Religiones y Estado en Cuba: Ley de Cultos sí, Concordato no.

Los trabajos publicados en Cuba Posible por Rafael Morales y, después por Roberto Veiga, plantean con lucidez y elocuencia aspectos importantes sobre la libertad religiosa en Cuba, las políticas del Estado cubano con relación a ella, y sus consecuencias. En este breve comentario discrepo de un sólo aspecto. ¿Sería deseable un Concordato entre el Estado y la Iglesia Católica? Opino que no.

La firma de un Concordato entre la Iglesia y el Estado en Cuba implicaría un retroceso para ambas entidades a la década de los 60 en un aspecto central. Durante aquella década de intenso conflicto entre Iglesia y Estado, el Estado se comportó frente a la Iglesia precisamente como si ésta fuera otro Estado, representado en La Habana por su embajador, el Nuncio Apostólico. Los asuntos importantes para la Iglesia se manejaban mediante el Nuncio, no mediante una actuación más normal encabezada por los Obispos de la Iglesia, inclusive independientemente de la ciudadanía cubana de los Obispos, en proporción creciente a medida que avanzaba la década. Esa inclinación del Estado cubano de tratar a la Iglesia en Cuba como un injerto extra-nacional es indeseable para la Iglesia, por supuesto, pero es también indeseable para el Estado cubano, ya que le nubla la visión de su propia sociedad: debería ver que son ciudadanos católicos, no “agentes” de otro Estado.

La firma de tal Concordato privilegiaría una religión sobre las demás, por un hecho eclesial y también sociológico. La Iglesia Católica posee una estructura jerárquica, con capacidades burocráticas (en el mejor sentido de esta muy-abusada palabra), que no todas las demás religiones co-existentes en Cuba poseen.

Al serle imposible al Estado cubano tratar a estas religiones de manera aproximadamente similar, este violaría un punto esencial de la Constitución de la República, es decir, el compromiso con un Estado laico. Este aspecto de la Constitución se encuentra en las constituciones cubanas a través del tiempo, y no es una peculiaridad de la Constitución vigente. La violación de la laicidad rompería, por tanto, con la tradición constitucionalista cubana, que debemos preservar en este caso como compromiso civilizador de la relación entre creyentes de diversas creencias, y entre ellos y el Estado en Cuba.

La firma de un Concordato con una Iglesia desconocería la realidad de una sociedad cubana caracterizada por la pluralidad de creencias, algunas religiosas, otras éticas aunque no religiosas, y otras personas que no se identifican con un credo o con una práctica particular y que podrían considerar que se menoscaban los derechos de ateos y agnósticos si se privilegia el mundo de lo religioso mediante un Concordato con y en un Estado laico.

Hay, por supuesto, una alternativa superior a un Concordato. Tanto Rafael Morales como Roberto Veiga la mencionan. Es una Ley de Cultos, que serviría como Ley-marco para regir las relaciones entre el Estado y diversas religiones. Esa ley sería de cubanos, por cubanos, y para cubanos. No presumiría que ningún “ser religioso” es, por ese mero hecho, “agente” de otro Estado que no sea el cubano. Esa Ley puede ofrecer oportunidades a todas las religiones que puedan proveer servicios sociales. Por ejemplo: asilos de ancianos, servicios de educación (en particular durante horas libres), acceso a medios de comunicación, etc. No todas las comunidades religiosas buscarían utilizar todas las oportunidades que brinde la ley, pero esa decisión de no acceder a los derechos plasmados en tal ley sería de los ciudadanos, de las comunidades religiosas, y no por decisión previa del Estado que privilegie a la religión A sobre la religión B mediante la firma de un Concordato.

Esa Ley-marco recopilaría y actualizaría los resultados de los cambios ocurridos durante el último cuarto de siglo en la relación entre Estado y religiones en Cuba, que incluye decisiones formales importantes de comienzos de los 90 cuando, sobre este tema, se modifican la Constitución de la República y los Estatutos del Partido Comunista de Cuba, pero sin emitir una Ley que facilite y articule las consecuencias de esas y otras modificaciones. Ya es hora de emitir una Ley que codifique y amplíe lo que ha sido una experiencia cubana más plural, más abierta, y más heterogénea que lo que fue la férrea pelea de los 60.

En resumen, Ley sí, Concordato no.