Foto: Juan Carlos Ulate / REUTERS
El proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha redimensionado el debate en torno a ciertos temas. Algunos veredictos y diálogos resultan centrados, atinados, positivos, edificantes. Otros son lamentables pues, en sus extremos, consideran anormal la relación bilateral mientras el sistema estadounidense no se “regocije” con la existencia en Cuba de una hipotética versión de Estado comunista, además, “bien confesional”; y por el otro lado, no se complacen hasta que el modelo cultural, estatal y social cubano sea un calco del norteamericano. No obstante, en el medio existe un conjunto amplio de posiciones y perspectivas que, si bien no tienen que ser del todo “entusiasmantes”, pretenden racionalidad y buscan soluciones. En tanto, constituye un imperativo deliberar acerca de muchas de estas cuestiones. Entre esos aspectos se encuentra el impacto de la llamada “Ley de Ajuste”, que privilegia a la emigración cubana en Estados Unidos.
La misma fue una creación de la “Guerra Fría”, del enfrentamiento hostil entre los dos Estados. En aquel entonces, los poderes del norte argumentaban que los cubanos estaban sometidos a una situación vejatoria, y por ello era necesario y legítimo permitirle, a toda costa, la posibilidad “de una vida normal”. Con este argumento se fue tejiendo una trama legal que otorgó a los cubanos el privilegio de emigrar hacia Estados Unidos, o permanecer en el país aún vencido el tiempo disponible en el visado, y adquirir la residencia después de domiciliarse durante un periodo determinado, así como recibir —en todos los casos— una serie de ventajas que sólo se ofrecen a quienes sean cubanos y se presenten como víctimas de un “régimen cruel”.
Por otro lado, en Cuba, oficialmente consideraron a quienes lo hicieron como deshonestos, desleales y apóstatas. Esto, a su vez, reforzaba en muchos el argumento de que los emigrados cubanos eran sentenciados como apátridas; y, entonces, constituía un imperativo moral y político, ofrecerles la oportunidad de una nueva patria, como acto de vindicación.
Sin embargo, transcurrió el tiempo y, para muchos, la vida demostró que, en demasiados casos, como sustenta el siguiente adagio: “ni lo malos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos”. Por ende, muchas dinámicas sociales, sobre todo familiares y culturales, fueron tomando un cauce cada vez más análogo al normal. Esto, por supuesto, deslegitima la “ley de ajuste”, pues el “régimen” padece de debilidades y defectos, y “hasta puede ser malo”, pero no es “tan malo”, “tan cruel”.
Por otro lado, muchísimos cubanos se establecen en Estados Unidos y para hacerlo pueden llegar a invocar la existencia, en Cuba, de un “Estado vejatorio”; pero viajan con suma frecuencia a la Isla, poseen las mayores relaciones con la sociedad cubana, incluso con instituciones del país y, desde hace pocos años, hasta invierten en la emergente economía nacional. Y para más, en medio de esta “buena nueva”, ambos gobiernos deciden comenzar un radical y rápido (me atrevo a calificarlo así), proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Todo lo anterior descontextualiza la denominada “ley de ajuste” pues ha existido, y de seguro se incrementará, un camino de normalización de los vínculos bilaterales y de la vida interna en la Isla. En el decurso de este sendero, como resulta normal, muchos hacen propuestas y también reclamos; algunos le agregan la intención, por demás legítima, de imprimirle celeridad al desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, como ya apunté, en algunos casos las sugerencias y peticiones son positivas y pertinentes; en otros casos constituyen pretensiones injuriosas; y en no pocos casos resultan esfuerzos que reclaman un análisis compartido y un empeño mancomunado para convertirlos en oportunidades exitosas. En medio de esta natural gama de proyecciones se encuentra el tema que cito.
Sectores de la oficialidad cubana apelan a que el final de la “ley de ajuste” sea una de las primerísimas decisiones de la contraparte estadounidense, porque ello resulta un privilegio, que sobre todo pretende señalar una especie de “Estado cubano fallido”. Por su parte, en Estados Unidos, sectores influyentes, cuando no poderosos, igualmente apelan a la inmediata derogación de esta franquicia, pues les molesta que los exiliados, devenidos en emigrantes comunes, se relacionen con mucha normalidad con su país de origen. Otros, sin fundamentos tan particularistas, también estiman la necesidad de colocar la emigración cubana en el sitio adecuado: tal como al resto de los emigrantes; y tienen razón. Sin embargo, sería impúdico, que cualquiera se desentienda con facilidad de la historia que también contribuyó a edificar.
Es cierto que la emigración cubana no tiene por qué disfrutar de privilegios en Estados Unidos y debe ser asumida de manera normal. Pero, ¿a qué le llamamos normal? ¿Acaso a esa política migratoria que tanto critican muchos, desde México, desde América Central, desde toda América Latina? Realmente, Estados Unidos tiene el derecho de decidir, con soberanía, la política migratoria de su país; pero dada su hegemonía y cuota de responsabilidad en el acontecer hemisférico, también todos tienen el derecho de reclamarle una concepción y una práctica distinta en cuanto al tema.
Los cubanos que emigran son presos de las circunstancias creadas por la “Guerra Fría”, por el enfrentamiento hostil entre los dos Estados. Comencemos por cambiar las circunstancias y consolidar condiciones que desestimulen la emigración, que ha de ser un derecho. No pretendamos prohibirla o hacerla imposible, que es algo mucho peor.
Con esto, no deseo pedir que se deje de trabajar para que puedan desaparecer los privilegios cuestionados; todo lo contrario. Solicito que se ponga ahínco en la normalización global de la llamada “cuestión cubana” y, en la medida en que se avance, se estrechen dichas prerrogativas migratorias; o sea, que se haga de manera progresiva, gradual y proporcional a la normalización interna alcanzada. Lo contrario sería una de esas “terapias de choque” que tanto cuestionamos. Resalto que este criterio no contradice la necesidad, por la cual también abogo, de controlar de forma urgente y eficaz el empleo de vías peligrosas para llegar a Estados Unidos, como son el mar y la selva, que tanto dolor ha causado y aún causa en demasía.
En tal sentido, después de medio siglo, asumir la solución a esta problemática sin sensibilidad política y humana, sería un desprecio atroz por muchos cubanos, cuando no una oportunidad para cierta venganza, por parte de cuantas facciones puedan estar inconformes con las actitudes de nuestros emigrantes. Esto, de hecho, podría mostrar a la política como una invención para saciar la sed de los poderosos y privilegiados, y no como un instrumento al servicio de las personas.
En la última etapa se ha presentado, en Estados Unidos, una opción que desea parecer intermedia y moderada, pero si la estudiamos podremos advertir que resulta más grotesca e injusta que cualquiera de las “soluciones” radicales posibles. Dicha propuesta reconoce a los cubanos el privilegio de ser recibidos como exiliados políticos, pues así se reafirma la “ilegitimidad” del Estado cubano; pero les prohibiría regresar a la Isla por un período largo de tiempo (se dice que cinco años), pasándole factura por sus vínculos con Cuba; y además desea suprimir todos los otros privilegios, en nombre de la igualdad con los emigrantes de otros países —disfrazando mal el espíritu de venganza, por la misma razón antes señalada—. Por favor, no aceptemos que se juegue más con los pueblos.
