VII Congreso del PCC: partido, democracia, nación y socialismo


Cincuenta y cinco años atrás Fidel declaró que esta Revolución era socialista y democrática. La idea de lo democrático reaparece después de años de ausencia en el posicionamiento oficial del Partido y en los debates más perentorios alrededor del Congreso. Raúl reitera que si la opción es el partido único, este tiene que ser el más democrático. Afirmación que tiene tensiones en su verificación práctica pues, al tiempo que el VII Congreso fue, en su proceso previo, el menos democrático entre los Congresos de la organización partidista, el espíritu de democracia gestado en años logró un punto importante en la agenda final del encuentro.

El VII Congreso abrió sus sesiones para discutir, esencialmente, la conceptualización del modelo socioeconómico que el Partido Comunista de Cuba (PCC) propone para la nación. Pero el hecho más relevante fue la discusión política que implicaba, de un lado, cerrar el debate sobre los documentos en el Congreso, y de otro, regresar a una discusión con las bases del Partido y con amplios sectores sociales. En su proceso, el VII Congreso alimentó la opinión de que no hay un partido único. Hay, al menos, dos partidos: “el de arriba” y “el de abajo”.

En el Partido único “de abajo” no pocos militantes de base, en contra del secretismo respecto a los contenidos de las resoluciones, se resistieron a que la organización política fuera contra las normas democráticas que se han dado en los anteriores congresos. Estas implican amplia discusión de los documentos previo al Congreso con las bases del Partido y otros sectores sociales.

Frente a ese partido único “de abajo” y su reclamo democrático, se encuentra el partido único “de arriba”, que trabaja desde lógicas de mando, donde la intención fue hacer una presentación, discusión y aprobación expedita de los contenidos de las resoluciones. Partido este que orienta y no dialoga, que no comprende que la legitimidad es una victoria de todos los días, y que el escrutinio público es permanente, sea escuchado o no.

Ambos partidos, nominalmente socialistas, tienen visiones diferentes no solo como práctica/política, sino en la comprensión sobre la democracia. El debate en una de las comisiones del VII Congreso develó este particular. Ante la propuesta hecha por un delegado de incluir el término “democrático” a la definición del socialismo (es decir, retomar la comprensión primigenia de Fidel) se opuso la comprensión de la democracia como arma del enemigo o como cuestionamiento a lo logrado en el orden político cubano después de 1959.  No fue aceptada la propuesta.

Es cierto que el VII Congreso continuó el trabajo sobre lo discutido en el proceso de los “lineamientos”. Pero la continuidad está en enmendar una ausencia cuya respuesta implica, en términos estrictamente democráticos, una discusión con el soberano, el pueblo, pues el debate sobre los “lineamientos”, momento claramente democrático, tuvo un déficit de partida: no se esclareció la definición del socialismo que ganaría concreción en ese cuerpo de medidas.

Pero resulta que el orden y los valores democráticos no se reducen a momentos. La democracia lo es en tanto proceso de acumulación social y cultural permanente. La conceptualización del modelo es la propuesta de país que se hace a la nación cubana desde el PCC. Razón más que suficiente para que sea refrendada, o no, en la más estricta búsqueda del consenso nacional.

Otra idea cobró fuerza en este Congreso: este es el Partido de la Nación. En este punto el debate sería: ¿qué entender por nación representada? ¿Sólo representación por edades, territorios, color de la piel, género, sectores productivos? ¿Acaso la nación no se representa también en sus imaginarios ideológicos?

Miremos desde otra perspectiva el rol del Partido como guía de la nación, esta vez desde la estructura de su Comité Central (CC), mandatado por el Congreso para cerrar la discusión sobre “la conceptualización”, sea cual sea el curso de los debates que se avecinan. El CC está compuesto por 142 miembros. De ellos el 49 por ciento son dirigentes del Gobierno, el Partido y las organizaciones de masa a nivel nacional; el 23 por ciento dirigentes de los niveles provinciales y municipales; 13 por ciento dirigentes empresariales y cooperativos; 12 por ciento trabajadores/as directos de la producción y los servicios; y el 4 por ciento directivos universitarios.

En términos clasistas, como también debe leerse la complejidad y estructura de la nación, estos datos muestran que el CC del Partido Comunista está compuesto en un 72 por ciento (si se suman los niveles nacional, provincial y municipal) por funcionarios. Frente al 12 por ciento de militantes con vinculación directa a la producción y los servicios y un 12 por ciento de empresarios. ¿Qué sector o intereses nacionales están representados en el Partido en general y en su CC en particular? Desde un enfoque socialista, ¿qué representación han de tener los productores directos? ¿De quién es el Partido? ¿De la nación, de los trabajadores, de los empresarios, o de los funcionarios?

Debemos, sí, mirar el asunto en su integralidad. Nación, Revolución y Socialismo no son la misma cosa, pero cada una condiciona el alcance y la plenitud de la otra. No son lo mismo, pero tienen una relación acumulada cuyo conector es la política práctica y creadora desde la que se busca aportar, sostener y reinventar un orden social que garantice la concreciones del proyecto revolucionario de la nación cubana: soberanía y justicia social. Política que, al mismo tiempo, implica enfrentar a la política que niega, posterga o tergiversa la posibilidad del orden social que realice tal proyecto.

Visto así, el socialismo, en tanto cualidad del proyecto revolucionario de la nación cubana y camino fraguado hacia la plena soberanía, tiene que potenciar un orden social con base en la democracia popular, el desarrollo socioeconómico y la mayor equidad.

Comparto el principio, martiano por cierto, de que para superar la crisis y encauzar el desarrollo no puede prescindirse de nadie que esté honestamente dispuesto a contribuir a ello, algo que sería difícil sin el contraste de criterios y sin la búsqueda de consensos. Tal búsqueda adiciona un desafío para el imaginario socialista, dada la presencia y articulación de otros cuerpos ideológicos que, desde la honestidad, pretenden la redefinición del proyecto nación, y no necesariamente se involucran en la redefinición que, para él, ha de acometer el proyecto socialista. Es vital atender este asunto si asumimos, con Valdés Paz, que no sólo tenemos que producir una buena idea de sociedad sino que tenemos que acompañar cualquier propuesta de ella con un nivel de consenso que garantice el apoyo de las grandes mayorías del país.

Circunscripto solo al análisis del proyecto socialista, tema esencial del debate nacional que se nos avecina, asumo dos aseveraciones: a) la compresión socialista que encarnó, después de 1959, el proyecto revolucionario de independencia y justicia social de la nación, está en crisis; y b) es necesaria una revolución dentro de la Revolución. Es decir, una corrección a sus contenidos y formas socialistas que actualice y potencie la posibilidad de realizar el proyecto nación.

Podemos coincidir, o no, en que es necesaria una revolución dentro de la Revolución. Pero, ¿por dónde empezar? Para esbozar una respuesta miremos el contrapunteo que evidencian, al menos, dos “líneas gruesas” sobre el socialismo en Cuba: vista de una parte como socialismo de matriz soviética (estadocéntrico, economicista, burocratizado y dirigido desde arriba), y de otra parte vista como socialismo crítico democrático (creciente proceso de control del productor/ciudadano, socialización de la propiedad, el poder y el saber, dirigido desde abajo).
De un lado se plantea como desafío esencial desarrollar la economía nacional, sin que las decisiones que se tomen signifiquen una ruptura con los ideales de igualdad y justicia de la Revolución. Por otro lado, no se apunta la economía como el desafío mayor, sino la política, es decir, la permanente relación entre ambas con preponderancia de la segunda sobre la primera. Esto atañe a la desestatización y descentralización en función de más autogobierno y más autogestión.

En materia de propiedad se reafirma, de un lado, el predominio de la propiedad de todo el pueblo (estatal) sobre los fundamentales medios de producción. Visión contrapuesta, de otro lado, en una perspectiva socializadora de la propiedad que implique, además, potenciar relaciones de producción democráticas como la autogestión y cogestión de la propiedad estatal.

En materia de orden político una de las partes apunta a estimular, por parte del Partido, único, representante y garante de la unidad de la nación, el intercambio de opiniones, dentro de la organización partidista, como en su vínculo en la base con los trabajadores y la población. Al tiempo que potenciar y perfeccionar permanentemente la democracia, garantizar la participación cada vez mayor de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de la sociedad. Para esto es necesario asegurar el compromiso y ética de quienes sean promovidos a responsabilidades vinculadas al control y a la disposición de recursos materiales y financieros.

Visto en otra perspectiva, se apunta a enfocar el desarrollo que implica procedimientos democráticos para establecer y controlar las regulaciones, encauzar la politización del ámbito público en general y del ámbito laboral en particular, entendida como prácticas sociales en la definición, decisión y control de la política; a  lo que se añade la elegibilidad de todos los cargos públicos.

Ambas comprensiones reafirman la cultura anticapitalista y antiimperialista. La diferencia práctica apunta a, de un lado, combatir con argumentos los patrones de la ideología pequeño-burguesa: el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, la banalidad y la exacerbación del consumismo. De otra parte, se comprende tal ideología como visiones “sustitucionistas” y vanguardistas cuya base está en no creer en las capacidades políticas transformadoras del pueblo en general y de los trabajadores/as en particular.

De cualquier manera, lo cierto es que ser socialista no es una condición que vive fuera de las personas, de la subjetividad. Es un aprendizaje social, una práctica histórica, una acumulación cultural. Su contenido humanista, liberador, anti-opresivo, incluyente y colectivo no florece por decreto o declaraciones, sino por las prácticas concretas que den testimonio de que se puede vivir de otra manera. Para ello es condición el desarrollo de políticas socialistas que apunten a acumular formas sociales de producción material y espiritual potenciadoras de actitudes y sentimientos democratizadores.

Por el momento está anunciado el debate sobre las resoluciones del VII Congreso. Cabe preguntar: ¿qué partido organizará el debate que se avecina? ¿El “de arriba” o el “de abajo”? ¿El partido de la nación, el de los trabajadores, el de los empresarios o el de los funcionarios? Esperemos que el espíritu democrático abra las puertas de los núcleos de base. Esperemos que la nación en su complejidad y alcance pueda debatir las condiciones socialistas de su proyecto revolucionario para un orden social justo y soberano, que reencauce el imaginario martiano de un pueblo “próspero y de carácter libre”.

Sobre los autores
Ariel Dacal Díaz 30 Artículos escritos
(Camagüey, 1974). Educador Popular. Doctor en Ciencias Históricas, Universidad de la Habana (2007). Miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martín Luther King. Principales publicaciones: Rusia: del socialismo real al capi...
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