La fase actual del conflicto en Venezuela se compone de diversas dimensiones que interactúan de diferentes maneras y cuya complejidad reclama consideraciones debidamente ponderadas. En el plano interno, tenemos que valorar -como primera dimensión- que las esperanzas y mística que se articularon en torno al ascenso del chavismo –bajo el liderazgo de su gestor principal, el comandante Hugo Chávez- como amplio movimiento de tendencias múltiples calificadas de populistas, socialdemócratas, centro-izquierdistas de diversos matices, castristas y otros términos de similar factura, entraron en una fase abrupta de declinación. Incidió en ello el violento colapso de los precios del petróleo en los mercados internacionales (de lo que depende el 96 por ciento del total de sus exportaciones, y con una caída notable de su producción actual, transitando de 3 millones de barriles diarios en el 2011 a 1 millón de barriles diarios hacia fines del pasado año), y el súbito fallecimiento del carismático Chávez. Factores que, unidos a la ausencia de un proyecto de desarrollo diversificado que sirviera como alternativa viable a la absoluta dependencia petrolera, creó una situación en extremo crítica.
La ausencia de iniciativas efectivas por parte del equipo chavista encabezado por Nicolás Maduro para compensar o neutralizar semejantes pérdidas, redujeron la capacidad de influencia, movilización y los niveles de sustentación popular que distinguieron al chavismo en su primera década. A ello ha contribuido, además, los crecientes niveles de corrupción -factor crónico en todos los escenarios de nuestro hemisferio- que se manifiestan impunemente en ciertos círculos chavistas. De manera incuestionable, todo esto ha mellado y erosionado en medida importante el abrumador apoyo popular que gozaba el oficialismo chavista. Sin embargo, esto no debe sugerir, en modo alguno, una liquidación total y definitiva del chavismo como alternativa legítima y viable para muchos sectores populares frente a las opciones que ofrecen los diferentes componentes del bloque oligárquico tradicional. A lo largo de estas dos décadas, y en particular en sus momentos más difíciles, el chavismo ha podido contar con el activo respaldo de las Fuerzas Armadas, conscientes estas de las complejas consecuencias que una quiebra institucional tendría para todo el país y para el conjunto de la sociedad.
Pasemos a analizar la dimensión opositora. Estos diferentes componentes del bloque oligárquico tradicional -los “mantuanos” de siempre-, al verse desalojados del control del gobierno por el chavismo, no se ajustaron a las normas elementales de una fuerza política derrotada en sucesivas contiendas; y, por consiguiente, actuar como opositores legítimos en minoría. Esto último lo hicieron unos pocos, pero el grueso de ellos se lanzó desde el primer día a procurar salidas “golpistas”. Se demostró, con el fallido intento de golpe de Estado del 2002, con el sabotaje de los viejos ejecutivos de PDVSA, con el retiro de sus parlamentarios para intentar paralizar el funcionamiento normal de las instituciones del país. Una y otra vez fracasaron. La Mesa Coordinadora de la oposición se disolvió en medio de sus trifulcas internas y luego, con la fundación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), renacieron los intentos de cohesionar la oposición y, una vez más, asistimos a su incapacidad de articular un desafío efectivo y, una vez más, vimos cómo se desintegraba en medio de aspiraciones, protagonismos y caciquismos entre sus integrantes más destacados.
No sin razón diversos estudios de prestigiosos académicos de la nada oficialista Universidad Católica Andrés Bello han sustentado el criterio de que uno de los pilares más efectivos para la sobrevivencia actual del chavismo oficialista es la persistente incoherencia y desintegración de las fuerzas opositoras. Y consecuentes con la tradición oligárquica latinoamericana fueron a llorar sus penas a Washington, y el presidente Obama los obsequió con la definición del gobierno de Maduro (mucho antes de las elecciones del pasado año) como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Todo esto sin razonar bases o argumentos para ello. Semejante pronunciamiento de parte de Washington creaba la premisa para cualquier género de acciones hostiles de parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que alentaba a los sectores más violentos y pro-golpistas a procurar desenlaces maximalistas extremos.
En medio de una tal coyuntura -agravada por el colapso petrolero y sus múltiples consecuencias-, las elecciones parlamentarias del 2015 dieron a la oposición una mayoría parlamentaria simple, pero no de dos tercios. El rumbo más consistente hubiera sido el de una cohabitación “a la francesa”, como ocurre en todos los sistemas ya sean presidencialistas o parlamentarios. Pero no; numerosos sectores de la oposición se lanzaron a reclamar “rabo y orejas”, esto es, forzar la renuncia en pleno del ejecutivo y éste, ni corto ni perezoso, echó mano de la constitución para así justificar la anulación de la belicosa Asamblea Nacional (AN) por medio de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), enfilada a producir una reforma constitucional y un nuevo proceso electoral.
Negociar un arreglo equilibrado no fue la opción de los sectores más violentos de la oposición. Rechazaron y boicotearon la mediación que auspició primero el Vaticano y que luego tuvo como facilitador al ex-presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que de manera explícita culpó al jefe opositor de entonces, Julio Borges, por el fracaso de lo que, a todas luces, parecía un arreglo satisfactorio para todas las partes en conflicto. Mientras, los sectores de la oposición dirigidos por Borges y Leopoldo López (Voluntad Popular) activaban al máximo las acciones violentas, mayormente en las áreas del este de Caracas, donde habitan los sectores más pudientes. La violencia desatada buscaba crear una justificación doméstica para algún tipo de intervención golpista de parte de las Fuerzas Armadas y, eventualmente, alguna acción en respaldo a éstas por parte de Estados Unidos (al estilo de Granada o Panamá). No ocurrió ni una cosa, ni la otra, y las acciones violentas se agotaron y terminaron sin penas ni glorias. Una vez más las Fuerzas Armadas mantenían su lealtad al gobierno legítimamente electo.
En tales condiciones, el gobierno convocaba a elecciones generales y una mayoría de la oposición fue al retraimiento y proclamó la ilegalidad de este proceso electoral, en tanto que un segmento de dicha oposición sí decidía participar. El resultado fue bien elocuente: se producía la votación más baja de la etapa chavista, con un 46 por ciento, de la que Maduro obtenía un 67,84 por ciento. Más allá de las críticas e irregularidades marcadamente menores, tanto Henri Falcón como Javier Bertucci -los más importantes opositores participando de estas elecciones- reconocían la victoria de Maduro (exactamente igual a como lo había hecho Henrique Capriles en el 2016, admitiendo por entonces el triunfo de Maduro). En días recientes, Claudio Fermín, el jefe de campaña del opositor Henri Falcón, declaraba: “Es un hecho que Maduro ganó la elección del 20 de mayo”. En esta ocasión, observadores internacionales como el propio Rodríguez Zapatero, validaban el acto electoral.
Y esto es lo que hoy la Administración Trump, sus seguidores en Bruselas y América Latina, pretenden presentar como “una usurpación” que ha creado un supuesto vacío de poder. Aduciendo el artículo constitucional 233, pretenden emplear esta justificación para este intento de los sectores más violentos mediante esta ficción de asumir la presidencia y precipitar una salida golpista instigada y respaldada por los países y gobiernos antes apuntados. Se utiliza para ello a una figura completamente desconocida como Juan Guaidó -reconocido satélite recadero del padre del golpismo y desaforado aspirante presidencial, Leopoldo López- que en medio de un acto público en un parque en el Chacao -no podía escoger mejor zona residencial para semejante acto- y ante la ausencia del grueso del mundo político opositor reconocido, se proclamaba “presidente interino” que en tonos y maneras muy diferentes han cuestionado semejante acto. Ante esta maniobra, la jefatura de las Fuerzas Armadas han rechazado este intento de aparente “dualidad de poderes”, condenando la flagrante injerencia extrajera, desconociendo todo lo que ha pretendido hacer Juan Guaidó y repudiar los repetidos llamados de éste a los militares para que lo secunden.
Y hablando de Chacao -con todas sus connotaciones sociales y políticas antes apuntadas- hasta el muy conservador periódico El Nacional tenía que reconocer que el “gran acto” celebrado el miércoles 30 de enero para manifestar el “clamor de los ciudadanos” se limitó, una vez más, al “este de Caracas”, como si el resto de Caracas y del país no existieran, defraudando esta vez las expectativas de contar con una gran fuerza de masas. Mientras, el resto de los 24 Estados de Venezuela -con un par de excepciones limitadas en Anzoátegui y Falcón- siguen con su vida normal. Los bastiones políticos de Acción Democrática en Zulia y Los Andes; Henrique Capriles (Primero Justicia) es el primer sorprendido con la maniobra de Guaidó/López y se abstiene de apoyarla hasta ahora, y la totalidad del resto del país no se pronuncia en respaldo de la maniobra de Guaidó; no se registran grandes demostraciones de masas en su favor y hasta ahora no han ocurrido levantamientos o pronunciamientos militares en apoyo a este último y sus promotores internacionales.
Por otra parte, el gran tema del 2018 (“la crisis humanitaria”) hace ya tres meses, o más, que dejó de ser noticia. Las decenas de miles que emigraron en medio de la crisis hacia Colombia y que fueron convertidas mediante farsas mediáticas en cuatro y hasta ocho millones de personas en aras de fabricar una imagen de hambre y desolación, no crearon el impacto deseado ni en Colombia, ni en Venezuela. Además, si esta emigración de supuestos millones “fabricados” fuera cierta junto con “la crisis humanitaria”, es elemental preguntarse: ¿cuál no sería la monumental explosión social a tener lugar en toda Venezuela, y Caracas en particular? Cualquier observador medianamente informado sabe que de ser ciertas estas maquinaciones mediáticas una explosión social sería un desenlace seguro. ¿O es que acaso queremos olvidarnos del famoso “Caracazo” (febrero de 1989) bajo la presidencia muy legal y constitucional de Carlos Andrés Pérez, con su secuela de cientos y varios miles de masacrados, ocasión en que Washington, Bruselas y la OEA no se pronunciaron de manera crítica?
Una dimensión no menos compleja está representada por sus componentes internacionales. Una premisa clave: la dimensión internacional en la crisis venezolana no está referida única y exclusivamente hacia la liquidación del chavismo en lo interno. Se estructura en los actuales diseños de política exterior de Washington, de la Administración Trump y su equipo de asesores como parte de una novedosa “Santa Alianza” que busca culminar la liquidación definitiva de las opciones de centro-izquierda e izquierda del hemisferio occidental. Barrer la multifacética y variada serie de corrientes que oscilaron hacia un espectro de opciones de izquierda desde los albores del siglo XXI y con ello aislar y asfixiar definitivamente el precedente cubano, desestimando imperialmente todas y cada una de las normas del sistema actual de relaciones internacionales, desde la ONU hasta las precisiones acordadas en Viena, en 1961. Repetidamente, Marco Rubio, Bob Menéndez, Bolton, Abrams y otros, han razonado lo que es un componente clave de la actual arremetida de la Administración Trump: con la desaparición del chavismo, se derrota a Cuba definitivamente; Cuba sobrevive -es la lógica imperante- gracias al petróleo y a los nexos de cooperación y comercio con el chavismo; desaparecido éste, Cuba colapsa. No obstante, las experiencias pasadas, desde los años 90 del siglo pasado, mostraron los potenciales de sustentación que todavía animan al proyecto cubano. Esta “Santa Alianza” del siglo XXI tiene hoy como su arquetipo preferido a nivel hemisférico al neofascista Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
En esta dimensión internacional, Estados Unidos decide ahora aplicar “el expediente iraní”. Los mismos procedimientos que aplicaron (con la virtual confiscación y retención de bienes y fondos) durante décadas, se aplican ahora a los bienes del Estado venezolano; pero con la variante de desviarlos hacia el financiamiento y los bolsillos del pseudo-gobierno que intenta consolidar Juan Guaidó, su jefe Leopoldo López, y otros de similar filiación. Pero, en este caso, concurren circunstancias más complicadas que pueden enredar y entorpecer su aplicación. Venezuela, con sus tres grandes refinerías en Estados Unidos (Texas, Luisiana e Illinois), su red de casi 6,000 estaciones CITGO, otras infraestructuras y depósitos bancarios sobre los que giran adeudos y pagos venezolanos a compañías acreedoras asiáticas, europeas y canadienses, entre otras, al desestabilizarse con tales acciones tienden a “caotizar” todo un sistema que, además, depende del flujo del petróleo pesado venezolano.
Venezuela como exportador de petróleo -amén de contar con una de las mayores reservas mundiales- ocupa el décimo lugar y decimotercero en producción total; 4 de cada 10 barriles a Estados Unidos: es su cuarto importador y principal mercado. Este complejo de interdependencia no concurría en las relaciones con Irán; mucho menos con el Chile de Allende en el momento del golpe. No por casualidad, un fuerte aliado de Estados Unidos -Arabia Saudita- ha advertido que la crisis venezolana puede afectar seriamente el mercado petrolero mundial. En esta misma línea de pensamiento, Adrián Lara, reconocido analista en este terreno, escribía para Global Data: “Having full additional sanctions imposed would certainly send a sting geopolitical message from the U.S. at the risk of generating more instability in the world supply markets.” ¿Acaso estas advertencias de aliados y especialistas tendrán algún efecto disuasivo en las acciones que propugna la Administración Trump en esta esfera? Hasta ahora no lo parece.
Escenarios posibles
La totalidad de los escenarios posibles en la crisis venezolana gira alrededor de un núcleo central: un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas, de manera uniforme y con coherencia en la cadena de mando, asumiendo que se incorporen al concierto latinoamericano de Bolsonaro, Duque, Macri, Piñera y otros. Una salida golpista de este tipo puede buscar el concurso de un sector de civiles (al estilo del fallido golpe del 2002) o -ajustado a los modelos de Castelo Branco, en Brasil, y de Pinochet, en Chile- ser portador de un proyecto propio de los militares. Es lo que, en lo esencial, Estados Unidos y su Santa Alianza desearían y a lo que le darían la bienvenida, pues evitaría acciones de intervención de parte de las fuerzas norteamericanas (con el auxilio posible de Colombia y/o Brasil).
Si el desencadenamiento de la acción golpista produjera una fractura violenta en el seno de las Fuerzas Armadas -con involucramiento de sectores civiles por ambas partes- el potencial de una guerra civil adquiriría proporciones mayores y más graves, en cuyo caso los modelos de intervención directa de parte de Washington se harían menos viables. La posición de los militares venezolanos podrá inclinarse por una salida golpista o no, y mantener su lealtad al gobierno chavista, en la medida en que vea en éste una conjugación consecuente de firmeza y disposición a enfrentar todos los riesgos, junto a una inteligente disposición negociadora. Pero, donde los altos mandos perciban temores, retrocesos y debilidades de parte de los dirigentes chavistas, el resultado pudiera ser funesto.
Si Estados Unidos decidiera intervenir directamente o mediante operaciones “quirúrgicas” (orientadas a descabezar la dirigencia chavista y así precipitar una salida golpista unificada de parte de los militares venezolanos), esto pudiera implicar un costo político-diplomático muy elevado que Trump, en su contexto actual, podrá no querer arriesgar y pudiera, por otro lado, profundizar los conflictos y cismas que separan a las principales fuerzas de la oposición venezolana. Una acción militar de Estados Unidos comprometería los niveles de respaldo que hasta ahora ha tenido de parte de Canadá y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, debilitándolos sensiblemente. Tómese en cuenta que Italia, Austria, Eslovaquia, Chipre y otros no han secundado la acción de Estados Unidos, y que en el propio seno del Parlamento europeo no hubo unanimidad: frente a los 439 votos a favor, 104 se pronunciaron en contra junto con 88 abstenciones, cifras discordantes con la imagen de consenso que se ha querido proyectar.
En no menor medida, es importante destacar que Venezuela dispone de importantes niveles de apoyo político-diplomático y nexos económicos con Rusia y China. Más recientemente, las declaraciones del canciller español Josep Borrell contrarias a cualquier tipo de intervención militar extranjera en Venezuela, dejaron bien claro que desde mucho antes del 23 de enero (fecha de la proclamación unilateral e inconsulta de Guaidó como Presidente), Estados Unidos ya había puesto en marcha dicha maniobra y presionaba fuertemente sobre sus aliados al otro lado del Atlántico (y a España en particular), lo que indica claramente la intención de este último país de desmarcarse de cualquier modalidad golpista militar patrocinada por, o ejecutada por, Estados Unidos.
La ausencia de una salida golpista unificada, la posible no intervención militar directa de Estados Unidos, y la persistencia de la alianza entre las Fuerzas Armadas y el chavismo oficialista, pudieran, eventualmente, abrir los espacios necesarios para nuevos empeños negociadores y de mediación (como ocurrió en República Dominicana y cuyos acuerdos fueron torpedeados por los mismos sectores opositores violentos que ahora pretenden tomar por asalto el gobierno de Maduro) entre amplios sectores de la oposición y las autoridades chavistas. El Presidente Maduro, su segundo Diosdado Cabello, el canciller Jorge Arreaza, y otras figuras chavistas, han reiterado su disposición receptiva hacia diversos esfuerzos mediadores como los que proponen conjuntamente México y Uruguay y el “grupo de contacto” que en Bruselas propicia ahora Federica Mogherini, la Alta Comisionada de Política Exterior de la UE, pese a su manifiesto pesimismo hasta ahora.
Sobre la mesa esas autoridades chavistas han definido su postura negociadora en los siguientes términos: su disposición a dialogar dentro de un marco de concesiones que comporten la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas, no así de nuevas elecciones presidenciales. Muchos de los que participaron del proceso negociador en República Dominicana, y que aceptaron allí la plataforma propiciada por Rodríguez Zapatero, pueden en este nuevo contexto disponerse a seguir un curso de acción similar que, además, les permita aislar y anular los acontecimientos que buscan precipitar Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges, los más violentos exponentes de una oposición unilateral y maximalista que navega hoy en medio de una notable desarticulación. Los próximos días y semanas permitirán ratificar o modificar estos posibles escenarios.
Post Scriptum
-Como elemento más destacado: El Nacional (uno de los periódicos más ultraconservadores de Venezuela, que goza de excelente salud) publicó el 5 de febrero una nota bien interesante. Explica que en diciembre del pasado año Juan Guaidó realizó una serie de “encuentros” y “reuniones” con altos funcionarios (sin especificar cuáles) de la Administración Trump en Washington. De ahí visitó también Colombia y Brasil. Estas visitas se mantuvieron en secreto y sólo se han divulgado ahora. Días después sobrevenía su “proclamación” presidencial unilateral en medio de un parque público en el exclusivo sector residencial de El Chacao. La nota de El Nacional tiende a confirmar la estrecha concertación con Washington y sus principales aliados, ángulo este que valida las declaraciones citadas más arriba por el canciller español, Josep Borrell, en torno a las tempranas presiones de Estados Unidos y los preparativos de este país para la maniobra de Guaidó. Me pregunto qué dirían Grahma Greene, John Le Carré o Mario Conde sobre esta movida, ahora hecha pública.
-Mucha divulgación mediática recibió la gran marcha organizada por los partidarios de Guaidó el pasado 2 de febrero, restándole importancia a una similar, pero muy superior en número, realizada por los chavistas. De acuerdo con El Nacional y con El Universal (otro de los grandes periódicos nacionales de Venezuela), fueron “miles” los que concurrieron a la demostración convocada por Guaidó. En ningún momento hablaron de decenas de miles o centenares de miles. En esta oportunidad no fue en El Chacao, sino en otro exclusivo residencial en el sector Baruta (muy cercano a los tonos clasistas de El Chacao). Escogieron la avenida de Las Mercedes, (en la municipalidad del mismo nombre) para su marcha o demostración. Preguntémonos: ¿Qué es esta avenida famosa de Las Mercedes? Echemos manos a una descripción breve que nos aporta Wikipedia: “Las Mercedes es el mayor distrito para ir de compras o divertirse en América Latina. Además de enormes centros comerciales de lujo, “contiene discotecas y bares, galerías de arte y restoranes…” ¿Suficiente? Para redondear este argumento, leamos con detenimiento la opinión en la sección Comentarios de este periódico por un belicoso lector. Plantea con fuerza: “OJO ALERTA NO HAY CONCENTRARNOS EN CARACAS. HAY QUE EXPANDIRNOS POR TODA VENEZUELA PARA QUITARLE FUERZA AL REGIMEN DICTATORIAL Y ASÍ DISMINUIRLO, DESGASTARLO, YA QUE ELLOS SE VERÁN OBLIGADOS A DISPERSARSE. SI NOS CONCENTRAMOS SÓLO EN CARACAS ESO ES VENTAJA PARA EL DICTADOR.” Preguntaría a este enardecido lector: ¿Entonces, después de un largo mes, por qué el resto del país no les responde?
-Guaidó lleva más de un mes llamando a las Fuerzas Armadas a que se lancen a una salida golpista, mientras rechaza, una y otra vez, todas las ofertas de diálogo o mediación aportadas por Maduro y sus seguidores, así como por México y Uruguay. Si dentro de dichas Fuerzas Armadas hubiera agitación pro-golpista, conspiraciones u otras manifestaciones de “ruido de sables”, el presidente Maduro se habría abstenido de visitar unidades militares por estos convulsos días. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Ha visitado media docena de las mayores y más importantes guarniciones militares del país, confraternizando con mandos y soldados. Nadie le ha salido al paso, en ningún lugar fue apresado (como lo fue Chávez en el 2002) o amenazado; nadie atentó contra su vida.
Todo esto me hizo recordar el criterio concluyente de un periodista -por demás, de apellido Torquemada- que, escribiendo para los grandes medios de prensa que no controla ni reprime el gobierno, afirmó: “Cada día que pasa es un día que gana Maduro y pierde Guaidó.” Buen epitafio para valorar la actual coyuntura.
