Una tribuna para la paz democrática: inquietudes políticas a propósito de una propuesta de José Raúl Gallego

El intelectual camagüeyano José Raúl Gallego acaba de publicar en Cuba Posible una serie de artículos en torno a los potenciales “tipos” de propiedad que podrían tener los medios de comunicación en Cuba. Gallego hace sus propuestas dando por hecho dos premisas centrales: a) es necesario transformar radicalmente el modelo de comunicación nacional porque este ha quedado desfasado, producto de circunstancias de diverso tipo (nacionales e internacionales); y b) esta transformación debe nacer, ante todo, “de una verdadera voluntad política de reconocer el derecho a la comunicación con todo lo que implica, y de una modificación real de las relaciones entre Estado y sociedad civil”. Es decir, sus propuestas sobre “tipos de propiedad” están directamente conectadas con la descomunal transformación social que ha tenido lugar en Cuba (también en el ámbito mediático y comunicacional), y con la necesidad de “ampliar” efectivamente en este contexto los derechos ciudadanos.

Aunque estudié en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, estoy lejos de ser un especialista en el contexto comunicacional cubano y en políticas públicas en este ámbito. En el presente artículo me limitaré a brindar algunas opiniones políticas muy personales sobre el tema; en un momento en el cual “quizás” podrían implementarse modificaciones en el país.

I

Hasta donde he podido percatarme, los actores implicados en los debates sobre la esfera comunicacional en Cuba y su “actualización” se han movido entre cinco tendencias palpables.

Están quienes opinan que el actual modelo de prensa debe ser “perfeccionado”. Estos solo piensan en “la prensa” y no en un sistema comunicacional más complejo; abogan por nuevos “modos de gestión” y “frescura” en los contenidos; recalcan que la variable “salario” resulta crucial; a la vez que resaltan la centralidad del Partido Comunista de Cuba (PCC) como “ente supremo” que debe rectorar esta actividad en el país.

Por otro lado, existe una amplia corriente de opinión en la sociedad cubana que ha abogado por un “marco legal” que les garantice su libre expresión como ciudadanos, y el libre ejercicio de sus profesiones (es el caso de los nuevos medios de prensa y publicaciones vinculadas al emergente sector privado), mediante la implementación de herramientas jurídicas que consumen su “legalización”. Algunos de estos actores, en sus narrativas ciudadanas, eluden vincular la concesión de esos “derechos” (que piden para sí), a los “derechos” de existencia de proyectos comunicativos pertenecientes a la oposición moderada; o a formular sus propuestas sobre esos “derechos” en un esquema de plasmación política en el plano constitucional (con garantías de universalidad para todos los cubanos).

Un tercer grupo, vinculado a activismos ciudadanos de diversa índole, ha formulado y solicitado transformaciones concretas en diversos ámbitos de la realidad nacional (incluida la comunicacional), teniendo como premisa la necesidad de una reforma constitucional profunda y abarcadora.

Dentro de estos actores están quienes abogan, como parte de esta reforma constitucional profunda y abarcadora, por la necesidad de una reforma política del Estado que erradique la injusta (y anacrónica) confesionalidad “marxista-leninista” de la nación y, en esa medida, abra espacios políticos (y como es lógico, también comunicacionales) para la diversidad nacional.

Y, por último, tenemos a actores vinculados a la derecha del exilio (dentro y fuera de Cuba), que no se han preocupado por estos “detalles” pues, en la medida que el Estado nacional sea “demolido” y “los Castro” arrancados “desde la raíz”, ello traerá aparejado la “solución” de todos los problemas nacionales (incluido el comunicacional).

No he leído nunca un análisis sobre el sistema mediático y comunicativo cubano (y sobre sus falencias) anclado, justamente, donde creo yo que se encuentra la génesis de todas las distorsiones nacionales: en la justa intersección entre el conflicto librado entre cubanos entre 1959 y 1965 (por un lado), y la institucionalización de tipo soviético (por el otro). El nacimiento de un Estado (de y para la seguridad nacional), producto del acoso norteamericano, es una realidad que atraviesa toda la vida del país; y la esfera comunicativa no ha escapado a ello.

Las “condiciones de excepcionalidad” han sido un “fardo” pesado (empíricamente demostrable) con el que ha tenido que cargar la nación por más de medio siglo. Esas “condiciones excepcionales” se han traducido con un conjunto amplio de distorsiones y aberraciones para la vida del país: incapacidad de institucionalización de la pluralidad ideo-política; una concepción binaria de la política (revolucionarios y traidores); contracción de todas las libertades ciudadanas; incapacidad para institucionalizar, de manera equilibrada, distintas formas de propiedad; y así en un conjunto amplio de “facetas” de la vida nacional. Algunas de estas “facetas” han sido enmendadas por el propio Gobierno cubano (las relaciones con la emigración y con la Iglesia católica, entre otros ejemplos, así lo demuestran). En algunas áreas se ha avanzado solo parcialmente. Y en otras no se ha avanzado absolutamente nada.

Lo realmente preocupante es cuando nos encontramos con actores nacionales (que tienen la misión de producir ideología) intentando “canonizar” estas distorsiones, haciéndolas pasar como condiciones “normales” y “naturales” de la vida del país. Son los casos de esas “compotas ideológicas” para niños, que nos hablan del PCC como “único Partido de la nación cubana”, porque “así fue concebido (y querido) por José Martí” al fundar el Partido Revolucionario Cubano. Y otras aberraciones por el estilo. Respeto, e incluso acato, el hecho de que la nación haya tenido que vivir en condiciones excepcionales; pero me resisto a aceptar la “consagración” de estas realidades como el orden definitivo de las cosas.

II

Creo firmemente que el actual modelo mediático nacional es hijo nato del actual modelo de Estado. Igualmente, considero que el actual modelo de Estado ya no es funcional para gestionar lo que, para mí, son los temas cruciales de la agenda nacional de cara al siglo XXI: el desarrollo económico, la justicia social, la democracia política, la soberanía nacional, el ejercicio de todos los derechos (incluidos los comunicacionales) y la seguridad nacional. Mis razones, diagnósticos y propuestas en torno a la afirmación anterior, el lector puede encontrarlas en el cuaderno Los caminos de la paciencia; pero igualmente puede consultar otros textos de mucha más calidad que los míos, de otros autores, en Cuba Posible.

La propuesta de Gallego (sin dudas un aporte teórico invaluable, en la medida que trae al contexto nacional soluciones viables y efectivas en el plano operativo de la organización y la gestión de los medios) posee, en mi opinión, un déficit fundamental: el referente a los derechos ciudadanos (incluidos los comunicacionales) de los sujetos nacionales que no hemos sido, no somos, ni seremos nunca comunistas; es decir, el derecho a vivir libremente, bajo el cielo de Cuba, de los seres humanos que nos encontramos “por fuera” de la identidad política marxista-leninista consagrada en el texto constitucional. Intencionalmente no hablo aquí sobre la “identidad martiana” adosada a la Carta Magna en la reforma de 1992; pues creo firmemente que esta quedó subordinada a la práctica de “vanguardia iluminada” que cree poseer la élite ideológica del PCC.

Entiéndase por “vivir libremente bajo el cielo de Cuba” a mi capacidad de estar en Cuba, trabajar por Cuba, sumar a otros que (como yo) aman a Cuba; todo ello desde posiciones diferentes a las del PCC. Y hacer todo esto –que incluso podría tener una clara y abierta dimensión política– bajo el imperio de una legislación que garantice mis derechos ciudadanos (también los comunicacionales).

Me preocupa que pudiésemos estar desplegando un grupo amplio y sofisticado de “tipos de propiedad” sobre los medios de comunicación, y en la práctica, continuemos reproduciendo el mismo tipo de exclusión política que supuestamente se pretende superar. La reforma del sistema mediático (como la reforma económica o la reforma de la Constitución de la República) nos habla, esencialmente, del tipo de libertades que estaríamos dispuestos a concedernos entre cubanos para construir el país del siglo XXI. Máxime cuando será imposible conquistar el futuro sin esas libertades.

¿Han desaparecido las condiciones de “excepcionalidad” y de acoso internacional sobre el país? Definitivamente no: ahí siguen intactos los dispositivos transicionales de “suelo arrasado” del bloqueo/embargo y de la Ley Helms-Burton; en medio de la “epifanía de laboratorio” de las derechas en el hemisferio. Sin embargo, todos los días de la vida me pregunto si estas condiciones de “excepcionalidad” no están destinadas a ser, para siempre, una especie de justificación para tontos, que mantienen ad infinitum un patrón político de exclusión en la vida nacional.

Epílogo

En la magnífica sala de arte cubano contemporáneo del Museo Nacional de Bellas Artes se encuentra una de las piezas más encantadoras y entrañables del arte pictórico nacional del siglo XX: Una tribuna para la paz democrática, de la gran pintora Antonia Eiriz. La obra muestra una tribuna vacía, y tras ella, una constelación de figuras que se mueven entre la monstruosidad y el vacío. Eiriz pintó su obra en 1968, casi al final de una década pletórica de hechos trascendentales que cambiarían para siempre la vida del país (y de sus ciudadanos). En la obra queda plasmado su dolor (“pinta con dolor y furia”, diría sobre ella Retamar), a la vez que invoca radicalmente una esperanza: la tribuna vacía para que los hijos de Cuba, más allá de los horrores guardados en el alma producto del daño que se han infligido mutuamente, puedan subir a proclamar el trozo de verdad que cargan en sus espaldas.