Reforma constitucional en Cuba: ante el reto de un nuevo comienzo histórico sin ruptura con la historia

Foto: La Demajagua

En viejos artículos opiné que la reforma constitucional, hacia la cual nos conduciríamos inexorablemente, debería resultar una sólida expresión de los criterios, las proyecciones y los consensos que emanaran de nuestra heterogeneidad social. Para ello, he reiterado que la sociedad debe sentirse entusiasmada e implicada, incluso convocada, y la institucionalidad del país debía ponerse al servicio de la canalización de todo criterio, de toda proyección, de todo consenso.

De lo contrario –siempre he sostenido-, el nuevo texto, aunque llegara a resultar una excelente construcción teórica y, como es lógico, posea el mayor rango jurídico y político, no surgiría suficientemente comprendido, ni debidamente incorporado sociológica y antropológicamente, ni plenamente acatado; y, por ello, carecería de la legitimidad requerida. Al respecto, incluso, llegué a comprenderque un buen texto constitucional, que se origine con estos déficits, si realmente es egregio, pudiera llegar a ser comprendido, incorporado, apreciado y sumamente legitimado, por medio de un posterior quehacer político sabio, exquisito, amplio, profundo e intenso. Sin embargo, también enfaticé que, en estos casos, por lo general esto último no suele ocurrir.

II

Desde el pasado mes de julio ha iniciado este proceso. En aquel momento, para unos, comenzaba un proceso ilegítimo a priori; para otros, empezaba de manera insuficiente, por disímiles razones, que en muchos casos se integran; para otros comenzaba un devenir que, tal vez, podría beneficiar al país, en su presente y en su futuro; y para otros comenzaba el mejor de los mejores procesos constituyentes de la historia de Cuba (cuando no de la historia de la civilización “toda”).

Transcurridos tan sólo poco más de dos meses, ya se advierten demasiados cubanos preocupados, insatisfechos y hasta frustrados, a tenor del decurso del proceso. No pocos indican que el contenido de la Propuesta de Reforma Constitucional (PRC), si bien pudiera haber valorado algunos pocos criterios emitidos en diferentes momentos por sectores de cubanos, no emana de la expresión de las opiniones, las proyecciones y los consensos de nuestra heterogeneidad social. En tal sentido, estos afirman que la PRC responde únicamente, o -por lo menos- sobre todo, a intereses de poder. Ellos, intentan ratificarlo a través del examen de innumerables contendidos de dicho texto, y del estudio de las particularidades del proceso de consulta popular y de su tratamiento en los medios de comunicación oficiales del país.

A continuación, esbozo algunas de las deficiencias señaladas por actores cubanos, cualificados y preocupados:

  • Un texto de PRC que tiende a desembarazar al Estado de responsabilidades para con la ciudadanía.
  • Una PRC con un catálogo de derechos más integral que el anterior. Sin embargo, la propia PRC coloca dichos derechos a merced de cualquier funcionario que posea, incluso, tan sólo la facultad de emitir una “resolución”, por medio de la cual puede ajustarlos como mejor le parezca.
  • El escepticismo que incorpora a los debates populares las actitudes de quienes conducen algunas de estas consultas pues, ante el vigor de ciertas intervenciones, precisan la pertinencia de tener en cuenta que finalmente todo quedará como “decidan allá”; no obstante, agregan: “aunque, por supuesto, se analizará lo que diga el pueblo”.
  • La presunta escasa visión estratégica sobre la economía, que pudiera considerarse a través del brumoso corpus de preceptos dedicado al tema.
  • El nulo asesoramiento, por parte de juristas y políticos (entre otros especialistas en condiciones de hacerlo), para que el pueblo pueda interpretar las esencias de la PRC y, por ende, discernir y aportar con mayor amplitud y cualidad.
  • La debilidad de muchas intervenciones y aportes en las asambleas de consulta popular, que se limitan a ciertos elementos de muy escasos temas (aunque en todos los casos sean cuestiones importantes y las opiniones resulten sumamente serias).
  • Una ausencia absoluta, o casi absoluta, de análisis en torno a la nueva naturaleza del Presidente de la República, del Primer Ministro, de los gobernadores e intendentes, así como del quehacer parlamentario, de las dinámicas del sistema de justicia y de la anhelada autonomía municipal.
  • El exceso de proselitismo oficial (motivado por alguna razón) en cuanto a los temas que ya resultan denominados como “partido único” y “empresa estatal socialista de todo el pueblo”.
  • La no incorporación en el discurso oficial, diseñado para defender la PRC y entusiasmar a favor de ella, de aspectos nuevos que, tal vez, pudieran motivar a sectores importantes de cubanos y desatar un debate fructífero. Entre ellos se cita, por ejemplo: a)la reducción, en el texto, de condicionamientos a las libertades de expresión y de asociación; b) la preponderancia que, en el texto, logra el derecho al habeas corpus; y c) la anunciada institucionalización de la defensa de los derechos constitucionales ante las posibles arbitrariedades y abusos de actores o instituciones de poder. (Cabe destacar que omisiones como estas han suscitado diversas interpretaciones acerca del por qué han sido excluidas del discurso, del debate).
  • La negativa de instituciones como la UNEAC, según se afirma, de reunir al gremio de artistas e intelectuales cubanos, que deseaban analizar la PRC y consumar aportes, en tanto comunidad responsable del pensamiento cubano y de nuestra cultura cubana.
  • La carencia de un procedimiento público y aceptado, en torno a cómo se analizarán los criterios y los aportes del pueblo, y acerca de cómo está concebido que estos criterios y aportes impacten el diseño concreto de la PRC. Del mismo modo, se destaca la falta de instrumentos para que la sociedad pueda monitorear todo esto.

III

El proceso ya está marcado por estos estigmas (y por otros que no expongo), ante una cantidad significativa de ciudadanos y de actores de influencia social. El proceso padece, además, las consecuencias de no emanar de un quehacer previo que asegurara a todos (o sea, a las más disímiles expresiones, proyecciones y consensos de nuestra heterogeneidad social) la capacidad de participar y prefigurar, incluso, el primer esbozo de Anteproyecto de Reforma Constitucional. El proceso sufre, también, la inexistencia de dinámicas sociales, económicas y políticas (que la sociedad y el Estado demandan con urgencia y desde hace ya demasiado tiempo; incluso, antes de que fuera necesaria una nueva Carta Magna), que constituyen antecedentes medulares de cualquier proceso de reforma constitucional.

Toda transformación de la Ley de leyes, sobre todo si constituye una innovación total, tiene sentido eficaz sólo si resulta del entusiasmo de la generalidad, si la ciudadanía consigue sentirse hacedora /o identificada con la misma, si proviene de claridades y de aspiraciones compartidas, y si se sostiene en el intríngulis de que es posible una inflexión capaz de conseguir un nuevo comienzo histórico sin ruptura con la historia. De lo contrario, cualquier reforma constitucional, máxime si es total, puede dañar los ligámenes de una sociedad, cuando su cometido natural sería fortalecerlos.

Sin embargo, todo lo anterior no asegura que estamos ante un proceso fracasado. El gobierno y sus militantes, los aciertos del propio texto de la PRC, las virtudes del proceso de consulta popular, los afines a los últimos 60 años de historia, y las correcciones que se puedan implementar en los próximos meses, pueden ofrecer columnas capaces de mantener el proceso en los carriles diseñados.

IV

No obstante, será invariable que los resultados nos dejarán enormes desafíos; ya sea mejorado sustancialmente o no el texto; y ya sea aprobada la nueva Constitución por un quorum de votos bajo, o significativo, o portentoso. De todos modos, las circunstancias (que siempre arrastran a los procesos sociales, a pesar de que la creatividad humana puede “halarlas” a su favor, y nosotros no lo hemos procurado de manera suficiente) nos impondrá el reto de: a) institucionalizar la nueva Carta Magna en beneficio de todos; b) crear el sistema de normas jurídicas que demanda la dignidad de cada uno y de todos los cubanos; c) promover y defender la cultura y la práctica jurídica y cívica que requiere tal empeño; y d) sostener actitudes e instrumentos de solución de conflictos que se aferren a conseguir todos esos sueños y necesidades que, lamentablemente, el nuevo texto deje pendientes, y hacerlo con sabiduría y celeridad, sin agravios y enfrentamientos, con independencia de cuanta frustración imprima el actual proceso.

Por otro lado, no resulta viable dejar de considerar que la PRC pudiera ser desaprobada por el pueblo; pues esto colocaría al país ante una situación insospechada y riesgosa, en puro vértigo. (Aunque no es factible estimar que el gobierno se permita este fracaso; claro, siempre que esté en sus manos evitarlo).

Ante cualquiera de estos escenarios, se hace imprescindible asumir que, en este instante, el presente y el futuro de Cuba, así como el bienestar de nuestros hijos y nietos, dependerán de lo que hagamos los cubanos preocupados por los peligros de bordear cada vez más “el precipicio” (como reconociera el propio general Raúl Castro). Estamos ante una hora crucial y riesgosa, y precisamente por ello transcendental, que demanda altura de espíritu y derroche de arrojo. Nuestra historia está plagada de estas actitudes monumentales en cada ocasión que han sido necesarias; no actuemos con menor estatura.

Sobre los autores
Roberto Veiga González 94 Artículos escritos
(Matanzas, 1964). Director de Cuba Posible. Licenciado en Derecho por la Universidad de Matanzas. Diplomado en Medios de Comunicación, por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios curriculares correspondientes para un doctorado en Ciencias Pol...
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