Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Rafael Rojas, historiador cubano radicado en México, quien es profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Roberto Veiga (RV): El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que resulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el continente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? ¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”?
Rafael Rojas
Rafael Rojas (RR): La Convención Americana de Derechos fue firmada en San José en 1969, en el momento álgido de la Guerra Fría, cuando casi todos los regímenes políticos de América Latina eran autoritarios. Dicho pacto entró en vigor en 1978, cuando se iniciaban las transiciones a la democracia y la política exterior de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, comenzaba a tomarse en serio el tema de los derechos humanos. Coincido en que la Convención, como instrumento de la OEA y el marco interamericano, ha quedado obsoleta a la luz del avance constitucional de las democracias de la región en las dos últimas décadas. Un nuevo pacto democrático interamericano, que refleje algunas de esas innovaciones, como las relacionadas con los derechos de las minorías, el multiculturalismo, la protección del medio ambiente, la identidad de pueblos originarios o la autonomía de la sociedad civil, podría dar un un nuevo impulso al proyecto de integración. No creo, sin embargo, que ese nuevo pacto, en cualquiera de sus formas, renuncie a las diversas formas democráticas de gobierno que predominan en las Américas.
RV: Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia normas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?
RR: No estoy seguro de que un hipotético y remoto nuevo protocolo de integración en materia de derechos ciudadanos y de los pueblos, impulsado por la OEA, que reemplace a la actual Convención Americana de Derechos Humanos, avance aceleradamente hacia una codificación jurídica y penal. La OEA, como sabemos, es un organismo con consensos precarios, ya que da cobijo a gobiernos que priorizan una agenda interamericana y a otros, como los afiliados al ALBA, que sostienen una política exterior interesada en contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos. Tampoco creo que una alternativa a la Convención actual, de la que se desprende el mecanismo de la Carta Democrática, negociada sólo por los gobiernos latinoamericanos y caribeños, sin Estados Unidos y Canadá, pueda acordarse con relativa facilidad. Además de las divisiones ideológicas y geopolíticas internas de América Latina, que se acrecientan en los últimos años, está el tema de la soberanía judicial, sumamente sensible para algunos gobiernos. Otra dificultad que veo a un “Catálogo de derechos ciudadanos y de los pueblos”, únicamente concertado por los gobiernos latinoamericanos y caribeños, es que no todos los estados avanzan al mismo ritmo hacia los derechos de tercera o cuarta generación. En Cuba, por ejemplo, hay un evidente en retraso en la materia, si se compara la Constitución cubana con la ecuatoriana o la boliviana, por ejemplo.
RV: Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayuda al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la región; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?
RR: Los mayores obstáculos para el acuerdo de un nuevo pacto regional de derechos fundamentales no tendrían que ver con los temas mencionados: seguridad, educación, cultura, salud, prevención de catástrofes o desarrollo… De hecho, existen protocolos de relación bilateral en esos temas entre casi todos los estados latinoamericanos y caribeños. Raras veces se producen reclamos de limitación o violación de soberanías en escenarios de colaboración para el desarrollo. Los dilemas de la soberanía tienen que ver con los conflictos limítrofes –hay varios actualmente en América Latina- o con la violación sistemática de derechos humanos. Una zona de diferendos, en ese sentido, podría ser la forma en que se reflejan los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. En cualquier caso, pienso que América Latina y el Caribe, por la debilidad de sus economías, está todavía muy lejos de generar estrategias propias, consistentes y de gran capacidad de gasto público compartido, en la colaboración regional para el desarrollo.
RV: Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultural, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación –ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-regionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?
RR: La experiencia reciente, en foros regionales como Mercosur, Unasur y la CELAC, demuestra que agendas geopolíticas agresivas y subregionales, alineadas con proyectos ideológicos estrechos y de corto plazo, no son convenientes para la integración latinoamericana y caribeña. Los proyectos geopolíticos con pretensión de hegemonía, inevitablemente interfieren en las políticas internas y hasta se desplazan a los escenarios electorales domésticos, como sucedió en un momento con el chavismo, generando una reacción pendular, que luego fractura o debilita los foros regionales. Mientras más realistas y pragmáticas sean las ventajas comparativas de la colaboración regional, más duraderos y rentables son los pactos.
RV: A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregunta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atraviesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? ¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?
RR: La liberalización financiera y comercial es un hecho en la mayoría de las economías de la región. La ciencia, la tecnología y otras áreas no se desarrollan al ritmo que deberían por equivocadas políticas presupuestarias, de inversión y de crédito. El intercambio y la colaboración en esas áreas y en educación, cultura y medios de comunicación se podrían impulsar mucho más en América Latina y el Caribe. Es un error, me parece, establecer prioridades rígidas que concentren demasiado la agenda multilateral en los créditos y las inversiones. Ese enfoque proyecta una vulnerabilidad en materia económica que, en la mayoría de los casos, no se revierte o se supera desde el sector externo sino a partir de un plan preciso y compacto de reformas estructurales internas.
RV: ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debidamente controlada?
RR: Me parece que la única entidad que podría impulsar una nueva agenda de integración, desde una perspectiva no subregional sino verdaderamente continental, es la CELAC. Cualquier otro foro sería territorial o geopolíticamente más limitado y no reflejaría una negociación profunda de ventajas comparativas en toda la región latinoamericana y caribeña. Creo, sin embargo, que pasamos por un momento de depresión del integracionismo, como consecuencia de las fracturas regionales que se están produciendo por la alternancia en el poder entre las izquierdas, los centros y las derechas. En estos momentos no sólo son precarios los consensos de la OEA, también los de la CELAC e, incluso, los de Unasur.
RV: ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? ¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?
RR: El Parlamento Latinoamericano ha sido hasta ahora un organismo de diplomacia legislativa, con muy pocas implicaciones prácticas para el avance del proyecto de integración. A diferencia del Parlamento Europeo, el Parlatino no se sustenta en mecanismos de unión transnacional y, por tanto, no incide en el trazado de la política exterior de Estado de las respectivas naciones de la región. América Latina y el Caribe es una zona del mundo donde, además, predominan los regímenes políticos presidencialistas. La diplomacia interparlamentaria tiene algún peso en contextos bilaterales, pero cuenta poco en un escenario multilateral como el que demanda la integración.
RV: ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una creciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?
RR: El enfoque de la sociedad civil me parece más pertinente para el avance de un pacto sobre “derechos ciudadanos y de los pueblos” en América Latina y el Caribe. En contraste con los estados, que asumen el interés nacional desde perspectivas realistas o pragmáticas, las sociedades civiles de la región estarían en mejores condiciones para enrumbar los nexos regionales por la vía del respeto a los derechos civiles y políticos, sociales y económicos, no sólo de los ciudadanos sino también de las comunidades. A eso se refiere el concepto plural de “pueblos”. No sólo al pueblo como ciudadanía de una nación sino como comunidad local dentro de la nación, una categoría de mucho arraigo histórico y cultural en varios países latinoamericanos. La diplomacia ciudadana o no gubernamental es un campo en pleno desarrollo en América Latina y el Caribe y con muchas posibilidades de avanzar en el futuro próximo, ante la parálisis que se observa en los mecanismos estatales de la integración regional.
