Vegard Bye: “Debe ser interesante para Cuba estudiar qué se puede aprender en su tránsito hacia una economía mixta”

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector público” y de un “sector privado” en Cuba?  

Mi impresión es que estos tres documentos no logran definir bien las funciones respectivas del sector público y del sector privado. Hay una contradicción entre el reconocimiento de la necesidad de reducir el sector público y transferir una gran cantidad de trabajadores al sector no estatal, por un lado; y la falta de incentivos (por ejemplo, el rechazo a la acumulación de capital y, por ende, la capacidad a invertir, la falta de mercados mayoristas etc.) en el sector no-estatal, por otro lado. Es muy positivo que el VII Congreso del PCC aprobó el principio de legalizar empresas privadas. Pero hasta ahora no se ha visto implementado. Mientras tanto, continúa una situación de una economía predominantemente ilícita, donde por falta de estructuras legales las economías públicas y privadas continúan su interdependencia parasitaria, obligando a los actores de los dos a cometer ilegalidades para sobrevivir, exponiendo a todos a ser víctimas de los caprichos de inspectores y de la misma policía. De esta forma, continúa la ilegalidad en lugar de una economía bien regulada con papeles legalmente funcionando, tanto de las empresas e instituciones estatales, con sus trabajadores, como de los emprendedores particulares, con los suyos.

Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social? 

Un capitalismo sin reglas, instituciones y regulación adecuadas evidentemente puede resultar en una concentración de riquezas en un lado, y pobreza en el otro. Podemos referirnos a dos ejemplos relevantes para Cuba: el surgimiento de los oligarcas rusos tras el colapso de la Unión Soviética, y el enriquecimiento espectacular de la élite angolana después del abandono del sistema marxista-leninista de ese país, más o menos al mismo tiempo. Esos dos procesos también implicaron un aumento de la pobreza y, en el caso de Angola, con índices de desigualdad social mayor que en casi ningún otro país. En países como China y Vietnam, sistemas auto-denominados de “socialismo de mercado”, la mayoría ha tenido acceso a una movilidad social importante hacia arriba, el surgimiento de una clase media importante, pero también de un tremendo enriquecimiento de la élite. Al otro lado hay experiencias, como las de los países escandinavos, mostrando que es completamente posible establecer una buena regulación pública de una economía capitalista y así lograr reducir las desigualdades exageradas y establecer y mantener un estado de bienestar social. También hemos visto, durante la primera década del presente siglo, cómo varias economías latinoamericanas –entre las más desiguales del mundo– han logrado distribuir mejor su crecimiento y sacar un gran número de personas de la pobreza a la clase media. Debe ser interesante para Cuba estudiar qué se puede aprender de esas experiencias en su proceso hacia una economía más mixta entre la estatal y la privada.

En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la equidad social? 

Como he ilustrado en los casos mencionados en el punto anterior, en una economía más dominada por el mercado, es esencial contar con reglas, instituciones y regulación por parte del Estado para evitar una concentración exagerada de los ingresos y la propiedad. Como funciones principales pudieran citarse: un mercado laboral organizado con entidades fuertes y autónomas de representación de las principales fuerzas económicas (sobre todo de los sectores menos favorecidos), un sistema tributario progresivo, buenos sistemas públicos de educación y salud, y un sistema de seguridad social que ofrezca un equilibrio entre la protección y los incentivos de trabajo y emprendimiento. Es fundamental para lograr eso tener un sistema democrático y pluralista, dando voz a los diferentes actores sociales a tomar parte activa en el manejo de sus sociedades a través de estructuras transparentes de poder.

Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual “impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía‒ para asegurar que el sector privado pudiese cumplir su función en un modelo socialista “actualizado”? 

Efectivamente hay que regular la vida económica y, sobre todo, el mercado, con reglas e instituciones públicas que reflejan la voluntad y las preferencias de las mayorías. Es fundamental que las instituciones políticas gocen realmente con legitimidad en los diferentes sectores sociales, en un sistema donde se sienten representados por el poder político. Vemos en este momento en tantos países supuestamente democráticos, cómo la elite política está perdiendo su legitimidad frente a grupos que se sienten marginalizados, dando origen a un populismo anti-liberal y anti-globalizador. Eso refleja justamente la falta del poder político de escuchar las voces de las víctimas de una economía marginalizada y su impotencia frente a ese nuevo populismo.