Rafael Rojas: “Debemos estrechar el margen de expectativas y advertir un proceso constituyente acotado, pero que puede avanzar hacia un nuevo marco constitucional más ventajoso para todos los actores”

En el contexto del Dossier “Por una reforma constitucional con todos y para el bien de todos”, hemos decidido incluir dos entrevistas con los intelectuales cubanos Julio Antonio Fernández Estrada y Rafael Rojas Gutiérrez. El primero es jurista e historiador, además de prestigioso formador de varias generaciones de jóvenes juristas cubanos; por su parte, Rojas es un reconocido historiador, autor de una prolífera obra, y veterano investigador del CIDE, en México DF. Ambos han sido entrevistados por Roberto Veiga González, director de Cuba Posible. A continuación proponemos las respuestas de Rafael Rojas.

-¿Cuba necesita una reforma constitucional? Esta reforma, ¿debería ser total o parcial? ¿Cómo lograrlo a partir de una tradición que siempre ha colocado las modificaciones a la Carta Magna en la voluntad estatal y, en ningún caso, como producto de la iniciativa ciudadana?

En mi opinión, Cuba necesita una reforma total o un nuevo proceso constituyente. Pienso que en las dos últimas décadas el cambio social ha vuelto caduco el orden constitucional. Es cierto que la tradición del constitucionalismo socialista, que privilegia al Estado, antes que a la ciudadanía, va en contra de una transformación profunda; pero también es cierto que esa tradición, a diferencia de la liberal, cambia la constitución luego de que ha cambiado la sociedad. Y ese es el caso de Cuba en el siglo XXI: ha nacido una nueva sociedad bajo una vieja Constitución.

-¿Podría conseguirse la reforma constitucional necesaria a través de un proceso parlamentario, como establece la actual Ley fundamental; o sería necesario convocar una Asamblea constituyente? En caso de que fuera indispensable convocar una Asamblea constituyente, ¿cómo lograrlo, pues resulta inconstitucional?

Creo que cualquiera de las dos vías, una asamblea con amplias facultades reformistas o un nuevo constituyente electo, es válida. Por supuesto que la segunda tendría un mayor valor simbólico por su carácter fundacional. Sin embargo, en estudios recientes de Roberto Gargarella y Gabriel Negretto, sobre el constitucionalismo latinoamericano, se expone que por uno u otro camino es posible llegar a una renovación del pacto constitucional de una nación.

-¿Cómo impactaría este futuro proceso la conocida “cláusula de intangibilidad” establecida con la reforma constitucional del año 2002?

Como hemos argumentado en otro lugar, las reformas que establecieron el carácter “irrevocable” del socialismo, en 2002, son tautológicas, ya que reiteran el contenido del artículo 62º de 1992. Dicho de otra manera, las reformas de 2002 no agregaron nada que no estuviera ya contemplado en la Constitución de 1992, por lo que no establecen ningún candado jurídico para las reformas. Se puede reformar lo reformable de la Constitución, que es mucho, sin eliminar ese artículo. Sólo sería cuestión de que hubiera voluntad política para redefinir explícitamente, en el propio texto constitucional, el concepto de socialismo, como un sistema político no reñido con el mercado, la democracia y las normas internacionales en derechos humanos del siglo XXI.

-¿La próxima reforma de la Carta Magna debería ocuparse de precisar y asegurar el principio de supremacía constitucional? ¿Por qué? ¿Cómo podría lograrlo?

En Cuba se abandonó la tradición de los tribunales de garantías constitucionales, que fue tan importante para la Revolución Cubana en sus orígenes. El nuevo constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI, que toma mucho de las experiencias del nacionalismo revolucionario y el populismo del siglo XX, ha vuelto a colocarla en el núcleo de los procesos doctrinales y normativos de la región. Es indispensable regresar a esa corriente histórica, advirtiendo que todos los órganos del poder judicial, incluidos los constitucionales, deberán atender a las nuevas demandas de las sociedades multiculturales y de las democracias complejas de nuestra época.

-¿Cuáles deberían ser los principios fundamentales que habrían de tenerse en cuenta, durante los análisis y deliberaciones, para asegurar que la soberanía “resida” en el pueblo y sea “ejercida” debidamente por medio del Estado?

Observo, por lo menos, tres dispositivos para reforzar el principio de la soberanía popular: 1) la práctica sostenida mecanismos de democracia directa, como plebiscitos, referéndums, consultas e iniciativas ciudadanas de ley; 2) la constitucionalización precisa de la rendición de cuentas a todos los niveles del gobierno y el Estado; y 3) una reforma profunda de la ley electoral, que garantice la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Estado.

-¿Este proceso de reforma demandaría una integración del análisis jurídico, de la comprensión sociológica y económica, de la experiencia histórica y del acervo cultural, así como del enfoque politológico? ¿Cómo procurarlo?

Lo ideal sería que, una vez que esté claramente tomada la decisión de avanzar hacia un proceso de reforma, parcial o total, los sectores profesionales e ideológicos del gobierno y el Partido abrieran un proceso amplio de consulta con la ciudadanía, con la opinión pública y con los medios de las ciencias sociales. Pero si el modus operandi es el mismo de los últimos años, me temo que no tendrá lugar una consulta amplia. Todo parece indicar que se opta por la vía de una reforma parcial, “sin prisa y con pausa”.

-Algunos sostienen que el próximo texto constitucional debería garantizar (con rígidez) los principios de la República, mientras debería asegurar la necesaria (flexibilidad) para posibilitar el desarrollo progresivo y sostenible de estos principios. ¿Cómo valora este criterio?

Esa dialéctica entre fines y medios es propia de todo marco constitucional. El problema es que en el orden constitucional actual la flexibilidad para lograr el “desarrollo progresivo y sostenible” está subordinado a un modelo estadocéntrico y a una estrategia geopolítica, heredados de la “Guerra Fría”, que evidencian un desfase crónico en el siglo XXI. Ninguno de los principales aliados internacionales de Cuba (Rusia, China, Venezuela, Bolivia, Irán…) posee un marco constitucional tan rígido, que ofrece tan pocos incentivos para el desarrollo económico, social y político del país.

– ¿Cuáles resultan los mayores déficits de la actual Ley de leyes, y cuáles serían entonces las modificaciones esenciales que demanda?

Habría que darle reflejo constitucional a los “Lineamientos” y las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro en los últimos años. En ese proceso debería reformarse todo el articulado referido a la propiedad sobre los medios de producción entre los artículos 14º y 27º. En vista del crecimiento del trabajo por cuenta propia y, en general, del sector no estatal en la economía y la sociedad, el artículo 23º, sobre las “empresas mixtas”, deberá ser ampliado. También es preciso darle rango constitucional a la reforma migratoria en curso, que llevaría a reformular la Ley de Ciudadanía vigente.

Si realmente hay consenso en torno a una nueva legislación en materia electoral, de asociaciones y de medios, la nueva perspectiva sobre esas tres áreas tendría que plasmarse también en la Constitución. La pluralidad civil de la sociedad cubana en el siglo XXI deberá reflejarse en el capitulado referido a los derechos civiles y políticos, además de extenderse a los derechos de tercera y cuarta generación. Una vez lograda esa actualización del orden constitucional, cabría preguntarse qué sentido tienen ciertas premisas del sistema político, como la de la ideología “marxista-leninista” de Estado. Dejo fuera otras premisas, como la del Partido Comunista único porque parto del escenario de una asamblea legislativa o constituyente, donde los partidarios del actual sistema político serán mayoría, cuando no unanimidad.

-¿Cuán importante resultaría preocuparse por una buena construcción de la cláusula de reforma?

Creo que un dispositivo constitucional que garantice la reforma parcial o total, con una idea flexible de lo que significan los “fines del Estado socialista”, es suficiente para avanzar hacia un nuevo marco constitucional, más abierto al desarrollo y la democracia.

-¿Cuánta debería ser la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional? ¿Cómo lograrlo? Además, ¿cómo asegurar que la pluralidad socio-política cubana participe de manera eficaz y logre identificarse con el texto final? En fin, ¿cómo dotar de la mayor legitimidad posible a nuestra Carta Magna por venir?

Lamentablemente, la máxima dirigencia del país no parece interesada en un proceso constituyente que abra el sistema político de la Isla a la verdadera diversidad de la sociedad cubana en el siglo XXI. Si, como llegó a especularse, se hubiera producido una reforma electoral antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, tal vez esa pluralidad sería más tangible. Tampoco los mecanismos de presión internos o externos de la sociedad civil o la comunidad internacional han resultado eficaces para propiciar dicha apertura. Es importante, entonces, estrechar el margen de expectativas y advertir un proceso constituyente acotado, pero que puede avanzar hacia un nuevo marco constitucional más ventajoso para todos los actores. Ese proceso, a mi juicio, no debería postergarse más porque, de lo contrario, la brecha entre cambio social y orden constitucional crecerá demasiado y puede hacer inoperante el texto actual.