Dialogamos con el historiador cubano Rafael Rojas sobre los elementos que legitimaron a la Revolución cubana, su dinámica de cambio en el tiempo, y sobre cómo podrían reconstruirse los pilares de dicha “legitimidad” desde la perspectiva de los derechos sociales, civiles y políticos.
-¿Sobre qué elementos se basó la “legitimidad” alcanzada por la Revolución que triunfo el primero de enero de 1959?
La legitimidad originaria de la Revolución cubana, en 1959, estuvo ligada a una redefinición del orden republicano que reflejó el ascenso de una cultura política de fuertes valores cívicos y democráticos desde la Revolución de 1933 y la Constitución de 1940. Aquella legitimidad, que pronto sería rebasada por la nueva legitimidad “socialista” –fuera en un sentido marxista heterodoxo, afín a la Nueva Izquierda, o en un sentido ortodoxo pro-soviético-, descansaba sobre dos demandas básicas: mayor soberanía frente a Estados Unidos –sin llegar a la ruptura con el vecino desde un nacionalismo esencialista-, y distribución más amplia de derechos sociales, sin abandonar la plataforma propiamente republicana de derechos civiles y políticos, heredada del 40.
-¿Cuáles elementos de esa “legitimidad” se han consolidado, se conservan, a pesar de los conflictos (con sus consecuencias) que han atravesado el proceso? ¿Cómo se ha logrado?
Aquella legitimidad originaria fue reformulada a partir de 1961 y, sobre todo, de 1971, con el proceso de institucionalización del sistema, que siguió a la opción geopolítica de la alianza con la URRS y el campo socialista en la Guerra Fría. Desde entonces, ya no se trató de congeniar los valores cívicos y republicanos con referentes ideológicos como el nacionalismo revolucionario o el populismo latinoamericano, sino de codificar aquellas demandas en términos del marxismo-leninismo. La dotación de derechos debía restringir el acceso a derechos civiles y políticos, la justicia social tenía que acomodarse a un proyecto de estatalización de la sociedad y la economía, mientras que el conflicto con Estados Unidos adoptaba las formas de la ruptura o el diferendo. El resultado fue que algunas demandas de la legitimidad originaria, como la soberanía y la justicia social, se realizaron bajo un régimen político nuevo, muy parecido al de los socialismos reales de la Unión Soviética y Europa del Este, y otras, como la de la democracia, fueron abandonadas por “capitalistas” o “burguesas”.
-¿Con cuántas nuevas demandas “legítimas”, que requieren espacio y consolidación en la esfera pública y en la institucionalidad, pueden estar conviviendo esas conquistas históricas de la Revolución? ¿Son antagónicas? ¿Se orientan a una ruptura con el actual modelo socio-político o a una evolución de este?
En la ideología originaria de la Revolución cubana, las demandas de soberanía, justicia social y democracia, no eran antagónicas: se volvieron antagónicas en el proceso de construcción del nuevo Estado socialista. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es que la creciente pluralidad civil de la Isla y la diáspora ha puesto en crisis el modelo de ciudadanía homogénea establecido en la Constitución de 1976 y reafirmado en la Constitución de 1992. A mi entender, ese modelo está cambiando desde hace años o ya cambió, en la realidad social, pero dicha transformación no ha sido refrendada por las leyes y las normas constitucionales del país. Una lección de las últimas décadas es que el ideal democrático, abandonado por el giro marxista-leninista de la Guerra Fría, debe ser retomado para avanzar en el proceso de institucionalización de la nueva pluralidad civil del siglo XXI.
-¿Qué transformaciones necesitaría el modelo social cubano para darle espacio a estas nuevas demandas?
El cambio real del modelo social cubano se verifica por medio de una serie de transiciones: de la estatalización de la economía y la sociedad a la autonomización de actores económicos y civiles; de una ciudadanía nacional o otra transnacional; de sectores sociales adscritos exclusivamente a las “organizaciones de masas” a comunidades alternativas, religiosas, afrodescendientes, LGTBI, ecológicas, anarquistas, gremiales o locales; de la “generación histórica” a la nacida luego del triunfo de la Revolución; de la ideología de Estado a la diversidad doctrinal propia de una nación del Caribe en medio de la globalización y la era tecnológica. El reto es plasmar ese cambio en las leyes, en la práctica cotidiana y en las políticas públicas.
-¿Qué rol debería jugar la pluralidad ideo-política del país en este proceso? ¿Qué transformaciones demanda el modelo social para que esto sea posible?
A mi juicio la primera reforma que debería realizarse, la que daría sentido a todo el proceso de cambio constitucional que demanda la propia reconfiguración de la sociedad, tiene que ver con la apertura de la esfera pública. Un espacio público más abierto y transparente puede contribuir de manera decisiva al perfilamiento de los nuevos actores e institutos civiles o políticos, que protagonizarán la democracia cubana del siglo XXI. Elegir ese punto de partida, cuando todavía la “generación histórica” ocupa las principales posiciones del Partido Comunista, el gobierno y el Estado, puede facilitar el dilema de la continuidad entre el sistema político construido por la Revolución cubana, durante la Guerra Fría, y el nuevo orden institucional que deberá asimilar la emergente pluralidad civil y política.
-¿Dónde debe asentarse la legitimidad política de toda nuestra pluralidad?
Como se desprende las respuestas anteriores, pienso que la nueva legitimidad debe hilvanar los valores de la soberanía y la justicia social con los de la democracia y el respeto a los derechos humanos universales.
