Propiedades confiscadas, conflicto nacional y senda hacia el futuro: introducción a un dossier.

En el año 2010 dieron inicio los diálogos entre el presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega para la liberación de los presos políticos de la llamada “Primavera Negra” del año 2003. Esta liberación, llevada a cabo en paralelo a las negociaciones secretas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para el inicio de la normalización de relaciones, constituyó, a su vez, un proceso político que intentó modificar el “estatus” de las relaciones Iglesia-Estado en Cuba. Aún es demasiado pronto para dilucidar si se avanzó con paso firme, o no, en ese sentido. Lo cierto es que ese diálogo tuvo que avanzar sobre el reconocimiento, por ambas partes, de que se había vivido una relación traumática entre la Iglesia católica y el Gobierno Revolucionario (entre 1960 y 1965), que conllevó a un “acotamiento” (material y simbólico) de la presencia de la Iglesia en la sociedad cubana. Ante la llegada del papa Benedicto XVI a Cuba, en 2012, el presidente Raúl Castro y monseñor Carlos Manuel de Céspedes llegaban públicamente a conclusiones similares: ambos dijeron que Iglesia y Gobierno Revolucionario habían cometido errores y exageraciones “por igual”, que era imperioso corregir. Aunque es preciso reconocer que la dinámica de la vida (tanto desde la Iglesia, como desde el sistema político), ya había comenzado a transformar ese “diferendo” desde finales de la década de los años 80 del pasado siglo.

Es por ello que, al unísono con los diálogos para la liberación de los presos, el gobierno cubano concreta un proceso de devolución de propiedades a la Iglesia católica. Esto se materializa, por primera vez, con la devolución de la iglesia de Santo Tomás (antigua capilla de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva). Posteriormente, otros inmuebles de la Iglesia, en La Habana y en otros puntos de Cuba, también han sido devueltos; uno de los más emblemáticos ha sido el antiguo colegio de los padres jesuitas en la ciudad de Cienfuegos. Este ejemplo ilustra cómo la dirección política del país abordó (con astucia y creatividad política, creo yo) uno de los temas más peliagudos de la cuestión cubana: las propiedades confiscadas en el país luego de 1959.

Es imposible entender el por qué de las expropiaciones sin detenernos a analizar, al menos, tres elementos centrales de aquellos años (1959-1965): a) la radical impronta redistributiva y de justicia social de la naciente Revolución cubana, b) el pronto conflicto con el gobierno de Estados Unidos producto de la resistencia norteamericana al propio “hecho revolucionario” en la Isla, y c) la resistencia de las élites, y de  significativas capas sociales, a la radicalidad revolucionaria (que muy pronto derivó en un fuerte conflicto civil al interno del país). El torbellino ocurrido entre 1960 y 1965 ha marcado profundamente, hasta el presente, los destinos del país. La confiscación de los bienes materiales de la Iglesia; la desarticulación milimétrica del tejido privado y empresarial en manos de particulares cubanos y de empresas extranjeras; la contracción de las libertades públicas; la confiscación de propiedades (sobre todo viviendas) a miles de cubanos, etc., constituyó, ante todo, una respuesta del joven Gobierno Revolucionario a un conflicto interno, donde las partes involucradas marcharon hacia la radicalidad y buscaron alineamientos geopolíticos diferentes. Será imposible abordar serenamente este tema, sin buscar sus causas en el pasado.

Sin embargo, el hecho de que el gobierno cubano haya tratado el asunto de las propiedades con la Iglesia en el pasado reciente; y que igualmente lo haya hecho con el gobierno de Estados Unidos luego del 17D, es una clara señal de cómo se entiende el asunto en los centros de poder nacionales. Otra cosa será el ritmo y el manejo de las “circunstancias políticas” para abordar este espinoso tema.

En momentos en que la derecha hemisférica se reconstruye como fuerza política, desafiante de “las izquierdas”; y en momentos en que actores neoplattistas cubanoamericanos (con viejos y nuevos rostros) se articulan con ese “movimiento hemisférico”; más el hecho de que resulta un asunto central de la “cuestión cubana”, convierte en estratégico que se brinde una respuesta política adecuada sobre un tema que existe concretamente, más allá de intereses y visiones particulares de la realidad nacional: ahí está el dolor de decenas de miles de compatriotas en el sur de la Florida, y en otras partes del mundo, sobre lo que consideran “sus propiedades” en Cuba. La mirada sobre esta cuestión contenida en el “dispositivo transicional” diseñado por la Ley Helms-Burton y por la “Comisión para la transición a una Cuba libre”, es la expresión (aberrada, inmoral y revanchista) de cómo el asunto es visto por esos actores cubanoamericanos.

Corresponde construir salidas satisfactorias de este asunto crucial que no comprometan la soberanía nacional, ni den cabida a un acto de “despojo masivo” de propiedades al interior de Cuba; pero que tampoco den la espalda a las sensibilidades de estos cubanos. Se impone la flexibilidad y la creatividad política desde la Isla, tal como ha ocurrido con la Iglesia y con el gobierno de Estados Unidos.

Cuba Posible pone en manos de sus lectores un dossier con especialistas cualificados que abordan el tema específico de las propiedades confiscadas a los cubanos luego de 1959. Participan del mismo Roberto Veiga González (Director General de Cuba Posible); Carmelo Mesa-Lago (reconocido economista cubano radicado en Estados Unidos); Mauricio Miranda (economista cubano radicado en Colombia); Pedro Monreal (Director Académico de Cuba Posible) y Carlos Saladrigas (político y empresario cubano radicado en Estados Unidos). No contiene este dossier criterios concluyentes sobre ningún aspecto de un asunto tan “grueso” de la realidad nacional; simplemente se brindan opiniones para estimular el debate. Eso sí: todos comprometidos con un futuro de prosperidad, estabilidad, y defensa de la soberanía de Cuba.