Por una nueva esfera pública para Cuba

Foto: CIDE/ Youtube

En la compilación de textos fundamentales sobre la teoría de la esfera pública, que en 2010 reunieron, en Lexington Books, Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander y Graham Murdock, se daba cuenta del cambio dramático que la globalización y las nuevas tecnologías están produciendo en los estados de opinión. Poco sentido tiene seguir pensando la esfera pública, en el siglo XXI, desde las premisas de la deliberación y el consenso que, a partir de diversas perspectivas, suscribieron autores, a fines del siglo pasado, como Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Jon Elster o John Rawls.

El Internet y la transnacionalización crean dinámicas nuevas que, a la vez que individualizan las subjetividades, articulan nuevos enclaves comunitarios que intensifican la pluralidad civil. Chantal Mouffe ha sugerido que una de las mutaciones de la esfera pública, en el siglo XXI, podría ser definida como el tránsito o la coexistencia entre los viejos mecanismos de la democracia deliberativa y nuevas formas de “pluralismo agonístico”, donde la opinión pública se ramifica o se fragmenta, manteniendo, sin embargo, un vínculo por medio de la tensión y el disenso, el diálogo y la interpelación.[1]

Seyla Benhabib, autora del clásico The Claims of Culture: Equality and Diversity in Global Era (Princeton University Press, 2002), señala que la dialéctica entre diversidad e igualdad, en la era global y digital, borra las fronteras entre libertades de expresión y asociación y derechos civiles y políticos.[2] En el siglo XXI, expresarse de manera individual o comunitaria es, en buena medida, asociarse y auto-representarse públicamente. La sociedad civil se reproduce y se disemina a una velocidad extraordinaria, por lo que los dispositivos constitucionales de la esfera pública deben ser rígidos y laxos a la vez, equitativos y diferenciados, universales y particulares.

A pesar de la limitada conectividad, en Cuba ya se viven los efectos de esa pluralización de la esfera pública, en el siglo XXI. Sin embargo, el aparato jurídico que regula la libertad de expresión y de asociación sigue atado a una modalidad arcaica, que ni siquiera pertenece al paradigma constitucional republicano o liberal que ha ido reformándose en los últimos años, sobre todo en América Latina, para adaptarse a las demandas de representación de los nuevos sujetos. Reseñemos brevemente ese aparato para luego sugerir alguna vía de reforma.

Las libertades públicas, en Cuba, están reguladas por dos artículos estratégicos de la Constitución vigente: el 53º y el 54º. Dos artículos que pasaron de manera íntegra de la Constitución de 1976 a la de 1992, dando por sentado que, en términos de libertad de asociación y expresión, no se había producido ningún cambio sustancial en más de 15 años. Aquella premisa sería históricamente objetable si se piensa en la complejización que vivió, por lo menos, el campo intelectual cubano en los 80, y que fuera descrita por la socióloga Velia Cecilia Bobes en su libro Los laberintos de la imaginación (2000), como parte de la emergencia de nuevos actores sociales.[3]

Esos dos artículos conforman el núcleo del sistema jurídico cubano, en lo que a libertades públicas se refiere. De ese núcleo parten múltiples legislaciones secundarias relacionadas con los medios de comunicación, la gestión cultural, el derecho de autor, la propiedad intelectual, las organizaciones estatales y no gubernamentales y las formas autónomas o semi-oficiales de asociación de las instituciones de la sociedad civil. Diríamos, en síntesis, que los artículos 53º y 54º establecen las bases de todo el proceso legal de los derechos civiles y políticos en Cuba.

Ambos artículos poseen actualmente su forma originaria, de 1976, que resultó de la codificación jurídica del proceso de institucionalización del socialismo cubano, entre los años 60 y 70. Su contenido refleja, por tanto, la estructura de la nueva sociedad y el nuevo Estado, construidos en las décadas posteriores al triunfo de la Revolución de 1959. De ahí el protagonismo indiscutido de los medios de comunicación estatales y las organizaciones sociales y de masas como sujetos de las libertades públicas en Cuba. El artículo 53º reconocía los “derechos de palabra y prensa” a los ciudadanos, mientras que el 54º extendía los “derechos de reunión, manifestación y asociación”, no a los ciudadanos, sino a “los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador”.[4]

Ambos artículos agregaban que las “condiciones materiales”  y las “facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y la crítica”, estaban aseguradas por principios estructurales del propio sistema político, heredados del modelo soviético.[5] Esos principios eran la “propiedad estatal o social” de todos los medios de comunicación (“prensa, radio, televisión, cine”), establecido en los artículos 14º y 15º, y la red de “organizaciones políticas, de masas y sociales”, cuya propiedad era reconocida en el artículo 22º.[6] Ninguno de los derechos públicos, referidos en esos artículos, incorporaba los conceptos de propiedad “corporativa, familiar, personal o mixta”, que se plasmaban en los artículos 19º, 20º, 21º y 23º del texto de 1992.

En otras palabras, la estructura heterogénea de la propiedad socialista en Cuba, para 1992, no se reflejaba en los artículos dedicados a la libertad de asociación y expresión. Esa discordancia no ha hecho más que acentuarse en los últimos 20 años, como consecuencia de las reformas de la primera mitad de la década del 90 y las de la primera mitad de la década del 2010, al crecer el sector no estatal en la economía y la sociedad civil cubana. 40 años después de la Carta Magna de 1976 es posible afirmar que la sociedad y el Estado cubanos no están conformados, únicamente, por las asociaciones e instituciones descritas en la Constitución originaria.

De acuerdo con el volumen Voces de cambio en el sector no estatal cubano (2016), coordinado por Carmelo Mesa-Lago, las medidas favorables a la multiplicación del trabajo por cuenta propia, las cooperativas de servicios y el mercado automotriz e inmobiliario, aprobadas en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2011, produjeron un crecimiento del sector no estatal hasta cerca de un 30 por ciento de la fuerza laboral.[7] Autores como Mayra Espina Prieto, Velia Cecilia Bobes, Armando Chaguaceda y Marie Laure Geoffray han observado que ese rebasamiento de funciones del Estado, en la economía, sin abandonar su rol hegemónico, se ha dado acompañado de una re-estratificación de la sociedad y una emergencia de nuevos actores sociales, comunidades, organizaciones no gubernamentales, alteridades raciales, sexuales y genéricas, asociaciones civiles, empresas, negocios y otras formas de sociabilidad autónoma.[8]

Esta reconfiguración de la sociedad civil cubana no sólo crea nuevas autonomías, sino que refuerza la autonomización de asociaciones que siempre han estado ahí, como las iglesias o los gremios. Dicha autonomización, tras la revolución tecnológica del siglo XXI, viene siempre aparejada con la reproducción de webs, blogs, bitácoras, diarios o páginas electrónicas, que pluralizan aún más la esfera pública. La experiencia reciente de foros electrónicos como Cuba Posible, La Joven Cuba, Periodismo de Barrio o Segunda cita, sería suficiente para ilustrar el desbordamiento de los circuitos tradicionales de opinión y circulación del saber, que se está viviendo en Cuba,

Una reforma de los artículos 53º y 54º, que se proponga, como en todo proceso constituyente genuino, partir de la realidad social de la Isla –lo que José Martí, en comentario de la obra del constitucionalista norteamericano George Bancroft, llamaba “las condiciones especiales de existencia de un país”- y no de modelos doctrinarios prestablecidos, tendría que “acomodar” –el verbo también es de Martí- la ley suprema a esa creciente pluralidad civil. Los dos ejes ineludibles de esa reforma serían, por tanto: 1) la extensión constitucional de las “condiciones materiales” y de la red de medios de la libertad de expresión a la heterogénea comunidad digital de la Isla; y 2) el reconocimiento de los derechos de reunión, asociación y manifestación a la sociedad civil independiente.

Como hemos sostenido en otra parte, una reforma de ese calado, antes de un rediseño del sistema político, tendría la ventaja de acelerar la constitución de nuevos actores políticos, que basarán su acción en reglas del juego claras y condiciones de legitimidad más equitativas para la intervención en el espacio público.[9] La sociedad cubana ha cambiado aceleradamente en las dos últimas décadas y la diversidad actual de la opinión pública refleja con nitidez ese cambio. El orden constitucional del socialismo cubano, tal y como sucedió en 1976, deberá codificar esa nueva realidad social más temprano que tarde.

[1] Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander y Graham Murdock, The Idea of the Public Sphere, Lanham, Lexinton Books, 2010, pp. 270-278.

[2] Ibid, pp. 285-290.e

[3] Velia Cecilia Bobes, Los laberintos de la imaginación. Repertorio simbólico, identidades y actores del cambio social en Cuba, Ciudad de México, El Colegio de México, 2000, pp. 192-212 y 233-251.

[4] Constitución de Cuba, Ciudad de México, UNAM/ FCE, 1994, p. 22.

[5] Ibid.

[6] Ibid, pp. 12 y 14.

[7] Carmelo Mesa-Lago, ed., Voces de cambio en el sector no estatal cubano, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2016, pp. 22-24.

[8] Mayra Espina Prieto, Desarrollo, desigualdad y políticas sociales: acercamientos desde una perspectiva compleja, La Habana, Centro Félix Varela, 2010, pp. 83-92; Armando Chaguaceda y Marie Laure Geoffray, “Cuba: dimensiones y transformaciones político-institucionales de un modelo en transición”, en Velia Cecilia Bobes, ed., Cuba: ¿ajuste o transición?, Ciudad de México, Flacso, 2015, pp. 47-86 ; Velia CecilIa Bobes, “Del hombre nuevo a una sociabilidad gentrificada. Impacto social de la reforma”, Velia Cecilia Bobes, ed., Cuba: ¿ajuste o transición?, Ciudad de México, Flacso, 2015, pp. 109-144; Armando Chaguaceda, “¿Cuba: A Politics for the People?”, NACLA Report on  the Americas, Vol. 48, No. 2, 2016, pp. 188-190.

[9] Rafael Rojas, “¿Es posible ampliar los derechos civiles y políticos en Cuba sin revocar el socialismo?”, Cuban Studies, No. 45, Harvard University, 2017, pp. 28-35.

Sobre los autores
Rafael Rojas 3 Artículos escritos
(Santa Clara, 1965). Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad...
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