Soñando el Parlamento cubano

Foto: Elecciones.discovercubaus.com

En la búsqueda actual para perfeccionar el desempeño de la Asamblea Nacional, ¿cuál considera que debería ser el rol más destacado, o los roles más destacados, del Parlamento, dentro del entramado de instituciones de poder del Estado?

Lennier López, sociólogo

Lennier López: El modelo político cubano carece de una separación real e incluso legal de los poderes del Estado. Esto se ha justificado muchas veces desde la perspectiva de que es la democracia capitalista de mercado la que necesita —y por necesidad histórica implementa— esta separación de poderes o modelo de súper-estructura. La realidad, sin embargo, nos indica que la independencia de poderes es necesaria también en nuestra sociedad porque evita autoritarismos, injusticias, falta de transparencia y acumulación de poder en pequeños grupos que pueden llegar a controlar o influir de forma significativa sobre todo el aparato del Estado y sus instituciones. De acuerdo a nuestra Constitución, la Asamblea Nacional es el máximo poder del Estado; sin embargo, en la práctica sabemos que es el Consejo de Ministros quien más influencia tiene sobre el aparato del Estado.

Es indispensable que tengamos un Parlamento que, como poder legislativo, sea independiente a los demás poderes. Nuestra Constitución atribuye a la Asamblea roles que creo deben ser, efectivamente, de su competencia. El rol central de un Parlamento es precisamente legislar; esto es, proponer, aprobar, modificar y rechazar leyes y decretos. Nuestra Constitución le da el más importante rol a este poder legislativo e incluso le otorga poderes que no debiese tener; tal es el caso de la supeditación del poder judicial a la Asamblea, algo que atenta contra la autonomía judicial. Del mismo modo, ni la Asamblea ni el Consejo de Estado ―al cual la Constitución también le atribuye esta competencia en uno de los incisos de su artículo 90― deben ser quienes declaren la inconstitucionalidad de las leyes que promulgue la propia Asamblea Nacional. En cualquier caso, debiese ser alguna institución que funcione dentro del espacio de alcance de la ley en vigor, quien proceda a demandar la derogación o modificación de tales o más cuales leyes. Esto debe hacerse a través del órgano judicial de la jurisdicción correspondiente, y en caso de ser necesario, las disputas deberían además poder llevarse a la máxima instancia judicial del país: el Tribunal Supremo.

Las comisiones de trabajo dentro de la Asamblea Nacional son un elemento clave para que nuestro poder legislativo trabaje eficientemente. Tales comisiones deben estar estructuradas por grupos multidisciplinarios, y no deben estar limitadas a sus miembros internos. Las comisiones de trabajo, en muchos casos, pueden necesitar la ayuda de grupos investigativos ajenos a la Asamblea, para evaluar con mayor eficacia disímiles contextos, estructurar legislaciones consecuentes con la realidad y medir su posterior impacto. Estos grupos de trabajo deben estar habilitados para acceder, a través de procesos transparentes, a la contratación de equipos de investigación en los casos necesarios.

Mónica Baró, periodista

Mónica Baró: Considero que el rol principal que la Asamblea Nacional debería desempeñar es el rol legislativo. Con constancia y no esporádicamente. La presentación de proyectos de leyes y reformas debería ser una práctica permanente de los diputados. Algo que dinamizara y definiera su vida parlamentaria, que les colocara en interacción con la sociedad civil, que influyera en las agendas públicas y promoviera debates. Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen posibilidades múltiples para incentivar la participación y el intercambio del diputado con diferentes actores sociales, con estudiantes, trabajadores, jubilados, delegados de circunscripciones. Hace falta más creatividad, osadía y formación política.

No obstante, sería ingenuo creer que el problema radica en la capacidad, disposición o compromiso de cada diputado. No se solucionarían los problemas reemplazándolos. La estructura organizativa de la Asamblea Nacional, la lógica en que se fundamenta, también influye decisivamente en el sedentarismo que muestra dicha institución. Ni la cuota de poder de cada diputado resulta suficiente, ni las condiciones y mecanismos que existen favorecen el ejercicio de esa cuota de poder insuficiente. Y ahí hay que tener en cuenta variables tan importantes, aunque subestimadas, como el tiempo del que dispone cada representante del Poder Popular para hacer política.

Claro que lo primerísimo sería definir, quizás cambiar, el rol del Consejo de Estado. Si el Consejo de Estado continúa de cierta manera legislando, asumiendo el rol protagónico, entonces la Asamblea continuará como actriz de reparto, en el mejor de los casos.

Roberto Peralo, profesor universitario y bloguero

Roberto Peralo: El desempeño más importante del Parlamento ha de constituirse en el diseño y aprobación de las leyes, y en asegurar que el gobierno las cumpla con eficacia. Por otro lado, este quehacer demanda que el Parlamento no sesione solo dos veces al año, sino que debiera ser un trabajo permanente. Del mismo modo, tal vez sea pertinente evaluar además la necesidad de transferir las prerrogativas del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional.

Alexei Padilla: En primer lugar, es necesario que la población conozca cuáles son las funciones del actual Parlamento, la forma en que funciona y el modo en que sus integrantes son elegidos. Esa es la premisa para entrar en un debate crítico y propositivo que conlleve a los cambios que precisamos.

Alexei Padilla, comunicador social

El presente y el futuro exigen de un poder legislativo capaz de marchar al ritmo de las transformaciones que el país y el mundo enfrentan cada día. No creo que, sesionando solo unos días al año, la Asamblea Nacional consiga discutir proyectos de ley, modificaciones a las normas vigentes, recepción de iniciativas populares que pudieran convertirse en leyes. Por otro lado, si bien el Parlamento cubano es representativo de los diferentes sectores de la población, no lo es de las diversas ideologías y posicionamientos políticos presentes en la sociedad cubana actual, ni de los intereses de todos los individuos y colectividades. La sociedad civil actual es más que las tradicionales organizaciones de masas y sociales, y otras legalmente reconocidas.

Considero que el principal rol del Parlamento debe ser trabajar con la celeridad necesaria en el diseño, la discusión y la aprobación de las normas legales que Cuba necesita para garantizar su desarrollo económico y social. En segundo lugar, debe ser la contraparte y el fiscalizador de la actividad del poder ejecutivo y no un simple ratificador de los decretos leyes emitidos por el Consejo de Estado, de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, y cumplidor de la voluntad del Partido. Debe ser un foro abierto a la ciudadanía para que esta pueda acudir a escuchar lo que discuten sus representantes y cuando sea posible interactuar con los diputados para llevarles sus propuestas, preocupaciones, quejas, etc. Sin embargo, cualquier modificación debe pasar por el análisis del rol del Partido Comunista de Cuba como fuerza superior dirigente del Estado y la sociedad.

Raudiel Peña, abogado

Raudiel Peña: Para perfeccionar el desempeño de la Asamblea Nacional del Poder Popular (en lo adelante ANPP), creo que deberá manifestarse más ampliamente en la praxis política su condición de órgano supremo del poder estatal en Cuba. La Constitución cubana le reconoce esta condición en su artículo 69, y consigna que representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Como parte de sus atribuciones tiene, entre otras, decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales; revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado; ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado; así como conocer y evaluar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuentas que le presenten el Consejo de Estado y otros órganos (artículo 75 incisos c, ch, p, y q, respectivamente).

Con vistas al nuevo entorno constitucional anunciado, ya sea mediante una reforma total del actual texto o la adopción de uno nuevo, considero que todas las prerrogativas antes mencionadas deberán permanecer en manos de la ANPP. El reto estará en fortalecer su papel en el desempeño de las mismas y convertirla en un Órgano más activo en la protección de la legalidad, el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas, así como de la actividad de los demás órganos estatales. No hay cabida para nada que afecte el protagonismo político que le toca tener a la ANPP en tanto reservorio de la soberanía popular, principio rector del sistema político cubano por mandato expreso del artículo 3 constitucional.

Soy del criterio que para lograr todo ello, y si se quiere ser consecuente con el discurso político que clama por un rescate de nuestra institucionalidad, resulta vital convertir a la ANPP en un órgano más proactivo en términos de producción legislativa. Con esto último quiero decir que será necesario ponerla en función de regular, mediante leyes, determinadas cuestiones que hoy se regulan a través de decretos-leyes, decretos, e incluso, resoluciones ministeriales.

En este sentido, se hace necesario definir con rango constitucional una Reserva de Ley, o sea, un conjunto de materias sobre las cuales solo podrá emitir disposiciones normativas (en este caso leyes) la ANPP. De esta forma, se conservará un espacio para que sea el máximo órgano de poder quien establezca las pautas generales al respecto, con la correspondiente elevada cuota de legitimidad que ello supone, considerando que sus miembros son electos mediante voto popular.

¿Cómo debería redimensionarse el quehacer del “diputado, en tanto autoridad que debe representar a la vez, y armonizar en la mayor proporción posible, los objetivos e intereses generales y los objetivos e intereses de los ciudadanos electores? ¿Cómo debería ser la relación de cada “diputado” con la ciudadanía de la localidad donde fue electo?

Lennier López: El Diputado en el Parlamento es un representante de sus electores en el ámbito nacional. Él o ella, deben garantizar que el conjunto de sus electores tengan voz en el Gobierno nacional y represente por tanto sus intereses. A su vez, los diputados deberán trabajar por los intereses nacionales que, ciertamente en algunas circunstancias, pueden estar en disonancia con los intereses de la localidad a la que representan.

Es, entonces, un proceso de dos vías, donde por una parte el parlamentario lleva la voz de su electorado a las estructuras nacionales del Estado, y por otra tendrá que, en algunos momentos, convencer a quienes representa de la necesidad de apoyar medidas que pueden ser necesarias para el conjunto de la nación, pero afectan a la comunidad que le eligió. En última instancia debiesen ser los electores quienes, una vez culminado el período de sus representantes, decidan si el trabajo encomendado fue cumplido satisfactoriamente.

La relación de los diputados con su electorado debe ser principalmente a través de dos vías: la prensa y a través del intercambio directo con sus electores; ya sea en eventos, espacios institucionales del Estado preparados para ello, o simplemente en el contacto informal y espontáneo. Nuestra clase política no tiene casi contacto con la prensa, y cuando lo tiene la prensa juega un rol complaciente (solo hay escasas excepciones en algunos programas radiales como “Alta Tensión” en Villa Clara, etc.). La prensa debe, cuando menos, inquietar a nuestros políticos y satisfacer a su audiencia, a la gente común que busca respuestas y no eufemismos ni laberintos justificativos que dan vueltas en círculo y no llegan a ninguna parte. Las ruedas de prensa deben ser parte de la agenda de los diputados.

Además de esto, es imprescindible que redimensionemos nuestra manera de entender el trabajo de un diputado. De acuerdo a nuestra Constitución los miembros de la Asamblea Nacional no tienen ningún privilegio por serlo. Sin embargo, ser retribuido por el esfuerzo, dedicación, y trabajo a favor de la comunidad y la nación no sería, en modo alguno, un privilegio. En cualquier caso, privilegio es concederle prioridad formal o informal a alguien en cualquier proceso institucional por encima de cualquier otro ciudadano. Un adecuado incentivo económico es necesario no solo para que nuestros políticos se esfuercen más, sino una herramienta que nos permitirá exigirles más. La política debemos entenderla como una profesión más, la profesión de servir y gestionar el poder otorgado temporalmente por un electorado.

Mónica Baró: Lo primero que habría que redimensionar es la concepción que tiene cada diputado de sí mismo, de su rol, de su responsabilidad, de la Asamblea Nacional, del objeto de su deber. Si los diputados no creen en su autoridad, no pueden ejercerla. La autoridad, además, no es algo que se impone, sino que se construye en la medida en que esos ciudadanos electores sienten, ven, leen y escuchan que defienden sus intereses; en la medida en que esa defensa constante de sus intereses se traduce en cambios concretos en su cotidianidad, en mejoramiento de sus condiciones de vida y de su comunidad.

Desde luego, para que un diputado conozca qué intereses defender, necesita no solo ser parte de una comunidad, simplemente habitarla, sino propiciar espacios permanentes de diálogo. La nación empieza en la comunidad, incluso en cada familia. No hay manera de representar con justicia la nación si no se conoce y representa la parte de la nación donde se vive. Si se entiende la nación en esa complejidad, incluyendo no solo las distintas comunidades sino también las distintas generaciones, culturas, religiones, profesiones, identidades sexuales, entonces los intereses de la nación coincidirán con los intereses de todas y todos. No sería necesario conciliarlos porque no habría ruptura en primer lugar. Los asuntos que conciernan y alcancen a una localidad específica deberían poder solucionarse en esa localidad, así no tendrían que trascender a la Asamblea Nacional. Quizás si las Asambleas municipales y provinciales tuvieran mayor autonomía en sus territorios, un diputado no tendría que esperar a una sesión del Parlamento para exponer problemáticas que podrían haberse resuelto en su territorio.

Creo que pensar en transformaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular implica pensar en transformaciones en todos los niveles. El Parlamento cubano reproduce muchos de los vicios que se perciben en las Asambleas municipales y provinciales. Aunque cumplen distintas funciones, presentan deformaciones y comportamientos políticos muy similares. Generar un cambio solo a nivel nacional sería muy insuficiente si no se generan cambios en las estructuras locales del Poder Popular. Y eso significa, esencialmente, revolucionar tanto el sistema de participación institucionalizado, como las maneras en que hemos aprendido y enseñamos a participar. La representación es tan solo una parte del Poder Popular. Una parte muy visible, un reflejo limitado de realidades más profundas. No se cambia una realidad cambiando sus reflejos. Aunque parezca de pronto una espiral inacabable, para que la Asamblea Nacional cuente una historia diferente, hay que cambiar los hechos, la historia misma, que debe protagonizar la gente.

De repente esto podría parecer que no tiene nada que ver, pero yo siento que en esa relación hay una clave: ¿cómo podemos lograr un Parlamento más legítimo, más parecido a la gente, con más autoridad, si no se reconoce el derecho de la gente a asociarse en torno a una causa o proyecto en otros espacios y con otra imaginación que no sea la imaginación institucionalizada?

Roberto Peralo: Sería fundamental que el diputado siempre fuera un profesional en su desempeño, con capacidad para dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesarios en la concreción de una labor efectiva. Por otro lado, los diputados que representen una demarcación geográfica, quizás deban de residir en la misma, y en todo caso deberían convivir con y/o en ese territorio. Asimismo, sus actividades y gestiones deberían ser de conocimiento público, y el electorado debería tener todas las garantías necesarias para observar la transparencia de su labor, así como acceder al diputado en todo momento. En tal sentido, se requiere desarrollar la revocación de mandato, entendida como un elemento imprescindible que se aplique no solo a los diputados, sino también a todos los cargos de elección popular. Por otra parte, necesitamos estudiar, debatir y comprender muy bien cuáles podrían ser las dinámicas de interacción entre los diputados y los electores, los municipios y provincias.

Alexei Padilla: Los candidatos a diputados deben hacer política y no limitarse a la publicación de una escueta biografía que nada dice de las propuestas que llevarían al Parlamento si resultan elegidos. No veo sentido en votar por personas que ni siquiera viven en el municipio por donde han sido postulados. Si ellos representan a determinadas organizaciones sociales, instituciones científicas, académicas, culturales, etc., pues deberían crearse mecanismos para que los integrantes de esas organizaciones elijan a sus representantes sin que estos tengan que ser insertados en circunscripciones en las que nunca han puesto un pie y, por tanto, no se sienten identificados, aunque el discurso pueda sugerir otra cosa.

Del mismo modo que los delegados, los diputados deberían tener más contacto con sus electores, rendir cuentas de su labor en favor de la comunidad que representan, y llevar al Parlamento sus inquietudes, aunque estas no siempre coincidan con intereses provenientes de la “vanguardia” política. ¿Acaso fueron escuchadas por sus diputados las personas que se opusieron a la construcción de exclusivos campos de golf y la introducción de cultivos genéticamente modificados? La comunicación entre diputados y electores no se puede restringir a episódicas asambleas. Las tecnologías actuales pueden ser utilizadas para ampliar ese intercambio, pero falta acceso y, sobre todo, la disponibilidad de los actores políticos a someterse al escrutinio público.

Raudiel Peña: Quisiera comenzar, si se me permite, por la segunda de las interrogantes. Para mí está claro que la relación diputado-ciudadanía, entendida esta como sus electores, debe ser lo más estrecha posible. Con esto quiero decir que deberá existir el contacto más amplio y cotidiano que se pueda entre ambos, con el objetivo de refrescar la relación del representante con su base electoral. Podría contarse para ello con instituciones como la rendición de cuentas y su complemento, la revocatoria de mandato; ambas ya reconocidas en Cuba. En el caso de la primera deberá rediseñarse de forma tal que obligue al diputado a brindar información sobre su quehacer, a justificar el mismo y que, de no poder hacerlo, sea sancionado para terminar la relación con sus electores.

Sobre este último aspecto es que viene a ser un elemento clave la revocatoria de mandato, con respecto a la cual solo señalaré una de sus deficiencias, que a mi juico resulta fundamental. En nuestro modelo actual esta no puede ser ejercida directamente por los electores contra los diputados de la ANPP, los que solo pueden ser revocados por la Asamblea del municipio por el que fueron electos. Por tanto, para lograr esa cercanía que todos queremos está claro que se necesita fortalecer estas instituciones, así como reconocer y desarrollar otras que nos puedan acercar a nuestros diputados.

Respecto a la primera pregunta creo que resulta sumamente interesante y a la vez compleja de responder. Redimensionar el papel de los diputados en la Cuba de hoy, y con vistas a la del mañana, es algo crucial. Como todos sabemos, nuestros diputados no son políticos profesionales, por lo que no se desarrollan cotidianamente como tal. De ahí que, para hacerlos más proactivos en su desempeño como representantes populares, se requiere de más y mejor capacitación sobre las problemáticas estructurales de nuestra sociedad. Ese es un primer paso necesario.

También creo que se requiere fortalecer y ampliar la cultura del debate y de la disidencia en el seno de la ANPP. No podemos seguir pensando que estar en desacuerdo con la mayoría es algo malo. Cuando esto pasa a menudo hay intereses de minorías que no se expresan adecuadamente, y por tanto se sacrifican expectativas puntuales con tal de mostrar armonía respecto a los objetivos generales. El diputado en Cuba, como en casi todo el mundo, es representante de sus electores, y por tanto debe exponer los intereses de estos y velar porque los mismos sean tenidos en cuenta en el diseño de la vida pública nacional. Mientras mejor preparado esté mayor será su capacidad de crítica y análisis, así como su capacidad para exponer y defender con más claridad y profundidad las aspiraciones de su electorado.

¿Cómo podríamos desarrollar la manera de nominar y elegir a los “diputados” cubanos?

Lennier López: En escenarios políticos donde hay pluripartidismo los candidatos a puestos parlamentarios o congresistas son elegidos o bien de forma directa por los líderes del partido o bien a través del voto directo de los miembros del partido en la región. En un escenario unipartidista como el nuestro no resultaría ni justo ni eficaz que la nominación de diputados se realice a través del PCC dado que todo aquel que no es miembro de ese Partido queda automáticamente excluido de la lucha legítima por el poder y la puesta en marcha de su agenda para la ciudadanía.

La manera más simple sería que cada cual se nomine a sí mismo y se presente ante su municipio o provincia como un actor capacitado para gestionar efectivamente los recursos del espacio administrativo que representará en caso de ser elegido. Hay, sin embargo, una alternativa que resulta interesante valorar, al menos superficialmente. De acuerdo con Durkheim, sociólogo francés, las sociedades modernas experimentan un crecimiento continuo en la división del trabajo, y por tanto, la diferenciación social es, en última instancia, resultado de esta división del trabajo. Finalmente, el Estado moderno, siguiendo esta idea durkheimiana, deberá ser la expresión y la representación de las diferentes ocupaciones o especializaciones que se organizan en lo que hoy conocemos como “Labor Unions” o Sindicatos. Esto, llevado al plano de nominación de los diputados, podría llevarnos a un escenario donde nuestros diputados puedan ser nominados (o auto-nominarse) y elegidos por sindicatos. Finalmente, la totalidad de electores de un Municipio o Provincia eligen, de entre los nominados por cada Unión, cuáles serán su(s) Diputado(s) a la(s) Asamblea(s).

Lo más deseable es que la gente elija programas, y no carisma, siguiendo la idea de racionalización de Weber. Es aquí donde los medios de comunicación deberán ser certeros a la hora de no personificar demasiado los programas que cada nominado presenta como hoja de ruta para gestionar el poder que en última instancia recae sobre sus electores. Una ley de medios que tenga este elemento en consideración podría ser de mucha ayuda.

Lo más importante, entiendo yo, es que cada representante, de cualquier división administrativa, debe ser elegido por la totalidad de personas, con capacidad de elegir, a las que representará en su puesto dentro del aparato del Estado. Tanto los miembros de las Asambleas Locales, como los de la Asamblea Nacional, deberían ser elegidos directamente y cada elector debe representar un voto. Para conseguir esto, salta a la vista que necesitamos una reforma en nuestro sistema electoral.

Mónica Baró: Habría que empezar por cambiar los criterios a través de los cuales se nomina a un diputado. En la Asamblea Nacional no debe necesariamente estar la gente más obediente, con más diplomas o méritos profesionales. En la Asamblea Nacional debería confluir gente que, ante todo, quisiera y supiera hacer política y tuviera claro el sentido de servicio público de un diputado, su deber con el presente y futuro de la sociedad cubana.

Alexei Padilla: Es pertinente recordar que Cuba no escapa de la falta de credibilidad que sufren las formas de representación política tradicionales. No se trata de hacer una copia al carbón de las experiencias existentes en países, pero tampoco ignorar lo positivo de estas. Si bien el 50 por cierto de los diputados de la Asamblea Nacional son delegados elegidos en la base, el otro 50 por ciento debería ser postulado en asambleas con la participación de la mayoría de los afiliados a las organizaciones que dicen representar. En todo caso, las propuestas deberían salir de la base y no designadas por los dirigentes de esas entidades.

Por otro lado, estos dos modos de nominación no deberían negar que la comunidad postulase personas con capacidad, propuestas y cualidades políticas que no sean ni delegados del Poder Popular, ni notables miembros de alguna de las organizaciones de masas o sociales, pero que tengan el apoyo de una comunidad o de un grupo, interesados en estar representados en el Parlamento. En este caso, pienso en integrantes de proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente, a la defensa de los derechos de la comunidad LGTB, etc.

Igualmente, las elecciones generales deben ser un proceso competitivo, lo que significa que el número de candidatos debe superar la cantidad de curules de la Asamblea. De lo contrario, más que una elección, parece una ratificación porque la posibilidad de no ser electo es mínima, máxime cuando los medios oficiales incitan al voto unido; o sea, a elegir a la totalidad de los candidatos que se presentan. En tal sentido, los procesos de nominación deberían estar precedidos por debates donde los candidatos puedan demostrar las ventajas o no de votar por unos o por otros. Por último, considerando que el presidente del Consejo de Estado es elegido entre los diputados, debería existir además un mecanismo que permita a los electores la ratificación o no de esa(s) propuesta(s).

Raudiel Peña: Sobre este punto soy del criterio de que el reto fundamental está en desarrollar la manera de nominar a los candidatos a diputados. En el tema de su elección considero que está bastante claro que debe ser mediante el voto directo, libre y secreto de la ciudadanía. Solo agregar que se hace necesario extender esta forma de elección al Presidente, Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Estado, algo de lo que desde hace mucho tiempo se ha venido debatiendo a nivel nacional.

Ahora bien, es harto conocido el hecho de que hoy la nominación de los candidatos a diputados parte de la actividad que desarrollan las Comisiones de Candidatura a los diferentes niveles. Estos órganos han funcionado y funcionan en la actualidad como filtros políticos, con el objetivo, declarado oficialmente, de lograr la representatividad de todos los sectores sociales en la ANPP. También, y esto es algo que no debemos desconocer, han operado como una garantía de que solo sean electos para integrar el máximo órgano de poder, quienes se identifiquen totalmente con el proyecto político cubano. Esto último llevó, junto a otros factores, a la conformación de un órgano legislativo donde ha primado la unanimidad en casi la totalidad de las decisiones, y donde ha existido habitualmente escaso nivel de análisis y disentimiento con respecto a los problemas estructurales de nuestro país.

Por tanto, creo que con vistas al futuro debe procederse a la supresión de las Comisiones de Candidatura. De esta forma, se podría desarrollar la nominación directa, tal y como ocurre hoy para la elección de los delegados al nivel municipal. Nominar es el primer paso para garantizar la representación del pueblo y, por ende, en él descansa una importante cuota de legitimidad de cualquier representante político, tal y como lo es un diputado a la ANPP.

Pienso que se pueden vertebrar procesos de nominación y elección competitivos, donde cada uno de los candidatos pueda exponer sus ideas sobre qué temas le interesa colocar en la agenda pública nacional, y cómo darles solución a los problemas del país. Así se les ofrece a los electores la posibilidad de elegir entre varios candidatos, y se asegura contar con opciones diversas sobre cómo gobernar. Esto último sería un factor dinamizador de la participación política, además de fomentar la cultura del debate, el desacuerdo y la interpelación.

Conste que no estoy diciendo que deban desarrollarse campañas electorales de gran despliegue mediático ni mucho menos. Pero sí se precisa dar a conocer la visión del candidato sobre las problemáticas actuales, así como su trayectoria política y social, más allá de unas simples biografías públicas. Obviamente esto constituye un giro importante en el quehacer político cubano desde la instauración del Poder Popular en 1976, por lo que requerirá de una clara regulación legal.