Un Tribunal de Garantías Constitucionales para Cuba: ¿por qué no?

Foto: IPS

Próximos a entrar en las etapas finales de la gestación de la nueva constitución (consolidar la suma de propuestas y recomendaciones y su debate por la Asamblea Nacional, confección del proyecto definitivo y, acto seguido, someter el mismo a referéndum), conviene recordar a todos los involucrados en esas etapas que a esta nueva magna carta, le falta un componente mencionado y propuesto por no pocos participantes en los debates, pero silenciado -como muchos otros- por las versiones en los medios oficiales. Se trata de la necesidad indispensable de disponer de una institución omitida en el anteproyecto: la presencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

¿A qué se debe semejante omisión? Decía Federico Engels -con su brillante pluma- que la generalidad de las constituciones se redactaban pensando en el pasado y el presente, pero no en el futuro. Y si esta nueva constitución debe soportar la prueba del tiempo (que no se trata de un par de años o un quinquenio), una visión animada de luz larga no debe, ni puede, esquivar u omitir la presencia de una institución como a la que hago mención. Se trata de una entidad que nos asegure a todos la posibilidad de acudir a ella cuando veamos quebrantada o burlada la nueva constitución por decisiones o acciones provenientes de cualquier componente de los entes rectores del Estado y el Gobierno para cuestionar, impugnar y sancionar a los eventuales violadores de nuestra constitución.

Permítanme una pequeña disgresión. Hace días leía algunos comentarios publicados en el diario Granma por parte del grupo de trabajo que ha estado recogiendo y consolidando las propuestas y recomendaciones realizadas, por decenas de miles, a lo largo y ancho del país entre agosto y noviembre. Esta presentación incluyó, además, la participación de Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado. Digo con toda franqueza, y sin ánimo de ofender a nadie, que lo que allí se informaba tenía muy poco de sustancial y mucho de “asuntos sin importancia”. No se hizo alusión a propuestas referidas a la estructura y cambios del aparato del Estado y del Gobierno y sus instituciones, ni sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), o del sistema electoral vigente. El clímax llegó con la ausencia total de los grandes temas que afectan a nuestra economía, salvo una muy superficial referencia a los salarios. Por momentos parecía como si el problema que más pesaba en los debates era el tema del matrimonio homosexual, o las edades de los futuros dirigentes, o los términos de los mandatos. Si estos van a ser “los nortes” de los debates en la ANPP en su sesión de diciembre, y en la versión final del proyecto constitucional, creo, honestamente, que vamos por mal camino.

En semejante contexto, recordarles a los miembros de la comisión la necesidad imperiosa de establecer un Tribunal de Garantías Constitucionales parecería un ejercicio inútil. Pero, no. Recordemos siempre la frase atribuida a Fray Luis de León: “Como decíamos ayer”. Y no me cansaré de repetirla. Granma tuvo la gentileza de publicar en su sección de comentarios on line un criterio que expresé tempranamente: este proyecto no debe terminar en un “cocinado”, preparado con mucha anticipación, y con muy poca o ninguna disposición a asumir las propuestas o recomendaciones más esenciales nacidas de los debates. Esta sigue siendo mi preocupación principal, y que los cambios que se incorporen sean, en lo fundamental, de carácter cosmético. De la misma manera que se incorporó el habeas corpus hay que incorporar un Tribunal de Garantías Constitucionales, al cual todos podamos apelar. Nuestra constitución -tan mía como el que más- debe tener una proyección ecuménica que trascienda la inmediatez. Este Anteproyecto de constitución ha dado pasos importantes en no pocas esferas, y por ello debemos congratularnos; en otros se queda demasiado corto e impreciso y, en otros, sencillamente no avanza. Esperemos que el proyecto final obre el cuasi milagro de integrar las propuestas y modificaciones más sustanciales y de mayor alcance que se hayan formulado hasta ahora. No hacerlo resultará frustrante, y podrá resultar en una votación no del todo satisfactoria a los niveles esperados.

Un par de observaciones finales 

 Si el Tribunal de Garantías Constitucionales fuera adoptado, éste debe ser subordinado al órgano soberano de la nación: la Asamblea Nacional (esperando que esta no siga siendo lo que ha sido hasta ahora, tanto en el proceso electoral que la conforma, como en la necesidad de su carácter permanente), como también lo deberían estar órganos de primerísima importancia como el Tribunal Supremo y la Contraloría General de la República.

Para terminar: la Eurocámara en Bruselas (respondiendo a una maniobra barata gestada por el Partido Popular de España, con el apoyo de todas las fuerzas conservadoras en franco apogeo en Europa), hizo aprobar una resolución con la habitual cantinela sobre los derechos humanos a fin de torpedear la próxima visita del Presidente del Gobierno español, el socialdemócrata Pedro Sánchez a Cuba. Nadie venga ahora a sugerir que ando de cómplice de esta maniobra. Muy lejos de ello y la condeno de principio a fin. Agrego: el Anteproyecto de nuestra constitución avanza, en medida considerable, en definiciones fundamentales en este terreno. Mis críticas y propuestas están en el ámbito de mis derechos y de mi lealtad probada, aunque no les guste, y les disguste, a no pocos. Con todo respeto para todos: así pienso y así lo expreso.

Sobre los autores
Domingo Amuchástegui 26 Artículos escritos
(La Habana, 1940). Licenciado en Historia por la Universidad Pedagógica. Máster en Educación por la Florida International University. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Fue Jefe de Departamento en el Ministerio de Re...
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