Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Sergio Bitar, quien es un destacado político e intelectual chileno.
Roberto Veiga (RV): El hemisferio cuenta con la “Carta Democrática Interamericana”, que resulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el continente. Sin embargo, el tiempo ha pasado y con el, han cambiado importantes dinámicas y desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? ¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamenales de dicho “Catálogo”?
Sergio Bitar
Sergio Bitar (SB): La Carta Democrática fue la expresión de los avances políticos tras la lucha contra las dictaduras. En la mayoría de las naciones se ha asentado la democracia representativa, los sistemas electorales funcionan, se ha extendido la cultura democrática y la voluntad de resolver pacíficamente las diferencias. Sin embargo, hoy la democracia representativa es insuficiente. La falta de participación y la desigualdad imponen nuevos retos que implican cambios institucionales, constitucionales y explicitaciones de los nuevos derechos sociales.
Los derechos básicos (como la vida, la no tortura, el exilio, la inexistencia de la prisión política, la no discriminación por raza, religión, género, etnia o nivel social), abren paso a los nuevos derechos políticos, sociales y medioambientales. El dilema es si tales derechos, especialmente la provisión de bienes públicos (salud, educación, etc.), deben estar garantizados constitucionalmente o se avanza legalmente a medida que se cuente con los recursos económicos necesarios. Sin duda, la definición y declaración de nuevos principios y compromisos de los latinoamericanos sería un paso esencial para el trabajo que se avecina.
RV: Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” demandaría un rediseño de los mecánismos de justicia, para que evolucionen hacia normas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?
SB: En las últimas décadas han surgido importantes instancias internacionales protectoras de los derechos basicos, por ejemplo: diversas instancias de la ONU y la Corte Penal Internacional. Igualmente, importantes son los acuerdos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. A medida que los sistemas judiciales de América Latina se refuercen y autonomicen, y se evite la judicialización de la política por incapacidad de los otros poderes del Estado, será más fácil iniciar una convergencia del conjunto de los países. Habrá que evitar el camino de altibajos de los acuerdos de integración económica, que en lugar de articular al conjunto se han dispersado en multiples acuerdos de libre comercio, especialmente con países de fuera de la región.
RV: Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de salud; un sistema regional para enfentrar las catástrofes; y un sistema regional de ayuda al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la región; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría tributar cada país con recuros para el desarrollo de los objetivos compartidos?
SB: Hay valores que no deben reconocer fronteras. Esos han de ser resguardados por instancias internacionales reconocidas por los Estados. En un mundo que se globaliza a gran velocidad, la cohesión regional es indispensable para reducir la vulnerabilidad de cada país ante los impactos mundiales que no controlamos. Sin embargo, la primera prioridad de cada país será fortalecer las políticas de cohesión nacional, reformas tributarias, reducción de la desigualdad y la pobreza, educación, salud, vivienda para todos y seguridad ciudadana. Hay campos donde la acción latinoamericana conjunta puede ser mas expedita: seguridad contra terrorismo, droga, bandas criminales, políticas de inmigración y derechos de los inmigrantes, acciones ante el cambio climático, becas, intercambios en educación superior, investigación científico-tecnológica conjunta, movilidad de personas, integración cultural. Considero que será necesario continuar por lo más viable, mostrar avances y así persuadir para pasar a nuevas etapas. La experiencia de la Unión Europea ayudaría a entender en qué áreas y de qué manera sería mas seguro avanzar.
RV: Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultural, educativa, académica e informátiva; así como de cualquier tipo de alineación –ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-regionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?
SB: Cuando hay mucha disparidad de situaciones entre países, una convergencia forzada puede significar incumplimientos o retrocesos importantes. La situación polaca o húngara, sin contar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, muestra los límites de un avance rápido, sin respaldo popular, y ello acontece en la región más desarrollada del planeta. Sin embargo, debemos reconocer que aunque parezca paradójico, en Latinoamérica estamos mucho más atrasados y, por tanto, en todos los campos hay espacios de integración sustantivos de beneficio colectivo. Lo importante sería alinear expectativas con viabilidad para ser capaces de mostrar éxitos y no fracasos.
RV: A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregunta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglónes, económicos que atraviesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? ¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?
SB: Soy partidario de acometer importantes facilidades de comercio, formación de empresas multi-latinas, programas educativos y de investigación conjuntos (que apunten al desarrollo de tecnologías que eleven valor agregado de los recursos naturales). El campo alimenticio es de los más promisorios para una acción conjunta. Soy más reticente a la liberalización financiera, cuando incluso los sistemas de control nacionales son insuficientes, ¡cómo no lo serían a nivel de la región! Las diferencias de políticas monetarias, cambiarias (incluso hay países dolarizados), políticas fiscales y tributarias hacen muy arriesgado la liberalización de normas en algún ámbito sin convenir las demás políticas económicas.
RV: ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debidamente controlada?
SB: Para dar nuevos pasos es muy importante afianzar los existentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son instancias muy valiosas para la defensa de los derechos de las personas y los pueblos de América Latina. Debe ser prioritario fortalecerlas por los latinoamericanos, ya que Estados Unidos, contrariamente a lo que proclama, no forma parte de ellas, como tampoco lo es de la Corte Penal Internacional. Junto con la posible creación de nuevas instituciones, también hay que constituir redes de ONG y de personas, al estilo de Médicos sin Frontera, que se adelanten al progreso de la región y empujen la creación de instituciones regionales
RV: ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? ¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?
SB: El Parlamento Latinoamericano ha sido una buena idea, pero ha tenido muy escaso impacto. Contribuye al conocimiento mutuo y a la colaboración. Sin embargo, en la medida que no se le otorguen poderes para que en cierto orden de materias sus decisiones se transformen en legislación nacional, no se avanzará mucho. En muchas naciones ha sido una larga batalla dar vigencia nacional a las convenciones y acuerdos internacionales, modificándose la legislación nacional. En tal sentido, habría que dar pasos similares para dar preeminencia a un parlamento regional.
RB: ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una creciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?
SB: El mundo que se avecina se caracterizará por más empoderamiento ciudadano y de la sociedad civil, gracias a las tecnologías y a la educación. América Latina se ha caracterizado por formas de poder concentrada en grupos económicos dominantes. A ellos se contrapone, para equilibrar, un Estado de mediano poder. La sociedad civil ha estado subdesarrollada. Un sistema sociopolítico más democrático requiere tres, y no dos, pilares para influir en el orden institucional. La gran apuesta es fortalecer la sociedad civil e ir reformando, sin pausa, las instituciones públicas para lograr más cohesión y más inclusión, más participación y más igualdad.
