiración de transformar la realidad comunicativa del país, pero su sentido último estará en la forma en que se haga valer la legitimidad de ese documento.
No basta con tener el cuerpo jurídico capaz de trazar la dirección que ha se seguir la comunicación en Cuba. El verdadero reordenamiento de este campo depende, en gran medida, de la sedimentación de prácticas organizadas, cimentadas en el ejercicio de los derechos reconocidos para los medios y los ciudadanos, y especialmente en el cambio de visión que tal mecanismo legal ―y su constante aplicación― consiga operar entre quienes rigen la vida política de la nación.
La visión sobre la implementación de tal mecanismo debe tener como máxima que el empleo del Derecho persigue, como fin, perfeccionar el ejercicio de la prensa, constituyéndose en garante de las atribuciones y responsabilidades de los medios, pero evitando entorpecer el cauce de la creación y la movilidad del sistema comunicativo a través de la excesiva regulación.
Un redimensionamiento de la prensa y la comunicación en general como espacio de construcción de consenso, sobre la base de derechos y responsabilidades, estará en el seno de cualquier legislación legal que aspire a dotar a este campo de la sociedad con herramientas básicas para ejercer sus funciones. Ésta transformación lleva implícita cambios sustanciales en la concepción de ciudadano que requiere un proyecto emancipador como el socialismo.
“(…) se ha asumido a la prensa más como un asunto del Estado y su relación con el proceso, que como un espacio de la ciudadanía en sí. Tal vez la necesidad de una regulación de la prensa radique más en este punto, para que tenga un reconocimiento y comience a vérsele en esta otra dimensión de sus funciones, como una expresión de la necesidad del ciudadano” (G. Rodríguez, entrevista con el autor, mayo 2 de 2013).
La ley y su contenido se constituirán en garantes de un marco general para el desarrollo de la prensa en tanto sean capaces de pronunciarse adecuadamente sobre los aspectos que trate. En palabras del profesor Gabriel Rodríguez, “el espíritu de la ley determinará si se convierte en traba o facilitadora” de un proceso gradual de cambio que implica a todos los actores de la comunicación.
Un punto esencial en el debate sobre la construcción de tal mecanismo legal es la ausencia en el cuerpo legislativo cubano (a lo largo del pasado siglo) de tal instrumento. Cuba ha de partir del convencimiento de que no realiza un descubrimiento con una ley de comunicación, y que construir tal mecanismo tan vital pasa por la absorción de criterios establecidos que podrían agilizar el proceso de su elaboración. Una absorción que debe integrarse al análisis sosegado de las circunstancias cubanas, para lograr un resultado capaz no solo de enmendar las actuales deficiencias, sino de prever futuras fallas o transformaciones de escenarios.
Por ello, en opinión de especialistas, es imprescindible el empleo del derecho comparativo para nutrirnos de las experiencias más cercanas a nuestro modelo de sociedad y de sistema jurídico.
¿Ello significaría, necesariamente, copiar estas leyes? No. Estos modelos deberían utilizarse bajo la óptica precisa de que han de tomarse solo como referentes y con el enfoque de “mirar con un lente selectivo, teniendo en cuenta que es mirar y no copiar”, asegura Rodríguez
Las posibilidades de aprender, de apoyarnos, son amplias y deberían ser aprovechadas, siempre y cuando se sistematice el contenido, apropiándonos de principios y valores, incluso, de alguna que otra práctica concreta; pero con la visión perenne de que las leyes y modelos responden a las sociedades, a los contextos, a la cultura y a la ideología hegemónica, y que el gran error no radica en nutrirse de nuevas ideas, sino en querer mimetizarlas.
El debate ha de tener una visión sistémica y asumirse —en esencia— desde principios estables y perdurables presentes en la experiencia cubana, que permitan estructurar una propuesta sustentable en el tiempo y sostenible por una sociedad como la nuestra. En este sentido, habría que entender la centralidad de principios como la dignidad, rector en el proyecto de sociedad que se construye en Cuba. Dignidad vista como los derechos más concretos a la libertad, a la información, a encontrar espacios de expresión y poder ejercerla, a la equidad.
También son imprescindibles los principios de la transparencia y la democracia, como elementos que se complementan en el desarrollo de una comunicación plena. La primera es punto cardinal en el proceso democratizador de la comunicación y los espacios públicos donde se construye el poder. La transparencia “transversaliza” hoy los campos de la actividad social, y se erige como uno de los principios fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. La democracia, garantizada por el pleno acceso a una información veraz, se vería fortalecida por la transparencia y la condicionaría en tanto que las instituciones estatales rindan cuenta de su gestión ante la ciudadanía.
Como parte de la investigación realizada en 2013, las entrevistas a una veintena de periodistas, directivos, especialistas del Derecho y la revisión de documentos legales afines al sistema jurídico cubano, permitieron sistematizar algunos de los principales puntos que deberían ser tomados en cuenta —desde el periodismo—, para la elaboración del mecanismo legal. Ellos resultaron ser:
- Acceso ciudadano a la información.
- Agilidad en el proceso de obtención de la información.
- Papel de las fuentes de información alternativas.
- Respaldo legal del profesional de la comunicación ante las fuentes de información.
- Transparencia informativa.
- Flexibilidad del mecanismo legal.
- Ajustes estructurales para asegurar la implementación de un mecanismo legal que norme el campo de la comunicación en Cuba.
- Creación desde los organismos de la administración central del Estado de estrategias de comunicación.
- Delimitación de las atribuciones y responsabilidades de la prensa en la construcción de una sociedad cuya máxima sea alcanzar la dignidad plena del hombre.
- Vocación/Posición de servicio público de nuestra prensa.
- Prensa entendida como ejercicio del control popular.
- Definición de los medios oficiales y su diferenciación con los medios públicos.
- Separación de los medios de las prácticas del Estado.
- Autonomía de la prensa en el ejercicio de sus funciones.
- Cambio de la visión instrumental que, desde el poder político, existe de nuestros medios.
- Búsqueda y creación de un modelo autóctono de comunicación.
- Derecho y respeto a la libertad de expresión, en tanto responda a la construcción de una sociedad justa.
- Establecimiento de límites legales al desempeño de la prensa y los medios.
- Oportunidad de réplica o defensa en los medios.
- Respeto por las prácticas profesionales.
- Amplia consulta con los especialistas.
- Participación de todos los actores del proceso comunicativo.
- Aumento de la profesionalización del gremio.
- Delimitar los espacios de la propaganda y la publicidad.
- Papel que desempeñan hoy las tecnologías de acceso a la información en el campo de la comunicación.
LA LEY NO HACE LA PRENSA, PERO PODRÍA AYUDAR
En realidad, la sola existencia de un mecanismo legal no presupone la solución de los grandes problemas que enfrenta hoy la prensa cubana. Sin embargo, contar con tal respaldo jurídico puede y debe ser el primer paso deseable para transformar el periodismo nacional en el organismo vivo que todos soñamos, capaz de acompañar al país en épocas en las que nos reinventamos las formas de entender el socialismo.
Una posible ley de comunicación podría eliminar algunas barreras para viabilizar el trabajo de los periodistas, esencialmente allanando el camino en el hoy engorroso acceso a las fuentes de información. Faltaría por ver qué harán nuestros medios de comunicación con esa materia prima en las manos.
Las deficiencias en el abordaje de la realidad no siempre están condicionadas por la falta de un respaldo legal a la labor del periodista. En nuestros medios persisten errores relacionados directamente con la profesionalidad, el talento y las competencias de quienes ejercen el periodismo. Estos aspectos en nada se deben a los mecanismos externos, y sí en gran medida son responsabilidad del gremio.
La normativa legal seguramente contribuirá a sentar las bases de una cultura de la información en la sociedad y, paulatinamente, su efectiva implementación −basada en las estructuras competentes− constituirá un factor esencial en el cambio de mentalidad en lo referente al acceso de los medios a las fuentes, y la forma en que estas últimas entienden su posición con respecto al periodismo y la ciudadanía.
Una vez solucionado el tema del acceso, queda otro mucho más complejo y definitorio para los profesionales del periodismo: las agendas. En tanto las agendas de comunicación del país no se conviertan en mecanismos flexibles, construidos sobre la base de la cohesión y el consenso, las transformaciones imprescindibles en la prensa cubana no pasarán de la epidermis del conflicto.
Cualquier intento de redefinir las funciones del periodismo en nuestra sociedad pasa por el reconocimiento de la necesaria autonomía de los medios de comunicación y sus directivos. No se resuelve nada con aprobar una ley si los temas, enfoques, visiones, tonos del discurso e intencionalidades en el abordaje de la realidad son trazados desde fuera de las prácticas profesionales de los medios de comunicación.
Lo mismo sucedería si no es superada la visión instrumental que, desde el poder político, se tiene de la prensa cubana. Sin este cambio de nada servirá una legislación que promueva el derecho ciudadano a la información, la cual solo pondría en crisis la desgastada y maltrecha imagen de nuestros medios ante la población.
La potencialidad para reformular el ejercicio del periodismo en Cuba no radica solo en la voluntad de hacer una ley que ampare a los profesionales. Pasa, eso sí, por la verdadera convicción y disposición que tenga la dirección política del país para entablar un diálogo donde prime una relación horizontal de respeto y construcción de consenso. Además, debe comprenderse el complejo sistema de circulación de información que vive Cuba, y que ha decretado la defunción del modelo de prensa sustentado por décadas sobre el control monopólico de la información a través de los canales tradicionales.
En el contexto cubano todo apunta al cambio, o a la necesidad del cambio. Reinventarnos el periodismo es hoy, más que un sueño, una urgencia impostergable para un país que ha apostado todo por una sociedad cuya meta sea el hombre. Transformar la realidad es la única solución viable ante las actuales circunstancias.
Hoy predomina en la prensa cubana oficial un componente significativo de regulación externa, orientada y ejercida por factores ajenos a las rutinas productivas de los medios y que, luego de tres décadas de funcionamiento, ha demostrado ser insuficiente para ambas partes.
Lo más significativo de esta regulación es su carácter subjetivo, apegado a concepciones paternalistas y administrativas de la información, sesgada por una visión instrumental de los medios de comunicación; incapaz −hasta el momento− de adecuarse a una realidad de la cual se ha distanciado.
Esta relación vertical ha decretado la subordinación extrema de la prensa a los intereses y las agendas trazadas desde el poder político; a la vez que estableció un vínculo que no ha sido capaz de constituirse en garante de las funciones de los medios.
A pesar de los pronunciamientos de la máxima dirección del país, sus llamados no han sido efectivos en el desarrollo concreto de los medios de comunicación cubanos, sobre todo en el ejercicio del periodismo. Por ende, resulta indispensable replantearse los mecanismos de regulación, el nivel de influencia de las estructuras partidistas en los mismos, y la inclusión de otros sectores de la sociedad civil −jurídico, organizaciones de masas, ciudadanía− que podrían incidir positivamente en la regulación de la prensa cubana y favorecer un mejor funcionamiento de la misma.
El modelo centralizado de regulación desde el poder político no cumple hoy con las expectativas −las declaradas, al menos− de sus ejecutores, y mucho menos con las exigencias de los profesionales de los medios cubanos, quienes se enfrentan diariamente a su trabajo sin una legislación que los ampare. Entonces resulta imprescindible reestructurar los vínculos y marcos de actuación del sistema político y los medios, basando tal reconstrucción sobre los cimientos del diálogo y el consenso.
Cualquier debate sobre las transformaciones que requiere hoy la prensa nacional está marcado por un imprescindible desplazamiento en el enfoque sistémico sobre los medios de comunicación y el rol de estos en la sociedad. En tanto se mantenga la visión instrumental, y las posiciones verticales y “dirigistas” desde el poder político, poco o nulo será el avance en este campo, urgido de transformaciones ante los actuales cambios en el entramado social cubano, pero también ante reclamos básicos de una mayor democratización de la comunicación.
Asistimos a un tiempo de metamorfosis social imposible de ignorar. Han cambiado los públicos, han cambiado los profesionales y ha cambiado la sociedad. Mantener la actual posición con respecto a los medios de comunicación es un error que solo puede conducir al fracaso.
Esencialmente, se precisa variar el peso que tiene hoy la agenda institucional impuesta a los medios, y que deja poco espacio para la toma de decisiones autónomas con respecto a los contenidos, enfoques y temas. Igualmente se precisa de una diferenciación entre la condición estatal o pública de los medios, y la comprensión de que sus posibilidades, agendas y públicos no son, potencialmente, los mismos.
La pertinencia de contar con un mecanismo legal que consiga erigirse en garantía de los derechos de la prensa es evidente. Sin embargo, centrar el análisis en las determinantes coyunturales no pasará de ser un remiendo. Para conseguir un cuerpo jurídico perdurable se requiere de una visión sistémica, encaminada a establecer dicha normativa sobre la base de principios generales asumidos por la sociedad.
Este campo de estudio −regulación jurídica de la comunicación y el periodismo− en nuestro país es terreno prácticamente virgen, y constituye una excelente fuente para iniciar un trayecto que es no solo deseable, sino preciso.
Algo debemos entender: el mecanismo, per sé, no solucionará las deficiencias que tiene hoy el periodismo cubano, pero iniciará el camino hacia una transformación cultural, dentro y fuera del campo profesional de la comunicación, que representa un impostergable primer paso hacia la reorganización del área.
Ante tal reto es primordial avizorar los cambios estructurales que se requieren para la correcta implementación de la ley, así como garantizar la educación de los profesionales y la ciudadanía en lo relativo a un mecanismo que les atañe en el mismo grado.
Cualquier tentativa por establecer políticas públicas de comunicación ha de ser ampliamente consultada, pues la base de la gobernabilidad es el diálogo abierto, en el cual se escuchen todos los criterios y no sólo aquellos que quieren ser oídos. El análisis del papel que desempeñan hoy los espacios alternativos de información y la amplísima e incontrolable capilaridad de los canales de comunicación, ha de tenerse presente en el debate sobre los conceptos de acceso y uso de la información.
Así mismo, más que la actual relación de subordinación/sumisión, debería establecerse una basada en la diversidad y el respeto, en la separación de funciones y la no injerencia del poder político en el ámbito estrictamente periodístico. Las bases para esta nueva relación deberían erigirse sobre la legalidad y nunca sobre el voluntarismo político.
Sin embargo, la contaminación de espacios con la triada Prensa-Partido-Estado conspira contra ello. La presencia del Partido en los dos ámbitos, como parte de la prensa y del Estado, determina un conflicto de intereses que tiende a menoscabar el cumplimiento del encargo social de los medios como fiscalizadores públicos del ejercicio gubernamental.
Por ende, la gestión de contenidos en los medios no puede, como regla, estar en manos del aparato partidista, el cual debería limitarse a sus funciones de orientador político e ideológico, y trazar líneas macro, en tanto la prensa recibe el grado de autonomía que requiere y lo ejerce con su cuota de responsabilidad ciudadana y jurídica.
No existe una fórmula para conseguir tal balance. Toca, por tanto, crear un sistema de prensa inexistente, sobre la base de los errores propios y ajenos, desde el convencimiento de que está en juego la credibilidad de los medios y la legitimidad del orden socio-político cubano. El control monopólico de la información ha llegado a su fin en nuestro país, y este particular debe ser comprendido en toda su dimensión.
En Cuba, en 2016, un cambio de visión sobre el ejercicio del periodismo solo es posible desde el ejercicio del poder. Sin que el poder político real del país reconozca una nueva relación con los medios, todo intento de reajustar el vínculo fracasará. Todo depende de que éste se encuentre dispuesto a variar una relación que resulta inoperante y disfuncional. En esencia: la transformación de la prensa tiene un componente extremo de voluntad política.
