Profundizar las reformas en Cuba: hacia dónde y cómo

“¿Cómo se puede construir el nuevo modelo socio-económico que está contenido en los “Lineamientos” y que se ha intentado conceptualizar en los textos del VII Congreso del PCC? ¿Cuál es el balance que debe haber entre el sector estatal y el sector privado? ¿Qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para adaptar el sistema institucional a un modelo socio-económico “actualizado” y a la transición generacional del liderazgo? ¿Debemos limitarnos a una reforma de la Constitución o debemos crear una nueva Constitución? ¿Qué cambios deben introducirse en el sistema electoral y en el funcionamiento de la Asamblea Nacional? ¿La normalización de relaciones con Estados Unidos es posible, deseable y conviene a nuestros intereses? ¿Se puede ser antiimperialista y apoyar la normalización?”.

Son estas algunas de las interrogantes a las que el profesor, investigador y ex-diplomático cubano Carlos Alzugaray intenta responder en esta entrevista con Cuba Posible. Aunque nuestra intención era indagar sobre el panorama de los espacios públicos de deliberación y el estado del debate en el país, el profesor Alzugaray nos ha regalado un magnífico y profundo análisis (multidimensional) de la actual coyuntura cubana. Esta entrevista constituye, sin lugar a dudas, una muestra de compromiso de su autor a favor de los procesos de reforma que vive el país y, a su vez, un documento político con una poderosa visión estratégica.

¿En qué medida la política cubana actual identifica la necesidad del debate sistemático y público de nuestros problemas? ¿Escucha propuestas para solucionarlos?

No hay duda de que en Cuba los espacios públicos de diálogo, debate y deliberación se han incrementado en los últimos 10 años, para beneficio de la verdadera democracia que todos los ciudadanos estamos obligados a ejercitar, fortalecer y defender. Ello se debe a un mayor activismo procedente de sectores en la sociedad civil y a una perceptible mayor anuencia de las autoridades partidistas y gubernamentales que se ocupan de estos temas.

Hay, incluso, esfuerzos oficiales por promover, entre las más amplias capas de la ciudadanía, la deliberación sobre los principales problemas del país. Se viene recuperando así una práctica que estuvo muy presente en los primeros años después del triunfo de la Revolución y que se perdió cuando se abrazó, de manera dogmática, el modelo de “trabajo político ideológico” del “socialismo realmente existente” en la Unión Soviética y Europa Oriental. A lo largo de esos años, se enfatizó en la “unanimidad” como una expresión de unidad, que realmente no lo es, y hasta se enalteció la idea de la “incondicionalidad” como una virtud cívica, cuando tampoco lo es. Estas prácticas forman parte de la “vieja mentalidad” que estamos obligados a desterrar.

Importantes rezagos de estos vicios del pasado todavía nos aquejan. Por ello, estamos aún lejos de alcanzar los niveles que serían deseables y que se corresponderían tanto con el grado de desarrollo social y cultural de la ciudadanía, como con las necesidades del momento, que se hacen cada vez más claras debido a la encrucijada de cambios que enfrenta la Nación.

Vale recordar que, en la actual coyuntura política cubana, se producen simultáneamente tres procesos transformativos claves: (1) la creación, por primera vez, de un modelo económico-social que fomente la prosperidad y la sustentabilidad al tiempo que mantenga la equidad que ha sido uno de los logros distintivos de la Revolución; (2) la transferencia generacional del poder debido a la ineluctable eclipse de la generación histórica que condujo al país desde 1959, con importantes éxitos pero también con insuficiencias y errores; y (3) el desafiante proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos, sobre el cual se perciben visiones contradictorias, algunas todavía inmovilizadas en un pasado que se viene superando. Todos estos procesos requieren de una participación activa de la ciudadanía en las necesarias deliberaciones sobre cuál es el país que queremos y cómo alcanzarlo.

Entre los obstáculos más importantes que aún prevalecen y se deben superar, identifico tres. El primero tiene que ver con una característica de nuestra vida política que no surgió con la Revolución, que data de períodos anteriores, y es lo que yo calificaría, quizás de manera muy dura, como la falta de una cultura cívica de diálogo y deliberación y de tolerancia hacia opiniones disidentes y discrepantes. Una democracia que se respete no puede prescindir de esta cultura cívica respetuosa y abierta.

El tipo de cultura intolerante con otras opiniones que se ha aupado históricamente se asocia con la idea de que no hay otra forma de debatir que la de oponerse frontalmente a nuestros adversarios. En Cuba, la moderación y la capacidad para la avenencia, han sido interpretados, por lo general, como signos de debilidad y hasta de una actitud antinacional. Ello tiene que ver con nuestra reconocida tendencia hiperbólica.

Tendemos a elevar a la categoría de virtud absoluta algunas actitudes heroicas en el combate contra nuestros enemigos o adversarios. La Protesta de Baraguá, por ejemplo, es un modelo de comportamiento justamente alabado, pero olvidamos que correspondió a una situación específica, como también olvidamos que las circunstancias posteriores obligaron al propio Antonio Maceo a tomarse una tregua que duró varios años. Sin embargo, por ejemplo, no tendemos a colocar en el mismo pedestal los esfuerzos unitarios de Martí previos a la guerra del 95, que requirieron tolerancia y aceptación de opiniones divergentes. La moderación y el respeto por la opinión ajena en el debate público, o en cualquier otro debate, no es algo que nos venga dado. Propendemos a hablar de “combate”, “batalla” o “enfrentamiento” y no de diálogo, conversación o deliberación. Es algo contra lo que tenemos que bregar.

Es común descalificar a las personas con las cuales discrepamos. Se apela muy a menudo al método de “culpa por asociación”. Se es propenso a considerar que detrás de cualquier posicionamiento que no compartimos hay una oscura y perniciosa conspiración “del enemigo”. También se apela a la táctica de “difama que algo queda”. Se hacen acusaciones sin fundamentos o se crean “hombres de paja” para así facilitar su descalificación. Es raro que aceptemos darles a nuestros adversarios políticos el beneficio de la duda. Caemos comúnmente en la dialéctica “amigo vs enemigo” o de “virtud vs traición”.

Esto se vio, por ejemplo, en el debate alrededor de la participación de los ciudadanos que fueron a Panamá el año pasado en representación la llamada “sociedad civil revolucionaria”. Esa “delegación” dio la imagen, consciente o inconscientemente, de que lo que nos caracteriza es la obcecación y la intolerancia, so pretexto de la llamada “intransigencia revolucionaria” o, como alguien lo llamó, “nipinguismo”. Esta actitud conduce el necesario debate por los caminos de la polarización política, que, como hemos visto en otros casos como los de Estados Unidos, Brasil o Venezuela, lleva a las sociedades a callejones sin salida.

Tengo la sensación de que se avanza hacia esa cultura de tolerancia y aceptación de la diversidad pero, de vez en cuando, asoman manifestaciones negativas y contraproducentes, incluso desde autoridades políticas, hacia proyectos que tienen como propósito fundamental que afloren las distintas opiniones que prevalecen entre nuestra ciudadanía. La revista Temas, el proyecto Cuba Posible, y los sitios web de OnCuba y La Joven Cuba, por ejemplo, prestan un indiscutible servicio a la Nación al dar la oportunidad de que se conozca la diversidad y riqueza de pensamiento que existe hoy en Cuba. Sin embargo, a veces se oyen críticas veladas (y no tan veladas), en las cuales se les acusa injustamente de todo tipo de “debilidades político-ideológicas”, o, incluso, de ser portadores de un proyecto contrario a los intereses de la Nación.

Un segundo problema es que falta una clara definición del gobierno y del Partido en cuánto al fomento de los espacios públicos de diálogo, deliberación y debate. Hay que comenzar por reconocer que existe un principio fundamental de la política que es la “libertad de expresión y opinión”. Ella debe ser no sólo respetada, sino promovida y protegida por todos pero, sobre todo, por la clase política. Por otra parte, espacios públicos financiados con el presupuesto estatal, que genera la propia ciudadanía con su trabajo, deben estar abiertos a todas las opiniones.

Esta falta de una política específica es paradójica, porque el propio presidente Raúl Castro y otros dirigentes partidistas y gubernamentales han demandado más democracia y han proclamado que las mejores soluciones emergen del más amplio y profundo debate de las más variadas opiniones. Adicionalmente, han afirmado que no debe haber secretos para la ciudadanía. Los espacios públicos de diálogo, deliberación y debate deberían ser coherentes con estas ideas y admitir, y hasta promover, opiniones que critiquen a la “opinión oficial”, a lo “políticamente correcto” o a sus sucedáneas; y que enfrenten a la clase política y a la burocracia con sus errores y deficiencias.

Que no estamos acostumbrados a esta práctica y que no es común a nivel de los liderazgos políticos, lo muestra el escaso debate que se produce en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Quizás el ejemplo más penoso en este sentido, hace unos años, fue la aprobación unánime, sin ninguna deliberación, de la Ley de Seguridad Social; texto alrededor del cual el propio gobierno había promovido una deliberación nacional en la cual surgieron numerosas opiniones y criterios que no se vieron reflejados en el máximo órgano legislativo.

Finalmente, y en tercer lugar, todo debate político debe estar sustentado no sólo en el contraste y competencia de ideas, sino también en datos de la realidad social y política que sean verificables y transparentes. En cualquier sistema político esto se materializa en la realización de encuestas regulares de opinión pública y en su conocimiento general. En Cuba se hacen pocas encuestas e, incluso, existe la costumbre de mantener en secreto las que se hacen hasta por los centros e instituciones que son públicos, pero que se comportan como propiedad privada. Recuerdo haberle preguntado a una funcionaria del Instituto de Investigaciones de la Opinión del Pueblo (no estoy siquiera seguro de que esa sea su designación oficial), por qué no se hacían públicas sus encuestas y la respuesta fue que ellos sólo se la entregaban a sus clientes, que era el Comité Central del PCC.

Resumiendo, en política es necesaria la transparencia y ello implica conocer todas las opiniones y criterios, por controversiales que parezcan. Las sociedades tienen que conocerse a sí mismas y para ello es imprescindible fomentar el debate, respetando las opiniones diversas. Tenemos que darnos cuenta de que cualquier idea expresada por un cubano es válida y hay que escucharla y respetarla. Por otra parte, tenemos que acostumbrarnos a enfrentar los errores cometidos con valentía y honestidad. Por añadidura, es siempre útil examinar un tema desde distintos ángulos y perspectivas. La discrepancia y la disidencia son positivas y forman parte de cualquier diálogo, debate o deliberación cívicos.

¿Cuáles son los temas que más se debaten? ¿Cómo evalúa la calidad de esos debates, su diversidad o representatividad?

Si se hicieran encuestas de opinión regularmente y se hicieran públicas las que ya se hacen, sería relativamente fácil contestar esta pregunta y debatir las distintas interpretaciones. Una persona, por sí sola, no puede hacerlo. Así que intentaré dar mis criterios, si bien los mismos están sujetos a otras miradas y perspectivas.

A juzgar por lo que se publica en distintos medios, se podría afirmar, con poco margen de error, que los debates actuales al interior de nuestra sociedad giran alrededor de tres ejes fundamentales y que se relacionan con las grandes transformaciones que viene experimentando el país. Las formularé a manera de preguntas:

1. ¿Cuáles son las vías y los métodos a través de los cuales podemos construir ese nuevo modelo socio-económico que está contenido en los “Lineamientos” y que se ha intentado conceptualizar y definir en los textos que el VII Congreso del PCC acordó someter a un amplio debate nacional? ¿Cuál es el balance que debe haber entre el sector estatal y el sector privado, entre el Estado y el mercado? ¿Cómo se realiza la unificación monetaria y de tasas de cambio sin que el costo social sea un peso excesivo para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Cómo logramos que el sector estatal sea eficiente y que el privado sea justo? ¿Cómo enfrentamos el problema de las crecientes desigualdades, sobre todo el origen espurio de algunas fortunas que ya comienza a aparecer?

2. ¿Qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para adaptar el sistema institucional a estas nuevas circunstancias: un modelo socio-económico “actualizado” y transición generacional del liderazgo? ¿Debemos limitarnos a una reforma de la Constitución o debemos crear una nueva Constitución? ¿Cómo se resuelve el tema de la creciente desigualdad que todos percibimos? ¿Qué cambios deben introducirse en el sistema electoral y en el funcionamiento de la Asamblea Nacional, ahora que se instalará en el Capitolio, para que sea más eficiente, representativa y deliberativa?

3. ¿La normalización de relaciones con Estados Unidos es posible, deseable y conviene a nuestros intereses? Otros aspectos de este problema: ¿se puede ser antiimperialista y apoyar la normalización? ¿Ha cambiado realmente la política de Estados Unidos hacia Cuba? Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado? ¿Cómo podemos aprovechar la normalización en beneficio de las transformaciones socio-económicas en curso? ¿Cómo enfrentar los desafíos políticos que ello representa? ¿Hay de verdad una “guerra cultural”?

Detrás de todos estos temas se encuentra un mismo telón de fondo: el cambio de mentalidad. O, para ponerlo también en forma de pregunta: ¿Qué hay que hacer para materializar “los cambios estructurales y de conceptos” que demandó el presidente Raúl Castro en el 2007? Que este sigue siendo un problema clave lo reiteró el propio mandatario en su Informe Central al VII Congreso del PCC cuando dijo: “El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta, que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro. No han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario, cuando existían la Unión Soviética y el campo socialista. En el otro extremo han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas.”

Esta vieja mentalidad que tenemos que superar, influye en muchos de los debates actuales alrededor de los tres ejes mencionados más arriba. Hay que reconocer que es sumamente importante y útil la iniciativa de promover un diálogo nacional sobre los dos documentos clave aprobados inicialmente en el VII Congreso del PCC: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; y Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. Esta es una proposición democrática en lo esencial y se corresponde con los fundamentos de lo que la teoría política al uso clasifica, siguiendo a Jürgen Habermas, como un modelo deliberativo de sistema político. A mi criterio, la transformación política de la sociedad cubana pasa por dos procesos vinculados entre sí: el rediseño de la institucionalidad para que sea más democrática y legítima, y por fomentar un clima político en el país en que se privilegie la deliberación por sobre los debates encrespados y descalificatorios.

En cuanto al modelo socio-económico que estamos creando, en vez de aferrarnos a la vieja y estéril dicotomía entre socialismo y capitalismo, la deliberación debe centrarse en las políticas que promuevan un adecuado balance entre las tres aspiraciones comunes para una mayoría de los cubanos: prosperidad, sustentabilidad y equidad. El socialismo y el capitalismo no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar otros objetivos. En la literatura política de los 60 se hablaba de “vía socialista” y “vía capitalista” de desarrollo. En realidad lo que buscamos, que es una sociedad justa, tiene que ver, ante todo, con la adopción de un modelo que garantice la liberación de las fuerzas productivas de la sociedad cubana con el fin de crear un sistema económico que sea eficiente. Sólo con eficiencia podremos evitar la pérdida de nuestra independencia y que se erosionen las conquistas sociales de la Revolución.

Hoy por hoy, percibo que lo que interesa a la mayoría de los cubanos es vivir con prosperidad, pero una prosperidad que sea distribuida equitativamente y no ponga en peligro la sostenibilidad de los logros alcanzados por nuestra sociedad.

Cuba tiene una experiencia acumulada ya en materia de conducción económica. Esa experiencia incluye más fracasos que éxitos. De la etapa capitalista sabemos que el modelo que primó antes de 1959, esencialmente capitalista dependiente, no produjo la Nación a la que aspirábamos, sobre todo por su inequidad, subdesarrollo, corrupción y sometimiento a Estados Unidos.

De la etapa socialista sabemos que este modelo produjo niveles de equidad nunca vistos en Cuba y nos permitió tener unas relaciones internacionales diversas en la que la Nación no sólo ha ejercido su verdadera soberanía y autodeterminación, sino que ha logrado insertarse en el sistema global como un actor significativo, creador de normas de cooperación y promotor de soluciones de conflictos.

Sin embargo, en materia de producción y servicios por la vía socialista, los éxitos no han sido lo característico, si exceptuamos lo relacionado con la educación y la salud. Incluso en temas sociales de vital importancia, como la vivienda y el transporte, los métodos socialistas no han tenido todo el resultado deseable. A mi criterio, esto ha sido así porque en reiterados momentos de nuestra historia económica desde 1959, primó la improvisación y el voluntarismo, olvidándose que las relaciones monetario-mercantiles no se pueden abolir y siguen existiendo aún en un modelo esencialmente socialista de desarrollo.

Se ha tenido que pagar caro la inexperiencia y la necesidad de actuar ante crisis provocadas desde el exterior (el bloqueo norteamericano y el fin de la URSS). Sin embargo, en las etapas en que disfrutamos de mayor bienestar económico, básicamente desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80, ello se debió a que tuvimos un modelo de dirección que asimiló algunas leyes monetario-mercantiles fundamentales, además de que recibimos un gigantesco subsidio de la Unión Soviética y a que nos beneficiamos de altos precios de nuestro principal producto de exportación: el azúcar.

El debate entre el Estado y el mercado no es privativo de Cuba. Es el desafío que enfrenta cualquier sociedad. ¿Cuánto mercado debe consentirse para fomentar el desarrollo de las fuerzas productivas; cuánto Estado debe haber para promover la equidad? Y ese debate, como afirmé más arriba, trasciende la dicotomía de socialismo versus capitalismo. Tengo la sensación de que a veces nos perdemos cuando nos escudamos detrás de esos dos términos que esconden más de lo que enseñan. Preguntémosle a 10 cubanos qué es el socialismo y cuáles son las características definitorias y nos encontraremos seguramente con 10 respuestas distintas.

En Cuba, la vía socialista está asociada con dos beneficios importantes: una nación independiente con una política exterior activa que nos ha hecho ser respetados en todo el mundo; y una sociedad más justa en la cual el acceso universal a la educación y la salud son principios inalterables. Pero, reconozcámoslo, en muchas partes del mundo, particularmente en el primer Estado que se proclamó socialista, la Unión Soviética, la estatalización de la producción y los servicios resultaron en un rotundo fracaso. Sólo han sido exitosas aquellas sociedades socialistas que incorporaron a su quehacer económico ciertas dosis de sectores no estatales y de relaciones monetario-mercantiles, como China y Vietnam

Hoy por hoy, casi todas las naciones exitosas en su desarrollo con equidad social combinan instrumentos típicamente socialistas con otros característicamente capitalistas. ¿Cuánto de socialismo hay en países como Noruega, Nueva Zelandia o Singapur? ¿Cuánto de capitalismo hay en China y Vietnam?

Para decirlo como me lo dijo un colega hace años: “el Estado no está capacitado para la producción de croquetas”. Para muchas ramas de la economía hay excelentes emprendedores, que saben combinar su eficiente capacidad de gestión de negocios con una responsabilidad social que ponen a disposición de la comunidad. Hoy en Cuba muchos economistas insisten en que la empresa estatal socialista aporta el 80 por ciento del Producto Interno Bruto, pero también es una realidad que al menos un 28 por ciento de la fuerza laboral del país se enmarca ya dentro del creciente sector no estatal, donde por lo general se perciben mejores salarios. En muchos casos este sector ofrece productos y servicios más eficientemente y con mejor calidad.

En este sentido, hay mucha sabiduría en la máxima de Confucio, reiterada por Deng Xiaoping al referirse a un principio que rigió las exitosas reformas chinas: “Qué importa el color del gato, lo que importa es si caza ratones”.

En cuanto al debate o deliberación sobre temas estrictamente políticos, aunque todavía es algo incipiente, el mismo se plantea inevitablemente por dos razones. La primera es que no puede haber transformaciones económicas sin una correspondiente mutación política. Esta conclusión no es exclusiva de la concepción marxista de la sociedad. Si se habla de descentralización de la administración, ello significa que hay que repensar la Constitución del país, base de su sistema político. La existente promueve una centralización excesiva del modelo de toma de decisiones. La consolidación de un sector privado, integrado incluso por pequeñas y medianas empresas, uno de los sustentos clave del nuevo modelo socio-económico, obliga a considerar la conveniencia de que esos nuevos actores económicos tengan vías para defender sus intereses legítimos dentro del sistema político.

La segunda tiene que ver con el hecho incontrovertible de que el liderazgo político que surja de la transición que nos ha propuesto el presidente Raúl Castro no podrá gobernar al país cómo lo han hecho hasta ahora el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y el propio Primer Mandatario. La autoridad política que se deriva de su legado revolucionario no es transferible. A los nuevos dirigentes se les exigirá por sus resultados en el plano económico y por su capacidad de crear consensos a través de instituciones que tengan la legitimidad del apoyo ciudadano mayoritario. La sociedad cubana ha cambiado y seguirá cambiando. Ante todo es una sociedad más culta y más empoderada por el propio proceso revolucionario. La ciudadanía exigirá que se materialice el propósito anunciado por el propio Raúl Castro de perfeccionar nuestra democracia. Una economía mixta, como propone la Conceptualización, diversificará aún más la sociedad cubana.

No hay que temerle a la palabra reforma. Lo que hay en Cuba es una reforma económica, y a esa reforma económica corresponde una reforma política por las razones apuntadas.

La tercera línea principal de los diálogos, debates y deliberaciones en la Cuba de hoy es la que se refiere al proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos. El propio concepto de “normalización” ha sido y es puesto en duda por muchos académicos, periodistas y ciudadanos, tanto antes como después de los históricos acuerdos del 17 de diciembre del 2014.

Vengo escribiendo sobre el tema desde 1999. Antes del 17D estaba convencido de que ese proceso era posible y beneficioso para Cuba. Hoy pienso no sólo eso, sino que ya estamos en pleno proceso de normalización y que el mismo se ha convertido en irreversible, al menos en el mediano plazo (4-5 años).

Mi cauteloso optimismo parte de dos recomendaciones que nos vienen de José Martí (y que no son usualmente citadas). Ambas escritas en el periódico Patria en 1894, a menos de un año de caer en combate.

La primera data del 23 de marzo, procede de un artículo titulado “La Verdad sobre los Estados Unidos.” La reproduzco aquí:

“Es preciso que se sepa en nuestra América la verdad sobre los Estados Unidos. Ni se debe exagerar sus faltas de propósito, por el prurito de negarles toda virtud, ni se ha de esconder sus faltas, o pregonarlas como virtudes.”[1]

La segunda la escribió unos meses después, el 15 de diciembre, en el artículo “Honduras y los Extranjeros” y en ella se dice:

“En América hay dos pueblos, y no más que dos, de alma muy diversa por los orígenes, antecedentes y costumbres, y sólo semejantes en la identidad fundamental humana. De un lado está nuestra América, y todos sus pueblos son de igual naturaleza, y de una cuna parecida e igual, e igual mezcla imperante; de la otra parte está la América que no es nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni viable fomentar, y de la cual con el decoro firme y la sagaz independencia no es imposible, y es útil ser amigo”.[2]

En buenas cuentas, normalización no significa la eliminación absoluta de desavenencias y hasta de contradicciones entre dos países. Cualquier especialista en relaciones internacionales admitiría que éstas últimas se conforman por la coexistencia de elementos de cooperación con elementos de conflicto. Entre Cuba y Estados Unidos siempre existirán áreas de conflicto, incluso de agudas discrepancias, determinadas ante todo por la asimetría. Pero también necesidades perentorias de cooperación, fomentadas por nuestra vecindad.

Tucídides, el historiador de Atenas en la Grecia Antigua, en su estudio sobre la guerra del Peloponeso, afirmó algo que se considera el centro de la “teoría política realista”: las grandes potencias hacen lo que quieren, las pequeñas naciones sufren lo que tienen que sufrir. Adicionalmente, el vínculo entre nuestro país y la gran potencia del Norte ha estado marcado por lo que he definido alguna vez como el “síndrome de la fruta madura”, haciendo referencia a la lamentablemente célebre “doctrina” elaborada por John Quincy Adams, el padre de la diplomacia norteamericana y de la Doctrina Monroe, en 1823.

Ello obligará a los cubanos a estar siempre alertas a esa voluntad hegemónica que tiene, asimismo, un fuerte asidero en la doctrina del excepcionalismo norteamericano, parte intrínseca del imaginario imperial de Washington, e incluso también de amplias capas de la ciudadanía. Es común y lógico que los cubanos nos sintamos como la hierba se siente cuando está cerca de un elefante, según un viejo proverbio de la sabiduría oral swahili africana: poco importa si el elefante hace el amor, la guerra o simplemente juega; siempre aplastará a la hierba.

Sin embargo, como señala Martí, hay que conocer “la verdad sobre Estados Unidos” y esta es que ese país, que es nuestro vecino más cercano después de Haití, no es un todo monolítico inamovible, no es, para decirlo en términos de la teoría de las relaciones internacionales, un “actor racional único”. Es una nación diversa, con tradiciones muy conflictivas y que está en constante proceso de transformación. Incluso su clase dominante está plagada de contradicciones de todo tipo, como lo demuestra el presente proceso electoral. Ello ha permitido que, contrario a algunas opiniones que prevalecieron en Cuba antes del 2008, la ciudadanía eligiera presidente a un ciudadano de origen afronorteamericano: Barack Obama.

Un ejemplo de cuán difícil es liberarse de la vieja mentalidad en este tema lo fue el debate suscitado por la visita del Presidente norteamericano a Cuba y su discurso en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso. Una inmensa mayoría de los comentaristas reaccionaron sorprendidos y “rápidos y furiosos” ante lo que percibieron como el mensaje central de Obama en el sentido de que los cubanos nos debemos de olvidar de nuestra historia, particularmente la de nuestras relaciones con Estados Unidos.

Cualquier examen medianamente objetivo e imparcial de los principales pronunciamientos del Primer Mandatario en general, y sobre Cuba en particular, se encontrará con dos hechos incuestionables: Obama nunca ha dicho que se debe olvidar la historia. Lo que sí ha recomendado es que no hay que dejarse esclavizar, atrapar o dominar por la historia; y ha utilizado este último precepto, difícilmente rechazable, en contextos muy disímiles, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pudiera decirse que es cómo una obsesión suya. Léase su memoria muy personal, Dreams of my father, y se podrá comprobar lo que argumento. Es la lógica posición de un político transformador que ha tratado de trascender la grave crisis que existe en Estados Unidos y la polarización de su sistema político.

Siguiendo a Martí, no estoy proponiendo “esconder” las faltas de Obama en su visita a Cuba. Es obvio que la misma estuvo montada sobre una cuidadosa estrategia de diplomacia pública destinada a mejorar la maltrecha imagen de su gobierno entre nosotros y a escala mundial. Lo ha hecho en La Habana como lo había hecho ya en El Cairo, y como lo hizo más recientemente en Hanoi. Es la política del “poder blando” o “poder de atracción”, que es el principio rector de su política exterior. Su objetivo es mantener la hegemonía norteamericana, pero prefiere hacerlo por la vía del debate de ideas y no por la vía del uso irrestricto de la potencia militar estadounidense.

Pero sí estoy invitando a mis colegas a que sean más equilibrados y profundos en sus criterios. Y ya que hablamos de historia, creo que cualquier análisis de los pasos que ha dado con Cuba (desde una perspectiva histórica imparcial y objetiva), debe comenzar por admitir que cambió radicalmente la política hacia Cuba. Me baso en los siguientes elementos:

1. No sólo reconoció que el bloqueo es una política equivocada, sino que comenzó a abrirle huecos y conminó a que el Congreso lo levantara.

2. Contra todo pronóstico, liberó a Gerardo, Tony y Ramón.

3. Retiró a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo del Departamento de Estado.

4. Revertió un elemento esencial de la política estadounidense: no reconocer la legitimidad del Gobierno Revolucionario, ni negociar con el mismo nada que pudiera beneficiarlo.

5. Inició un intercambio diplomático con La Habana basado en el respeto mutuo. Ese intercambio, según ha reconocido la parte cubana, se ha caracterizado por ser constructivo, profesional y positivo. Esta es una diferencia del día a la noche con respecto al pasado.

6. Con su visita a La Habana dio un paso decisivo para hacer irreversibles los cambios introducidos.

Si fuéramos a criticar la posición de Obama en su manejo del concepto de que no se debe permitir que la historia nos atrape, a mi criterio habría que apuntar dos cosas. Primero, le recordaría, como ha señalado el propio George Santayana, uno de los filósofos más respetados en Estados Unidos y profesor de la misma Universidad de Harvard en la que el Presidente recibió su título de Doctor en Derecho, que los que no aprenden de las lecciones de la historia, se verán condenados a repetir sus errores. La historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos está plagada de errores cometidos por Washington, aunque también los cubanos hemos incurrido en algunos. Segundo, le diría al propio Presidente que él mismo está atrapado por hechos históricos de los cuales no ha podido desembarazarse. En el caso de Cuba, esos son, al menos, dos: Guantánamo y el bloqueo.

En mi criterio, lo que deberíamos estar discutiendo es cómo adaptarnos a esa nueva realidad y cómo aprovecharla en interés de los objetivos centrales de las transformaciones que se producen en Cuba. No hay duda que una relación cada vez más normal con Estados Unidos nos dará importantes beneficios económicos a los cuáles no es juicioso renunciar. En el plano cultural más amplio (que incluiría los intercambios artísticos, científicos, educacionales, literarios, académicos, deportivos, etc.), es mucho lo que podremos obtener.

No comparto la apreciación de que lo que caracteriza esos vínculos es una “guerra cultural” específica contra Cuba, como algunos enfatizan. Desde que las sociedades cubana y norteamericana comenzaron a interactuar en los siglos XVIII y XIX, hay influencias mutuas que nos han enriquecido. El béisbol, nuestro pasatiempo nacional, es un ejemplo.

Reconozco que existen desafíos importantes en un mundo crecientemente globalizado en el que las industrias de la información y del entretenimiento están dominadas por grandes monopolios, pero la respuesta no puede ser cerrarse. Necesitamos reafirmar nuestros valores por la vía de la interacción y la apertura. Al mismo tiempo, debe fomentarse el pensamiento crítico, lo cual es sólo lograble en un clima de apertura y tolerancia. Para ello es imprescindible abandonar toda actitud de “aldeano vanidoso”. Hay productos culturales nacionales que son francamente retardatarios; mientras que en todo el mundo, y particularmente en Estados Unidos, los hay de la más alta calidad, caracterizados por valores que son universales y beneficiosos para la formación de nuevas generaciones.

El desafío es político y tiene que ver con fomentar lo que nos caracteriza como nación, sin cerrarnos al mundo cultural norteamericano en el cuál hay valores dignos de asimilar. Así se ha hecho siempre.

¿Cuáles son los principales foros donde se discuten los problemas actuales del país? ¿Qué características tienen, qué cualidades y qué limitaciones?

Hoy por hoy, son diversos los foros en los cuales se discuten los problemas del país. Hay básicamente cuatro ejes: el eje foros oficiales/foros alternativos; foros tradicionales/foros TIC, por llamarlos de alguna manera; foros escritos/orales; foros de producción doméstica/externa. En todos ellos hay debates interesantes.

En los foros políticos oficiales, lo común es que la dirigencia política y la burocracia estatal, si bien aceptan teóricamente la necesidad del debate, en la práctica reaccionan negativamente ante la discrepancia y la disidencia. Ello conduce a una visión excluyente de los espacios públicos. A ello contribuye también una tendencia en la burocracia estatal a blindarse dentro del secretismo y a no aceptar un concepto básico y simple: el Estado debe servir al pueblo y responder ante la ciudadanía. Por tanto, su accionar debe ser transparente. El liderazgo político y el funcionariado estatal tienden a comportarse como si estuvieran por encima de la sociedad. No existe en español una palabra que corresponda a la inglesa de “accountability”, pero se debe promover la práctica de que todo funcionario y dirigente político es un servidor público que tiene que responder de su actuación y no puede ocultarse en el secretismo ni siquiera en cuanto a su vida privada. Este es un elemento clave en la campaña por eliminar la creciente corrupción.

Los foros alternativos como Temas, Cuba Posible, OnCuba, La Joven Cuba y otros, tienden a promover un debate abierto y respetuoso. También reproducen trabajos con propuestas concretas de políticas alternativas. Pero ello se produce no sin cierta crítica a veces abierta, a veces velada, de los medios oficiales y en la clase política. Esta es una práctica nociva.

Por otra parte, hay foros abiertamente opositores al gobierno. Algunos se producen en Cuba, otros en el exterior. Inversamente a lo que sucede en los foros oficiales, éstos tienden a ser hipercríticos hacia el PCC y el gobierno y acrítico con respecto a ellos mismos. En ellos prima el ataque exagerado y áspero a la gestión gubernamental y al PCC. Parecen regirse por la idea de que la única forma de hablar con el oficialismo cubano es la de desafiarlo radical y frontalmente. En estos foros es raro ver propuestas constructivas.

A pesar de las deficiencias y vicios apuntados más arriba, prospera una esfera pública “oficial”, aunque no siempre se caracteriza por un debate centrado o balanceado. Y hay crecientes espacios de esfera pública alternativa diversa donde se producen numerosos debates. Todo ello, insisto, es insuficiente.

A mi criterio, la clave es acostumbrarnos a la mentalidad de que sirve mejor a los intereses de la Nación convertir los debates en diálogos y deliberaciones productivas, con vista a la búsqueda común de soluciones razonables y tolerables para todos los sectores de nuestra sociedad. Debe enaltecerse el concepto de ciudadanía, con derechos y deberes. Y, finalmente, alejarse de la perniciosa práctica de muchos dirigentes políticos y de la burocracia estatal de referirse al pueblo y a los ciudadanos como “población”. En buena cuenta “población” es un dato estadístico frío, pasivo.

¿Cree que esos foros son aprovechados por la política y por la sociedad? ¿Qué propondría para hacerlos más útiles?

Resulta difícil contestar la primera de estas preguntas. A veces parecería que sí, en la mayoría de los casos parecería que no. Un problema del cual adolece el sistema político cubano es la falta de transparencia de sus procedimientos y debates internos. Es lícito suponer que tanto entre los miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, como entre los del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros y de la Asamblea Nacional, hay distintas opiniones y criterios. De hecho, Raúl Castro se ha referido a la vieja mentalidad, como apuntamos más arriba, pero no sabemos mucho más que eso.

¿Dónde están los estudios científicos que avalaron esa apreciación? ¿Cuántos dirigentes y burócratas tienen esa vieja mentalidad? ¿Se han hecho encuestas? Si se han hecho, ¿qué revelan?

Por otra parte, se ha vuelto a poner de moda entre los dirigentes políticos lo que alguna vez un avezado intelectual cubano llamó la política de “La Tuya”. A veces se ve a un dirigente político o gubernamental referirse hiperbólicamente a “enemigos”, “vende patrias” u otros, sin que esté claro a quiénes se refiere. ¿Es esta la manera de debatir y dialogar? El análisis político forma parte de la vida de cualquier sociedad. En Cuba ese análisis generalmente se hace a la sombra y sin conocer cómo piensan los dirigentes y los funcionarios estatales que se cuidan de no decir nada políticamente incorrecto.

Por ejemplo, de los más recientes cambios en el Consejo de Ministros (Interior, Cultura, Economía y Educación Superior), sólo el último obedece a la lógica explicada por el Presidente y a la política aprobada en el Congreso. El nuevo titular del Ministerio de Educación Superior (MES) es claramente más joven que su predecesor, era el Viceministro Primero, y tiene una reconocida trayectoria como dirigente, incluyendo el haber sido Rector de la que muchos consideran la mejor Universidad del país: la Central Marta Abreu, de Villa Clara. Los otros tres casos no pueden ser explicados de igual manera, lo cual no impide que los ciudadanos hablen y discutan sobre el tema.

La existencia de diálogos, conversaciones, deliberaciones y debates sobre temas de interés público ciudadano es inevitable. Resulta mejor que se hagan abiertamente y con total transparencia y no en la oscuridad de conversaciones privadas, lo cual se presta para rumores y creencias que minan la legitimidad de los procesos políticos.

A riesgo de parecer petulante y autosuficiente, creo que el Partido y el Gobierno deben acometer un amplio programa de reformas que promuevan más que el debate, el diálogo y la deliberación. No oculto que me guío por la idea de que nuestra democracia tiene falencias y limitantes que hay que superar. Si la democracia representativa es insuficiente, también lo es la participativa. Por ello propuse desde el 2009 el paso de nuestro sistema político a un modelo deliberativo. Remito a los lectores a mi ensayo “Cuba cincuenta años después: continuidad y cambio político”, aparecido en el Número 60 (octubre-diciembre) de 2009 de la revista Temas.

En función del argumento con el cuál terminé aquél ensayo, verbigracia, “la creación y fomento de espacios públicos necesarios al diálogo, el debate y la deliberación” propongo las ideas que enumero a continuación. Son ocho en total y las he agrupado de la siguiente forma: las dos primeras son normativas; las siguientes cuatro abarcan pasos prácticos que pueden ser puestos en vigor en un período relativamente rápido; las dos finales son de más largo aliento y tienen por objetivo fomentar el estudio de la ciencia política y su fortalecimiento en Cuba, cuestión ésta que considero imprescindible para superar las dificultades actuales:

1. Debido a que la propia Constitución vigente establece el papel dirigente del Partido, urge que las instancias correspondientes del mismo adopten un documento público en el cuál se recojan los principales planteos del Raúl Castro y los demás dirigentes acerca de la comunicación, la información y los debates en el espacio público. Ahí debe quedar refrendado el apoyo oficial del Partido para fomentar una cultura del debate que permita profundizar la más amplia democracia que sólo puede ejercerse cuándo haya una información más profunda y mayor libertad de expresión.

2. Se impone la adopción por la Asamblea Nacional de una Ley de Medios de Comunicación que garantice tres aspectos básicos: la autonomía de los medios, su función informativa y la necesidad de que los mismos garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los necesarios debates públicos.

3. Fomentar la realización y publicación de encuestas de opinión por todas las instituciones que lo tengan como objeto social. En particular crear una encuestadora nacional pública que responda a los intereses de información de la ciudadanía.

4. Acelerar el proceso de acceso a Internet como un bien público común en la misma categoría que los parques, las playas, las bibliotecas públicas, el correo postal, la televisión y la telefonía. Los ciudadanos debemos tener acceso a un costo razonable y desde cualquier lugar, incluyendo las viviendas.

5. Fomentar la creación de medios de comunicación en los cuales los trabajadores de la prensa tengan capacidad de informar y opinar.

6. Crear un canal de televisión dedicado exclusivamente a la información y al comentario rico y diverso, como existe en casi todos los países del mundo.

7. Adoptar las medidas organizativas y de otro tipo que permitan a las universidades establecer la carrera de ciencias políticas. En Cuba existe la paradoja que existen el Doctorado y la Maestría en la materia pero no se estudia como disciplina de pregrado.

8. Fomentar la creación de una asociación profesional de politólogos y sociólogos a fin de que los que tengan esa profesión puedan contar con una organización que defienda sus intereses profesionales, como ya se hace con economistas, juristas, periodistas, historiadores y filósofos.

Notas:

[1] José Martí, En los Estados Unidos: Periodismo de 1881 a 1892, edición crítica compilada por Roberto Fernández Retamar y Pedro Pablo Rodríguez, 1ª edición Madrid, ALLCA XX, 2003, pág. 1753. (Colección Archivos: 1ª ed.; 43).

[2] José Martí, Obras Completas, Volumen 8, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, pág. 35. (El subrayado es del autor)