En primer lugar, quiero clarificar a qué me refiero por “reformismo anti-democrático”. Como se ve, la noción tiene dos términos. Por un lado, por “reformismo” entiendo a la corriente política dentro de Cuba que 1) reconoce la legitimidad del gobierno cubano y del modelo político actual y 2) impulsa reformas más o menos importantes como la creación de una Ley de Prensa, una Ley de Cine, etc. El “reformismo democrático”, por una parte, sería aquel que, más allá de reconocer a los actores políticos que gobiernan el país hoy (entendiéndolos muchas veces como parte inevitable de un proceso de transición), aspiran a transformar el carácter anti-democrático del modelo actual y con ello a redistribuir el poder, crear un modelo más inclusivo donde quepan todos los cubanos y las distintas corrientes políticas de la nación toda.
Entonces, por el contrario, el “reformismo anti-democrático” es aquel cuyas propuestas no intentan democratizar profundamente el país, sino que solo piden, muchas veces denotando un servilismo penoso, reformas que rescaten algunas demandas populares. Estos últimos, argumentan sus posiciones aludiendo o bien a la necesidad irrenunciable de que Cuba debe solo perseguir el socialismo, o bien a que en las condiciones actuales la soberanía cubana continúa siendo amenazada. En ambos casos los derechos individuales y colectivos deben mantenerse derogados en algunos casos para: o bien continuar el camino del socialismo sin que ninguna otra alternativa pueda amenazar ese camino, o bien para proteger la soberanía nacional.
Reformas y Reformas
Para transformar la realidad política y económica del país no basta con maquillar algunos problemas; La Habana sabe ya de mucho de maquillajes. La participación ciudadana en Cuba se ha visto sistemáticamente coartada o condicionada por organizaciones atadas a ministerios. La participación, como apunta Yanina Welp1 en un excelente trabajo, es esencial para la ampliación y el fortalecimiento democrático; y para la promoción de una ciudadanía activa es fundamental una sociedad civil fuerte. Es por ello por lo que una clave fundamental de los movimientos democráticos es su apuesta, como señala Jorge Luis Acanda2, por la sociedad civil como garante de la democracia. Pero en la Cuba actual no podríamos apostar por cualquier sociedad civil, sino por aquella que es genuina, inagotablemente diversa e independiente del Estado. La sociedad civil, en mi opinión, es el conjunto heterogéneo de grupos que aun atravesados por lo político (de forma directa o indirecta), no son parte del Estado y no buscan ocuparlo. Antonio Gramsci afirmaba en sus Notas de la Prisión que: Estado = Sociedad Política + Sociedad Civil3; hay algo de cierto en esto si la suma se entiende como el establecimiento de una relación (más o menos conflictual) entre la sociedad civil y la política, y no como una mera suma de grupos (como algunos infieren del intelectual italiano). Es decir, el Estado, como estructura con unas dinámicas determinadas, es en buena medida el resultado de la relación entre la sociedad política y la sociedad civil. El propio Gramsci afirma que la sociedad civil, a su vez que espacio de reproducción de la hegemonía que impone la clase dominante, es también espacio de contestación a la misma. De modo que “sociedad civil” y “Estado” no son un par dicotómico, pero la primera es independiente del segundo; de lo contrario, lo que tenemos es una sociedad totalitaria en toda regla.
Es decir, no podríamos pensar en una sociedad civil real (o efectiva) si la agenda de esta es condicionada por la sociedad política. Muchas veces parte de la sociedad civil puede acompañar a la sociedad política, y también trabajar de cerca y en colaboración con instituciones del Estado; pero esto será saludable siempre y cuando dicha colaboración sea sin condicionamientos por parte del Estado.
Hemos presenciado cómo permanentemente un sector en Cuba ha desestimado la necesidad o incluso la legitimidad de una sociedad civil fuerte, organizada en torno a los temas que les interesen, espontánea e independiente, y con acceso a diversas fuentes de recursos (incluso a los del propio Estado cubano). Han apostado, sin embargo, por el condicionamiento estatal de estos grupos. Han dicho poco, o nada, acerca de la paralización casi total por parte de las instituciones del Estado cubano del reconocimiento legal de nuevos grupos organizados después de 1997. En conclusión, el carácter anti-democrático de estos “reformistas” radica, en parte, en su rechazo, desconocimiento, o falta de interés, por fortalecer una sociedad civil plural que pueda conducir al país a una democratización.
El reformismo anti-democrático cubano no propone ni demanda más derechos civiles y políticos, sino que -en el mejor de los casos- habla de la necesidad que tiene el poder de rectificar errores cometidos. Los juicios morales negativos de esta corriente no se dirigen hacia los que perpetran la violación de derechos individuales y colectivos, sino a las víctimas que intenten exigir esos derechos mediante vías “contrarrevolucionarias” o “desleales”. Esto es como pedirle a una mujer, amenazada por un acosador, que reaccione de forma decente y mesurada porque de lo contrario solo legitima la agresividad de su agresor.
Ciertamente, muchas personas, de forma individual y sin ningún tipo de organización, pueden perfectamente caber en esta definición de “reformismo anti-democrático” dentro de Cuba; pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es la presencia de muchos jóvenes (al menos biológicamente) en este espectro. Un buen ejemplo podría ser la línea editorial de La Joven Cuba, quienes muchas veces han declarado la necesidad de impulsar reformas en el ámbito económico y en el político. Lo dicen sin dejar margen a la duda al referirse a quiénes sí y a quiénes no publicarán en su blog: “Así publicaremos diversas opiniones sobre un mismo tema, siguiendo la política inclusiva expresada por Fidel en “Palabras a los Intelectuales”, todo lo que no está contra la Revolución, cabe dentro de ella, y así dentro de La Joven Cuba”4.
Si Fidel Castro y su “discurso a los intelectuales” es lo que nos sirve para definir lo que es “Revolución”, difícilmente podremos decir que “revolución” es todo lo que es novedoso, justo y bueno; sino que solo nos quedaríamos con lo que es Cuba hoy: un país viejo, injusto, con destellos de humanismo, pero con muchas arbitrariedades incontestables que provienen de un problema de fondo: la desigual distribución del poder y la ausencia de un marco legal imparcial (porque solo los “revolucionarios” son iguales ante la ley). No niego el derecho de cualquier medio de comunicación, del formato que sea, de tener una línea editorial propia, pero sí me parece importante resaltar el carácter anti-democrático de esta en particular (solo para ilustrar el fenómeno político que cito).
Algunos académicos también suelen posicionarse con planteamientos similares, aunque con márgenes más amplios, aludiendo a la soberanía no como principio de respeto de fronteras por gobiernos extranjeros, sino como criterio de exclusión contra grupos o personas que promuevan agendas propias pero que persiguen, en algunos casos, el apoyo de gobiernos y organizaciones foráneas para conseguir sus objetivos. Tal es el caso de aquellos que, “a raja tabla”, desconocen la legitimidad (nos gusten más, o nos gusten menos) de posiciones que defienden estrategias y políticas de presión internacional sobre el gobierno cubano, el empleo de recursos que provienen (en algunos casos) de programas que son financiados por gobiernos extranjeros, etc.
Cualquier reforma constitucional que emerja de estas posiciones excluyentes no podrá ser profundamente democrática si desconoce, a priori, la legitimidad de estos grupos. En tal escenario, los nuevos consensos constitucionales excluirían nuevamente a una porción de la nación (aunque tal vez menor, pero igualmente relevante), sin justificación objetiva. El apoyo actual al embargo/bloqueo por parte de algunos, por más que en lo personal me enerve, me cause repulsión, y agravio, no puede ser un criterio de exclusión para, en el futuro, “dejar fuera” de la competición política a ciudadanos cubanos que tienen el mismo derecho que todas a defender sus agendas e ideas en la esfera pública y perseguir apoyos populares en una sociedad cubana del futuro.
Una transición democrática requiere que todos quepamos en Cuba bajo las premisas del perdón (y no el olvido) del pasado. Tanto aquellos que han cometido de forma sistemática graves injusticias desde el poder, como aquellos que, enfrentándose a este, han incurridos en crímenes o en posiciones morales cuestionables, tienen también que participar del país que construyamos. Otra cosa, no sería una transición democrática completa. Sin perdón no habrá República “con todos y para el bien de todos”.
Conclusiones
Resumiendo, los reformistas anti-democráticos no apuestan por una sociedad civil (real) que impulse y acompañe (en el caso de que el gobierno tuviese la voluntad de hacerlo) reformas profundas de carácter democrático en el modelo económico y político del país. Tampoco les interesa una transición hacia un modelo sociopolítico democrático donde todos podamos disfrutar de los mismos derechos y deberes. Por demás, emplean dos ejes fundamentales de exclusión (y por consiguiente anti-democráticos) para limitar el alcance de las reformas que proponen, haciéndolas insuficientes y vacías de contenido democrático; más bien llenas de oportunismo. Por un lado, y el más limitado, está el eje “revolucionario-contrarrevolucionario”, que reconoce la necesidad de reformar (o maquillar) el actual orden, pero dejando fuera a quienes no persigan (dicen que por maldad y mala fe) el anhelo de “la Revolución” que es el (más bien, “su”) socialismo y el tránsito a una sociedad comunista como proyecto central del Partido-Estado.
Por otro lado, el otro eje viene a ser el de “cubano-anticubano”, que ya no alude a la ilegitimidad de un proyecto político particular, sino a los medios que se pueden o no emplear para conseguirlos: movilización en las calles, empleo de recursos internacionales para promover agendas particulares, presión internacional, políticas que promuevan la emigración irregular, denuncia en espacios internacionales, sanciones a nivel regional, embargo o bloqueo económico al gobierno cubano, etc.
El gobierno de La Habana medió en las negociaciones entre la guerrilla colombiana (FARC) y el gobierno de ese país. Ambas partes cometieron crímenes de forma sistemática que le costaron la vida a muchos colombianos. Un acuerdo se firmó, y ambas partes perdonaron (y otros tuvieron que, al menos, fingir que perdonaban). Ahora podrán competir de forma civilizada en la esfera pública para impulsar sus agendas. Al mismo tiempo, tenemos a ese mismo gobierno de La Habana, excluyendo sistemáticamente de cualquier participación política a gran parte de la nación. Desde el otro extremo, otros tantos están dispuestos a saltarse muchas berreras morales con tal de revertir el orden actual, y construir un país sobre el rencor, en tiempos donde eso solo nos llevaría al desastre.
Otros, no mucho más democráticos y no tan lejanos al gobierno como podría a veces parecer, apoyan reformas sociales, económicas y políticas de diversa índole, pero sin un profundo contenido democrático, puesto que estas no alcanzan a pensar una Republica que “nos cobije a todos” y donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos sociales, políticos, económicos, y civiles. Si la Republica no es de todos y para todos, no es democrática, y tampoco es Republica. La correlación de fuerza no está del lado de los demócratas y de los que creemos que sí se puede tener un Estado que trabaje para toda la nación; es ahí donde debemos trabajar.
Para concluir, creo importante clarificar mi posición al respecto. Creo (y lo he expresado antes) que el gobierno cubano es un actor imprescindible en cualquier transición posible para la Cuba actual; en tanto, en las condiciones presentes (con un Estado post-totalitario y aun con cierto apoyo popular), cualquier proceso de cambio tiene que pasar por la clase política del PCC. Desconocerlo sería un error puesto que solo bloquearía la situación y desconocería, además, todo el proceso revolucionario y los consensos que consiguió en la historia reciente.
Creo, por demás, que las reformas necesarias que debemos apoyar e impulsar (porque el poder en Cuba no se animará a transformar profundamente el modelo de Partido/Estado, salvo que solo de esa forma puedan reproducir su poder), son aquellas que persigan la creación de un Estado de derecho, el establecimiento de un sistema pluripartidista, con una economía de mercado (que no es lo mismo que “libre mercado”) y con una Constitución que reconozca los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de todos los ciudadanos cubanos. Creo, además, que todos los proyectos políticos (nos gusten estos o no), que no laceren la dignidad humana, deben poder tener un espacio en la esfera pública en la Cuba del futuro. Aquellos que conservan el tino autoritario que hemos heredado, hablan (o solapan) de exclusiones a priori porque son enemigos, en el fondo, de la deliberación y la democracia.
Notas al pie:
- Referencia al trabajo: “la participación ciudadana como compromiso democrático” (2016). Revista Mexicana de Derecho Electoral; número 10.
- Ver “Temas De Sociedad Civil Cubana” pp. 18-38 Ediciones Temas (2017). Disponible gratuitamente para los subscriptores de la revista Temas en: http://www.temas.cult.cu/ediciones-temas/Todas
- Ver en “Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci” (1971), página 263
- Ver https://jovencuba.com/2018/04/01/nuestra-linea-editorial/
RANDOL dice:
Me resulta incomprensible y profundamente injusto que un articulo tan necesario como este se haya valido de La Joven Cuba para ilustrar un fenomeno del que dicho sitio web no forma parte.
Hasta hoy sigo creyendo que sacar provecho de fricciones entre patriotas es tipico de los oportunistas. Por ahi anda nuevamente Pupila Isomne, cual Gran Hermano, etiquetando y mezclando a tirios y troyanos,
Cuba Posible le debe a sus lectores una aclaracion sobre este ataque, repito, injustificado e incomprensible, hacia LJC por parte de uno de sus colaboradores.