Una visión sobre la politización de los derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, ratifica en su Preámbulo que el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es una de las bases de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. En otro fragmento de este mismo Preámbulo se puede leer: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (1).

La Declaración Universal se autodenomina “ideal común” por el cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse, y considera que los seres humanos y las instituciones deben divulgarla, por medio de la educación y la inspiración constante en ella, para lograr —de forma progresiva— la aplicación nacional e internacional de sus postulados. Ya hemos escrito en otras ocasiones sobre la cultura de los derechos humanos en Cuba, firmante pionera como Estado de esta Declaración Universal a fines de los años 40 del siglo XX. Sin embargo, debemos repetir que nuestra educación sobre y para los derechos humanos es insuficiente y llena de prejuicios.

La gran aspiración original de que los derechos estén acompañados de un régimen jurídico fuerte y legítimo, se ha logrado a medias. Las instituciones nacionales, regionales y mundiales para la defensa, promoción y educación sobre derechos, han crecido, pero con la misma imaginación arrebatada se han multiplicado las formas de violación estatal e individual de los derechos humanos en todo el planeta. Como otros tantos valores y conquistas conceptuales, políticas, históricas, de la izquierda mundial, de la lucha de los pueblos, el tema de los derechos humanos ha sido hurtado por el pensamiento y la acción conservadora en los espacios de la política real global.

Cuba tiene un problema distinto al del resto del mundo. En nuestro país se realizan muchos derechos que no están reconocidos en ningún documento legal, se violan otros que aparecen en diferentes disposiciones normativas, y el pueblo desconoce la existencia de una cantidad amplia de derechos que están protegidos desde hace décadas. Sin embargo, lo más delicado radica en que todo esto sucede sin que exista un ambiente propicio para la discusión sobre derechos humanos. Se hace inaudito que no se logre comprender y garantizar que el pueblo de Cuba, al igual que todos los pueblos, debe poder plantear, frente al Estado y frente a otros ciudadanos y ciudadanas, sus problemas cotidianos en cuanto a la limitación y realización de sus derechos.

Que en Cuba hablar de derechos humanos sea “delicado” y que haya que “andar con pies de plomo” para hablar de este asunto, muestra la debilidad teórica y sobre todo política en que se encuentra la opción más profunda o radical de izquierda en la Isla. Lamentablemente esto no ocurre por decisión propia, sino como consecuencia de la incapacidad de los interlocutores oficiales y por la carencia de espacios francos de discusión sobre estos temas. No obstante, debo precisar que los derechos humanos, después de su consagración y difusión universal, no pertenecen a ninguna ideología en particular, ni a ningún movimiento político específico.

Al declinar el uso de los derechos humanos, como discurso y opción de lucha políticos, el Estado cubano ha identificado a la oposición interna (que ha esgrimido la limitación de los derechos, sobre todo los llamados políticos y civiles) con los derechos humanos en sí mismos, lo que inmoviliza al discurso oficial y lo separa del vocabulario y las prácticas de lucha popular más intensas que se dan en el mundo. No es revolucionario separarse del discurso y de la lucha a favor de todos los derechos humanos, y resulta un fracaso político mantener un alto estándar de realización de derechos sociales, sin aceptar la necesidad de trabajar con la misma intensidad por los derechos civiles y políticos.

Las discusiones que se han acumulado durante décadas sobre derechos humanos han quedado fuera de nuestras aulas; de las escuelas primarias, secundarias y preuniversitarias, y de nuestras universidades. Resulta extraño encontrar tesis de licenciatura, en las diferentes carreras de ciencias sociales en todo el país, sobre el tema de los derechos humanos.

No bastó con reducir a un esquema elemental, en la Constitución de 1976, el reconocimiento de derechos, deberes y garantías. Era lógico que el constitucionalismo liberal fuera desterrado del entorno cubano socialista, donde predominaba la doctrina política y jurídica soviética; pero resulta incomprensible que también haya sido arrojado de la Constitución el caudal social -que se consideró clásico- de las constituciones de México en 1917 y de Cuba en 1940.

El socialismo cubano ha podido convertir en un arma poderosa la institucionalidad jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero no lo ha hecho. El Estado prefirió la fórmula de las garantías materiales de los derechos, sin las cuales no hay realización real de los mismos. Sin embargo, esto no basta, ni ha bastado nunca, ante la profusión de vías de violación de derechos que se produce en los sistemas políticos contemporáneos.

Los derechos humanos deben ser politizados. Para ello, debemos formar al pueblo, a las nuevas generaciones, acerca de la necesidad de: aprender y exigir la progresividad de los derechos humanos, con el propósito de que ningún Derecho ya alcanzado sea desplazado del Derecho positivo; capacitar para evaluar, tomando en cuenta las posibilidades prácticas que ofrece el enfoque de derechos, las políticas públicas; y lograr realizar el uso jurídico de la defensa de los derechos en procesos judiciales, como un arma para blindar a personas y grupos sociales en riesgo. En tal sentido, considero que los pueblos debemos vivir en democracia, porque tenemos derecho a ello; que debemos vivir y reproducirnos, natural, material y espiritualmente en un ambiente de ensanchamiento de las declaraciones de derechos; y sobre todo, que debemos garantizar la defensa de los derechos, incluso, más allá de la Ley y del Estado.

Por eso pedimos que la reforma constitucional en curso tome en cuenta lo más novedoso y politizado del pensamiento y de la acción a favor de la defensa y el crecimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Lo hacemos porque estamos convencidos de que los derechos humanos pertenecen a la política del pueblo, a la que debemos mantener a toda costa como un atributo de civilización y desarrollo.

Ningún pueblo debe aspirar solo a sembrar, comer, procrear, curar sus enfermedades, así como cuidar sus propiedades y tesoros. Tampoco ninguna cultura debe solo aspirar a pensar, publicar, tener fe, imaginar, marchar, proponer, disponer y movilizarse ante la opresión. Todos los derechos humanos nos pertenecen. Los derechos colectivos, los individuales, los que tienen siglos de concebidos y los que han sido izados desde hace poco tiempo, todos deben ser parte de nuestra vida cultural, social, económica y política.

La política es parte riquísima de la cultura humana. Por la justicia y la democracia, que no se comen ni se palpan, han muerto y lo seguirán haciendo, millones de hombres y mujeres, durante miles de años; incluidos los que han dejado estampada su vida en la historia de Cuba.

Nota:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Salamanca Serrano, Antonio y Rosillo Martínez, Alejandro, Código de los Derechos Humanos de los Pueblos, Tomo 1, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, 2007, Pág. 16.

Sobre los autores
Julio Antonio Fernández Estrada 31 Artículos escritos
Julio Antonio Fernández Estrada. Licenciado en Derecho y en Historia. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular. Docente desde 1999 en la Universidad de la Habana, con experiencias en cursos presenciales, y semipresenciales. Profesor de la Fac...
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