Las autoridades han anunciado una reforma de la actual Constitución de la República. El anuncio ha desatado el debate en torno, al menos, a cuatro preguntas:
a) ¿Es pertinente o no esa reforma?
b) ¿Dicho cambio debe ser parcial o total?
c) ¿Cuáles deberían ser las transformaciones más importantes?
d) ¿A través de qué procedimiento debería realizarse?
Acerca de estas interrogantes esbozaré unas breves notas. La sociedad cubana y el mundo, en el cual cada día nos integramos más, han cambiado muchísimo. Esto ha modificado, de manera sustancial, los imaginarios de país y las circunstancias dentro de la Isla, y, por ende, coloca a nuestra ciudadanía “toda”, cada vez más transnacional, ante grandiosos retos.
En tal sentido, los cubanos debemos redimensionar una síntesis de país, capaz de mostrar un “sueño” posible y entusiasmante acerca de Cuba, con el cual, además, la generalidad de la población pueda identificarse. En estos momentos de la historia, esta realidad resulta indispensable para que cualquier reforma constitucional no resulte un mero formalismo, un trámite casi estéril. Ello, a su vez, demanda que la reforma necesaria ya se mueva en torno a la categoría de “total”.
El paso del tiempo, las transformaciones de la sociedad, la actual crisis y las enormes urgencias, exigen el replanteo de todo un universo socio-político. En este podemos encontrar, por ejemplo, el imperativo de hacer avanzar nuestro catálogo de derechos y el diseño de múltiples mecanismos que garanticen su desarrollo progresivo, una redefinición del entramado institucional público y privado, un desarrollo eficaz de las entidades de poder y sus responsabilidades, una consolidación de mayores y mejores procedimientos para el logro de una gobernanza cada vez más efectiva y eficiente, un fortalecimiento y una profesionalización creciente del sistema de justicia, y un entramado democrático que posea como centro y fin a la ciudadanía y se sustente en una aspiración renovada sobre la “soberanía popular”.
Esta reforma constitucional debería resultar una sólida expresión de los criterios, las proyecciones y los consensos que emanen de nuestra heterogeneidad social, en relación con los tópicos anteriores. De lo contrario, el nuevo texto podría constituir una excelente construcción teórica, y poseer el mayor rango jurídico y político, pero no surgiría suficientemente comprendido, ni debidamente incorporado sociológica y antropológicamente, ni plenamente acatado, y por ello carecería de la legitimidad requerida.
Resulta cierto que un buen texto constitucional, que se origine con estos déficits, si realmente es egregio, puede llegar a ser comprendido, incorporado, apreciado y sumamente legítimo, por medio de un posterior quehacer político sabio, exquisito, amplio, profundo e intenso. Sin embargo, en estos casos, por lo general ello no suele ocurrir.
Por ende, podríamos llegar a la conclusión de que el diseño de un buen texto constitucional, con suficiente legitimidad, por medio de una activa y efectiva participación ciudadana, que se sustente en la deliberación social y en múltiples consensos, resultan variables directamente proporcionales. En tanto, el venidero proceso de reforma de nuestra Carta Magna quizá debería discurrir a partir de estas lógicas. Para ello, la sociedad debe sentirse entusiasmada e implicada, incluso convocada, y la institucionalidad del país debe ponerse al servicio de la canalización de todo criterio, de toda proyección, de todo consenso.
Sin embargo, este camino hoy no estaría expedito. Sería ineludible un estremecimiento a la institucionalidad de la Isla para que esta cobre su vitalidad, y sea capaz de andar por senderos malogrados, en tamaña medida. Nuestra institucionalidad se ha tornado “disfuncional” (en cuanto a sus deberes como instrumento al servicio de la ciudadanía) e “ineficaz” (en cuanto a sus responsabilidades en la implementación de las más renovadas políticas del gobierno y del Estado).
Por ello, sería imprescindible una nueva concepción y práctica en torno a la esfera pública. En este sentido, se hace forzoso que las organizaciones sociales, que con toda legitimidad han constituido organismos anexos al Partido Comunista de Cuba (PCC), se muevan a favor de una renovación de su naturaleza institucional; y una reforma de la Ley de Asociaciones que permita la legalidad y la institucionalización de todo un tejido social que puja por organizarse, si bien dentro del modelo socio-político, pero no como organismos anexos al PCC.
Asimismo, el tema nos conduce, por ejemplo, a la promoción de medios de comunicación plenamente públicos y de otros modos sociales de hacer prensa; a la reformulación del desempeño de las asambleas del Poder Popular, tanto en los barrios como en los municipios, las provincias y la nación; al diseño de mecanismos de control ciudadano; y una nueva Ley Electoral que permita un mayor y mejor acceso de la ciudadanía, y de su tejido social y político, al ejercicio del poder.
Del mismo modo, debo señalar que, dada nuestras circunstancias actuales, todo lo anterior también podría ser insuficiente si la sociedad no se “moviliza” alrededor de un “llamado”. Un “llamado” que puede ―o no― ser de un líder, de un partido político, de cierto grupo social… En cualquier caso, lo que no podría faltar, para que sea suficiente, es que, a su vez, emane de las entrañas de la Isla y sostenga ese “sueño de país” ahora, en alguna medida, contenido e inexpreso.
