Si la empresa privada es la respuesta, entonces: ¿cuál es la pregunta?


El planteamiento de que “no tiene sentido refugiarse en ilógicos eufemismos para esconder la realidad de la existencia de la empresa privada nacional” no debe ser entendido como una súbita revelación (1). Fue la reflexión más aguda expresada durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y muestra una noción que probablemente venía examinándose cuidadosamente, desde hace algún tiempo, a nivel de la dirección política y estatal del país, aunque la mayoría de los analistas no nos hubiésemos percatado de la magnitud del asunto (2).
 

Lo expresado en el VII Congreso –en el Informe Central y en los debates de las comisiones- es una noción transcendental, no tanto por la importancia económica que en sí misma pudiera tener o no la empresa privada nacional, sino porque tal planteamiento (y las circunstancias en las que se hizo) son cruciales para la comprensión de la naturaleza eminentemente política de una importante cuestión que no debería ser confundida con un simple problema económico: el funcionamiento de la producción y distribución del excedente económico -base para la ampliación del consumo y la inversión- en los marcos de un sistema socioeconómico como el que existe en Cuba.  

La pregunta clave sería entonces: ¿Cómo lograr que un sistema en el que el excedente económico es apropiado y distribuido por el Estado bajo el liderazgo del PCC, incluya incentivos para que el productor directo tienda a maximizar el excedente, en vez de que tenga incentivos para minimizarlo?

Considero que esa es la pregunta esencial a la que trata de responder –en combinación con otros componentes- la noción señalada en el VII Congreso acerca de que la empresa privada nacional debe desempeñar una función sistémica en la Cuba contemporánea. De hecho, no es una pregunta nueva, pues en realidad ha estado presente –bajo diferentes formas y grados de intensidad- en los debates económicos importantes del país desde que se declaró el carácter socialista de la Revolución cubana a principios de la década del sesenta del siglo pasado.

¿Un “antes” y un “después” del VII Congreso?


Lo que ahora sería novedoso son tres aspectos: 1) el reconocimiento explícito de que la empresa privada nacional es parte integral del sistema socioeconómico socialista de Cuba; 2) que el sistema añadiría “oficialmente” a su estructura y a sus mecanismos de reproducción económica y social una base social que estaría determinada por la propiedad privada, en una escala inédita desde 1968 (3); y 3) la posibilidad de que el empresario privado nacional pudiera funcionar –a partir de sus propios intereses- como socio político del PCC en “la actualización” del modelo.  

Estimo que solamente el primero de esos puntos ha sido explícitamente planteado hasta el momento de manera oficial, pero es poco probable que los otros dos aspectos puedan ser eludidos o pospuestos en el debate político nacional. El segundo punto ha sido abordado de un modo implícito, pero todavía de una manera muy poco desarrollada, en relación con los límites al crecimiento de la empresa privada, mientras que el tercer punto todavía no ha sido realmente considerado en las discusiones sobre el tema.
 
El VII Congreso pudiera representar un “antes” y un “después” en cuanto al enfoque oficial sobre la amplitud y la complejidad del sistema socio-económico actual de Cuba. Haberle concedido relevancia política interna al tema de la empresa privada nacional, haberlo proyectado como una muestra de pragmatismo político, haber tomado la iniciativa frente a quienes desde el exterior pudieran manipular el tema, y abordarlo de forma abierta, indicando que no existe una concepción previa que descarte la coexistencia de distintos criterios, representó un punto de partida muy favorable para avanzar rápidamente en la búsqueda de soluciones prácticas (4).

Sin embargo, en mi modesta opinión, la implementación de la indicación impartida por la dirección del PCC respecto a la necesidad de legalizar y de regular la empresa privada nacional ha procedido de manera relativamente lenta en los días siguientes al Congreso; no queda claro si el tema ha perdido algo de la propulsión inicial que tuvo durante el evento partidista de abril de 2016. La etapa inicial “educativa” del proceso, que resulta clave para la fase de “implementación” de la nueva política, apenas ha sido visible en los medios de prensa del país.

Me preocupa que una atención excesiva respecto a “la conceptualización” general del modelo pudiese desviar la atención de la cuestión, a mi juicio mucho más urgente y crucial, acerca de cómo integrar coherentemente en el seno “la actualización” lo que ya ha sido, de hecho, uno de los cambios más importantes ocurridos en Cuba durante los últimos cinco años: el rápido crecimiento de la empresa privada nacional. Los académicos –incluyendo los que han sido participantes activos en “la conceptualización”, así como aquellos que han expresado apoyo o críticas al proceso- deberíamos tomar nota del énfasis normativo que el VII Congreso ha adoptado respecto a la cuestión de la empresa privada nacional.

Énfasis político y normativo (ni académico, ni explicativo).


Es decir, no se trata, en modo alguno, de que el PCC y el gobierno cubano estén planteándose hacer una discusión conceptual detallada sobre la empresa privada nacional, sino que partiendo del reconocimiento pragmático de una realidad que ya existe y sobre la base de determinados principios regulatorios que ya habían sido “conceptualizados” con anterioridad (un marco socialista para la transformación, liderazgo del PCC, y límites a la escala de la empresa privada), lo que políticamente ha decidido el PCC es: a) indicarle al gobierno que debe actuar para concederle el estatus jurídico apropiado a la empresa privada nacional –específicamente la mediana, la pequeña y la microempresa privada (5) – y b) crear el marco regulatorio adecuado que permita que esta pueda funcionar óptimamente dentro del sistema socioeconómico vigente.

En rigor, no se ha expresado oficialmente la intención de hacer una discusión académica sobre el tema. La naturaleza de lo que habría que hacer no es descriptiva ni explicativa, sino normativa. He apuntado en otros textos que la función de la academia no puede limitarse a refrendar decisiones políticas, pero considero que en este asunto particular no se le estaría pidiendo a la academia un trabajo “confirmatorio” en el plano conceptual, sino una colaboración en el plano práctico. Opino, además, que es una extraordinaria oportunidad que los académicos cubanos pudiéramos tener para contribuir al desarrollo nacional, particularmente para aquellos interesados en maximizar las posibilidades de cambio dentro de los marcos del sistema socioeconómico vigente en el país.

La clara comprensión del énfasis normativo pudiera ser importante pues, a nivel práctico, los conceptos académicamente “precisos” aportados por las ciencias sociales en realidad casi siempre reflejan visiones de “escuelas de pensamiento”. Se trata de explicaciones que no son universalmente aceptadas y que, por tanto, son más proclives a propiciar la polémica que favorecer la búsqueda de acuerdos que faciliten la materialización de propuestas (6). Como contraste, para el trabajo normativo práctico resulta mucho más apropiado la utilización de los llamados “conceptos de trabajo” o “conceptos operativos”. No poseen la” hondura” de lo académico, pero tienen un contenido tangible que permite construir, alrededor de ellos, propuestas concretas de implementación.

Este tipo de concepto es particularmente útil para lograr consensos justamente gracias a su relativa imprecisión. Lo que pudiera ser una característica inaceptable desde el punto de vista de “hacer teoría”, puede ser una ventaja para “hacer políticas”. Muchos conceptos de amplia utilización normativa internacional, como es el caso de los conceptos de “inclusión social” o de “seguridad alimentaria”, son en realidad “conceptos operativos”. A fin de cuentas, ninguna “conceptualización” reciente del modelo podrá reescribir una realidad que asumo que nadie (o muy pocos), de entre quienes han estado “conceptualizando” el modelo, pudo prever hace cinco años atrás. Por otra parte, sería poco práctico (y políticamente complicado) tratar de hacer retroceder esa realidad. Estamos hablando de un “genio” que resulta muy difícil de ser devuelto a la “lámpara”, entre otras cosas porque es un genio muy grande.

Una realidad del tamaño de una provincia  

La empresa privada nacional cubana es una entidad real que crea empleos, paga salarios, produce ganancias y tributa impuestos, pero como todavía es una quimera jurídica pues entonces no puede ser medida con precisión. No ha sido clasificada en el sistema estadístico nacional y, por tanto, no se le calcula. Actualmente es un tipo de entidad que en las estadísticas aparece amalgamada con otros tipos de actividades en el marco de una nebulosa categoría denominada “trabajo por cuenta propia”, precisamente el eufemismo al que se hizo referencia en el VII Congreso del PCC.

Probablemente existe un solo tipo de estadística oficial que pudiera adjudicarse razonablemente a la empresa privada nacional: el número de trabajadores “por cuenta propia” que poseen una licencia para laborar como empleados asalariados. Se trata de un indicador no muy preciso, pero el más reciente informe oficial de abril de 2016 los contabilizaba en 118,693 (7). Esa cifra pudiera estar indicando que la empresa privada nacional ofrece empleo a un número de trabajadores que es mayor que todos los que laboran en las empresas estatales en sectores como la “explotación de minas y canteras” y “electricidad, gas y agua”; o que es superior al total de la fuerza laboral empleada en las entidades estatales de una provincia como Cienfuegos (8).

Estimado en cifras redondas a partir del tamaño promedio de un hogar cubano (3 personas), los salarios pagados por la empresa privada pudieran estar contribuyendo hoy a la subsistencia de aproximadamente 356,000 cubanos, un conjunto de personas ligeramente inferior a la población de la provincia de Mayabeque (9). Nada mal para un tipo de entidad económica que formalmente “no existe”.

Insisto en que no se trata de cifras precisas, sino de aproximaciones que pudieran facilitar la visualización de la dimensión de la empresa privada nacional. Cualquier crítica metodológica que pudiese contribuir a precisar esta cuantificación será particularmente bienvenida, así como cualquier otra estadística relevante que pudiese existir y que no ha sido tomada en cuenta en este texto.

El cambio en los intersticios del sistema


La empresa privada nacional ha logrado articularse con bastante fluidez entre los intersticios de un sistema socio-económico que dista de tener la coherencia que a veces se asume a priori. Se ha expandido “contra viento y marea” y el hecho de que haya sido pragmáticamente reconocida por el PCC y por el gobierno no solamente expresa una significativa capacidad de adaptación política frente a la complejidad e imprevisibilidad de los procesos de cambio social, sino que también revela un nivel de permisividad que se explica esencialmente gracias a la valoración política positiva que parece haberse hecho del fenómeno (10).

Considero que ha sido un proceso netamente favorable para la clase trabajadora cubana: ha proporcionado empleos, ingresos y estabilidad económica y política, en tiempos de crisis y de incertidumbre. Obviamente no ha sido un proceso lineal ni ha estado libre de problemas, pero en política, el balance es lo que cuenta.

La reciente decisión del PCC de reconocer la empresa privada nacional marca un notable contraste con los documentos iniciales de “la actualización”. En lo que ahora parecería haber ocurrido hace ya mucho tiempo, la propiedad privada y el empleo privado ciertamente fueron incluidos inicialmente en la agenda oficial del cambio, pero recibieron una prioridad muy secundaria. El documento “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” (2011) contiene acápites específicos relativos a la empresa estatal y las cooperativas, pero los términos “propiedad privada” o “empresa privada” no aparecen mencionados, ni una sola vez, en un texto con 313 lineamientos; en tanto las pocas referencias que se hacen al “trabajo por cuenta propia” invariablemente lo colocaban al final del listado de las formas de propiedad y de gestión.

Los grandes bloques compactos de la agenda oficial de “la actualización” han incluido componentes como la empresa estatal socialista, la planificación centralizada, las cooperativas, o la inversión de capital extranjero, áreas en las que el gobierno cubano ha invertido tiempo y recursos para apoyarlas. Nada similar ocurrió en relación con la empresa privada nacional en ninguna de sus posibles modalidades.

¿Una empresa privada nacional que no es explotadora?

La explicación sobre la explotación del trabajo asalariado por el capital, materializada en la teoría de la plusvalía, es la piedra angular de la teoría económica marxista y, normalmente, es la “gran bestia” ideológica de un partido comunista en el poder, pues marca el lindero que delimita la coherencia ideológica de sus políticas públicas. En el ideal comunista, una determinada política puede ser casi cualquier cosa, menos promotora de la explotación del trabajador. Entonces, por razones políticas muy prácticas, estamos en presencia de “un toro que hay que agarrar por los cuernos” desde el mismo inicio de cualquier propuesta que se proponga crear espacios para la empresa privada nacional en los marcos del actual sistema socioeconómico cubano.

Es uno de los dos componentes claves de cualquier “estrategia de comunicación” que el PCC pudiera diseñar para captar el apoyo de sus bases sociales y políticas respecto a la incorporación de la empresa privada nacional al sistema socioeconómico. El otro componente, pero que responde a una preocupación de carácter más político que ideológico, es el relativo al tamaño de la empresa privada.

Este segundo aspecto ya se encuentra bien definido por el PCC: la determinación de concederle un reconocimiento jurídico y un marco regulatorio a la empresa privada nacional se refiere exclusivamente a la mediana, la pequeña y la micro-empresa. Falta por definir, con precisión, los criterios que definirán tales categorías, pero ha quedado claro que serán criterios que excluyen la posibilidad de concentración de la propiedad y de la riqueza.

Concentrémonos, por tanto, en una brevísima glosa respecto a la explotación. Se trata de un tema que, con cierta intensidad, ha sido debatido teóricamente por el marxismo contemporáneo en el contexto de los cambios que condujeron a la desaparición del llamado “socialismo realmente existente” (en la antigua URSS y Europa del Este), y en relación con las notables transformaciones de los sistemas socialistas en China y Vietnam. Sin entrar aquí en muchos detalles, el tema de la explotación se convirtió en uno de los argumentos centrales de los análisis realizados por autores marxistas como Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff, quienes en esencia consideraban que el tradicional sistema soviético en realidad también era explotador. Partían de razonar que en la URSS existía una estructura de clases que era predominante capitalista teniendo en cuenta que quien se apropiaba del excedente económico no era el productor directo (11).

El argumento fue criticado por otros autores, considerándose que cualquier teorización marxista sobre la explotación no podía partir de analizar las relaciones entre clases tomando como unidad de análisis la entidad productiva (por ejemplo, la empresa). Esta posición teórica resalta que el análisis original de Marx no se concentró en quién se apropia del capital, sino en la pregunta precedente respecto a la forma social de la producción y apropiación del excedente económico, algo que no puede ser separado de las condiciones sociales (relaciones de propiedad) que constituyen el fundamento del poder que permite que se produzca una apropiación del excedente (12).

Es decir, que el excedente económico no puede ser conceptualizado independientemente de la forma social de su producción y de su apropiación. Mientras que en una economía capitalista el excedente adquiere la forma social de plusvalía (que expresa un proceso social de explotación del trabajo asalariado), en una economía socialista donde la propiedad estatal tiene un peso y funciones importantes, y donde el excedente económico es producido y apropiado por el Estado de acuerdo con criterios políticos (no mercantiles), la forma social del excedente económico no es la plusvalía. Ello significa que aun en el caso de posibles distorsiones (por ejemplo: una eventual distribución demasiado “generosa” del excedente en favor de la burocracia), la forma social del excedente no implicaría la existencia de relaciones de explotación, al menos de la manera en que se define la explotación en la teoría marxista.

En las condiciones de Cuba predomina una redistribución no mercantil del excedente económico que beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Existen insuficiencias y problemas, pero estos no implican la existencia de relaciones de explotación. Si se rechaza la entidad productiva directa (la empresa) como plataforma explicativa de la explotación (por constituir una unidad de análisis limitada), y se adopta en cambio una perspectiva social del proceso, entonces pudiera concluirse que el funcionamiento de empresas privadas (extranjeras y nacionales) en el contexto socioeconómico del país no significa que el excedente económico asuma la forma de plusvalía. El corolario es que el funcionamiento de la empresa privada en Cuba no implica la existencia de relaciones de explotación.

El emprendedor-trabajador como socio político de “la actualización”.

La empresa privada nacional ha surgido alrededor de un actor económico relativamente atípico, pues no han sido los emprendedores capitalistas clásicos (que esencialmente no existían en Cuba), quienes han conducido el proceso, sino un tipo de actor al que pudiera denominarse emprendedor-trabajador. En su mayoría se trata de personas que fueron asalariados estatales hasta hace poco tiempo y que, por diversas circunstancias y con diferentes medios, reencauzaron sus vidas en el contexto de la creciente diversificación de la sociedad cubana (13). De hecho, se trata de un actor económico que debe adquirir mayor importancia en la medida que “el perfeccionamiento” de la empresa estatal implique “racionalizaciones” de las plantillas de empleados.

El emprendedor-trabajador es un actor económico que se ocupa de actividades socialmente útiles y, por tanto, se excluye de esa categoría a aquellos que se han dedicado a actividades que pudieran ser consideradas como actos delictivos por parte de la mayoría de las legislaciones del mundo. Queda claro que la reciente decisión de legalizar la empresa privada nacional y el establecimiento de un marco regulatorio coherente no resolverá directamente muchos problemas que hoy pudieran existir en relación con el funcionamiento de los mercados privados en Cuba, incluyendo las ilegalidades y los posibles abusos contra el consumidor; pero sin dudas tal marco regulatorio puede sentar importantes bases para avanzar en las soluciones de esos problemas.

La creación de regulaciones efectivas, acompañadas de la infraestructura que las apoye (por ejemplo: mercados mayoristas eficientes) tendría previsiblemente un efecto positivo en cuanto a reducir trastornos sociales como el “desvío de recursos” o la “receptación”. La mediana, la pequeña y la micro-empresa privadas encontrarían incentivos fuertes para operar dentro de un marco regulatorio que las pudiese beneficiar. Dadas las vulnerabilidades inherentes asociadas a sus escalas, ese tipo de empresas no puede darse el lujo de funcionar al margen de la ley. En ninguna parte del mundo la ilegalidad permanente es un parámetro racional del funcionamiento de la inmensa mayoría de las medianas, pequeñas y micro-empresas (14). El afianzamiento de esos incentivos de la empresa privada nacional a partir de la decisión adoptada por el PCC tendría un efecto positivo -que trascendería con creces lo económico-, pues impactaría favorablemente una cultura de trabajo y de respeto a la ley, con beneficios en el plano social y político.

La relación del mediano, el pequeño y el micro-empresario privado con la estabilidad económica, social y política del país tiene un carácter doble. De una parte, esos actores económicos necesitan estabilidad para poder operar y, por tanto, pueden tener poderosos incentivos para funcionar como socios políticos de las entidades (partidos y gobiernos) que sean capaces de asegurarles ese marco de funcionamiento básico que necesitan. De otra parte, al contribuir a la mejoría de la vida de muchos ciudadanos aportan estabilidad económica, social y política. Poder contar con una nueva base social que sea capaz de contribuir a “entregar” estabilidad en medio de una creciente diversidad social pudo haber sido uno de los factores que evaluó el PCC a la hora de considerar el reconocimiento explícito de la empresa privada nacional.

Estoy consciente de lo polémica que resulta la afirmación que haré a continuación, pero considero que es importante tratar de abordar la política nacional con claridad. En términos de innovación económica y social, las medianas, las pequeñas y las micro-empresas privadas son “revolucionarias” (en el sentido de su radicalidad respecto al status quo), pero desde una perspectiva política, los actores que las conducen tienden a asumir posiciones moderadas en el sentido bien delimitado de no favorecer procesos políticos rupturistas que puedan afectar la estabilidad que necesitan para operar. Ese punto, quizás, no haya pasado inadvertido para un partido político como el PCC, versado en una literatura marxista que, de manera consistente, ha expuesto al talante moderado de la pequeña burguesía en relación con la transformación social radical (15).  

La política como el arte de lo posible

Los cambios parciales que gradualmente han tenido lugar en los intersticios que han existido entre los grandes bloques de “la actualización”, pudieron haber tenido efectos acumulativos en la manera de enfocar la política económica. Por ejemplo, las regulaciones para el ejercicio de la actividad privada pasaron muy rápidamente –en apenas cinco años- de ser discusiones nimias acerca del límite de sillas autorizadas a los restaurantes privados, a una situación en la que oficialmente ha decidido regularizarse la empresa privada nacional que ha emergido en el contexto de “la actualización”. Es un reconocimiento basado en la dinámica real de una empresa privada que se expande continuamente, que se ha convertido en el único creador significativo de nuevo empleo neto del país, que proporciona ingresos y salarios de los cuales depende el bienestar de miles de cubanos y que, por tanto, contribuye de manera notable a la estabilidad política del país.

Aunque es un proceso que todavía está pendiente de ser sometido a un análisis riguroso, parecen existir indicios de que el gobierno cubano pudo haber percibido durante el periodo 2011-2016 que existen determinadas áreas donde paulatinamente han emergido coincidencias entre la agenda oficial de una parte, y el cambio impulsado por una incipiente, pero muy dinámica, empresa privada nacional.

De hecho, existe una coincidencia esencial entre la empresa privada nacional y un objetivo central del PCC y del gobierno: la máxima movilización posible de las fuerzas productivas de país. Me parece importante destacar el punto porque cuando la empresa privada alcanza determinada escala, tal coincidencia –que tiene efectos prácticos positivos para miles de personas- adquiere mucho más peso que otros temas que quizás pudiesen preocupar al PCC.  

El ejercicio de la política involucra ideas y principios, pero es esencialmente un proceso espoleado por consideraciones prácticas. Todo parece indicar que el PCC tomó debida nota de que apoyar los cambios ocurridos en los intersticios de “la actualización” era una decisión estratégicamente importante.

Notas:

1.    Raúl Castro Ruz. Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista Cuba. 16 de abril de 2016.

2.    En buena medida porque no existió el tipo de información pública que hubiese permitido apreciar la importancia que se le concedería al tema durante el VII Congreso del PCC. La revisión de la documentación disponible públicamente indica la clara exclusión de cualquier información sobre el tema en los reportes publicados sobre tres importantes eventos políticos que precedieron al congreso: a) las discusiones del parlamente cubano durante el VI Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2015; b) la evaluación que en enero de 2016 hizo el XIII Pleno del Comité Central del PCC de los documentos que serían presentados al VII Congreso; y c) los debates preparatorios del congreso reportados por el periódico Granma en el artículo publicado el 27 de marzo de 2016 bajo el título “A menos de un mes del Congreso del Partido”. Adicionalmente, resulta muy significativo el hecho de que la información publicada apenas cuatro meses antes del congreso acerca de la preparación de una nueva ley de empresas que se aspira estrenar en 2017 no haya hecho ni una sola mención a la empresa privada nacional. Ver, Ledys Camacho Casado, “Nueva Ley de Empresas en la actualización del modelo económico cubano”, Semanario Opciones. 3 de diciembre de 2015. 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-03/nueva-ley-de-empresas-en-la-actualizacion-del-modelo-economico-cubano/    

3.    Se refiere al año en que se implementó la llamada “ofensiva revolucionaria” que eliminó miles de pequeñas empresas privadas.

4.    El reporte periodístico de las discusiones de la Comisión 3 del VII Congreso –centrada en analizar la implementación de los Lineamientos y su actualización para el periodo 2016-2021- ofrece una idea de la diversidad de opiniones que existen sobre el tema. Ver, Lissy Rodríguez Guerrero y Karina Marron, “Actualizar sin alejarse de la esencia de nuestro sistema social”, Granma, 17 de abril de 2016. 
http://www.granma.cu/septimo-congreso-del-pcc/2016-04-17/actualizar-sin-alejarse-de-la-esencia-de-nuestro-sistema-social-17-04-2016-02-04-19 

5.    La cuestión de la gran empresa privada nacional no ha sido planteada como parte de la agenda de “la actualización”, excepto en términos de una proposición negativa: no se admitirá tal tipo de empresa como resultado de la concentración de la propiedad derivada del funcionamiento de la mediana, pequeña y micro-empresa privada.

6.    La polémica es totalmente funcional para el debate académico. También es funcional para algunas fases del ciclo de las políticas públicas (por ejemplo, “definición de la agenda” y “evaluación”) pero no necesariamente para la fase de “implementación” de las políticas.

7.    Cubadebate. “Cuba supera el medio millón de cuentapropistas”. 30 de abril 2016.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/30/cuba-supera-el-medio-millon-de-cuentapropistas/#.Vyiw8WdXpaQ. El artículo reseña un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El indicador presenta un problema de doble conteo a nivel del cálculo del empleo total (incluidas todas las formas de propiedad y de gestión) ya que una parte de esas personas pudieran también ser empleados de entidades estatales. Ello implicaría que al menos una parte de los “trabajadores contratados” en empresas privadas no recibirían sus ingresos exclusivamente de su trabajo en las empresas privadas.

8.    Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).Ver Tabla 7.3 “Ocupados por clase de actividad económica”, Capítulo 7 “Empleo y salarios” del Anuario Estadístico de Cuba 2014 (Edición 2015) 
http://www.one.cu/aec2014/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf; y Tabla 6.1 “Promedio de trabajadores en entidades estatales por actividades económicas”, Capítulo 6 “Empleo y salarios” del Anuario Estadístico de Cienfuegos 2014 (Edición 2015) http://www.one.cu/aed2014/27Cienfuegos/06%20Empleo%20y%20Salarios.pdf

9.    Se asume un tamaño promedio del hogar de 2.94 personas. Cálculo del autor basado en la “Tabla II.12 “Hogares censales en viviendas particulares por total de población, tipos de hogar y cantidad de familias nucleares según zona de residencia y tamaño del hogar”, Censo de Población y Viviendas 2012. Oficina Nacional de Estadística e Información(ONEI).
http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/54_tabla_II_12.pdf 

10.    El punto es importante pues no parece verosímil asumir que, en un sistema político y estatal como el de Cuba, la expansión de la empresa privada nacional no fuese detectada desde sus inicios, o que se hubiese adoptado una postura de permisividad en caso de haberse evaluado como un fenómeno políticamente perjudicial. Por el momento, no existe evidencia empírica concreta para validar una conclusión firme al respecto, pero hipotéticamente parece más racional asumir que el PCC y el gobierno identificaron tempranamente el fenómeno, lo evaluaron minuciosamente, y concluyeron que se trataba de un proceso positivo.  

11.    Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff. “State Capitalism in the USSR? A High-Stakes Debate”, Rethinking Marxism, Summer 1993, Volume 6, Number 2. Ver también de estos autores, “Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR”. New York and London. Routledge. 2002.

12.    Clarke, Simon (2004), ‘Resnick and Wolff’s Class Theory and History’, Research in the History of Economic Thought and Methodology. A Research Annual, 22–A: 355–63.

13.    El hecho cierto de que los medios y recursos que han permitido el funcionamiento del emprendedor- trabajador pudieran ser muy diversos no modifica el punto esencial de que no formaban parte con anterioridad de una clase capitalista nacional

14.    Obviamente no me refiero a las empresas criminales involucradas en hacer ganancias a partir de la trata de seres humanos, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, la extorsión, o el robo, entre otras actividades delictivas.  

15.    Es muy conocida la expresión de Carlos Marx acerca de que “la pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad; su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa”. Ver, Carlos Marx, “Circular del Comité Central a la Liga Comunista. Marzo de 1850”. De todas maneras, me parece conveniente anotar que esa expresión muchas veces se saca de contexto en las discusiones sobre el tema.

Sobre los autores
Pedro Monreal González 55 Artículos escritos
(Guantánamo, 1958). Especialista del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana (1999). Estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California (USC), La Jolla, Estados U...
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