Mi voto será… secreto

Foto: Fernando Medina Fernández

Nuestro voto

La democracia necesita, casi siempre, del voto secreto; del voto libre, es decir, entendido como derecho; del voto igual, lo que significa que ningún voto debe ser más valorado que otro; y del sufragio directo, para que nadie vote por nosotros, los soberanos.

Desde 1992 logramos en Cuba el voto directo popular para elegir a los delegados provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hasta ese año la Ley Electoral anterior consideraba el voto indirecto para elegir a los representantes de esas dos instancias del poder estatal (local y nacional). Las Comisiones de Candidatura, sin embargo, siguen siendo la estructura (que se organiza en cada proceso electoral) que lleva las riendas de la composición de las listas de candidatos, que son ratificados, dícese que nominados, por las Asambleas Municipales correspondientes.

El hecho de que las Comisiones de Candidatura se compongan por representantes de organizaciones políticas, sociales y de masas (designados, y desconocidos por la población), pone en manos de individuos, todos ellos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o el Partido Comunista, el futuro político de la nación, en cada caso. Solo en las circunscripciones el pueblo nomina directamente a sus candidatos, en asambleas que no cuentan siempre con cantidades representativas de los habitantes del barrio y que son, de antemano, preparadas para que los propuestos acepten, y para que los no queridos por el Partido y el Estado, no pasen este filtro democrático.

Hemos dicho muchas veces, y no debemos cansarnos de repetirlo que, si el pueblo puede nominar con calidad y responsabilidad a nivel municipal, no existe ninguna razón política legítima que justifique que el soberano no pueda participar en la confección de las listas electorales de las instancias decisivas del poder del Estado. A partir de la nueva regulación constitucional (de quedar aprobado el texto), el municipio sería la más importante dimensión de la soberanía popular y, además, el nivel estatal decisivo para el desarrollo local y para la participación política del pueblo. Por otro lado, las Asambleas Provinciales, al desaparecer, eliminan del espectro electoral nacional la intervención de la Comisión de Candidatura para designar candidatos a delegados en las provincias.

Después de la Consulta Popular realizada para discutir y proponer arreglos al Proyecto de Constitución de la República, la Comisión Redactora de la Constitución (que ahora Cubavisión Internacional llama “los constituyentes”) aceptó la petición popular de que el flamante Gobernador provincial sea electo, pero han esquivado la voluntad popular al inventar el artilugio de que la elección de los gobernadores sea hecha por los delegados municipales que componen el Gobierno Provincial.

La participación popular cubana en los procesos electorales es grande (una de las más grandes del mundo), pero las campañas políticas de movilización del voto, de captación del voto y de promoción de la participación se han desviado, la mayoría de las veces, hacia nociones más grandes, trascendentales, o al menos distintas a las que se decidirán en las urnas. Es notable cómo la población, los dirigentes y los funcionarios repiten desde hace décadas -y este referendo no es una excepción- que votarán por la Patria, por la unidad, por Cuba, por Fidel, etc., cuando ninguno de estos valores se ha puesto a votación en el país.

La nueva y la vieja Constitución

La Constitución de 1976 no fue conocida por el pueblo, y así se marchó o se marchará cuando entre en vigor la próxima (si el referendo demuestra que el pueblo acepta la nueva). Tampoco se conoce la nueva propuesta, porque la cultura jurídica de nuestro pueblo no es alta, y menos la cultura constitucional; no por una cualidad especial de “ignorancia” de los cubanos y cubanas, sino por el desuso que ha padecido la constitución por más de 40 años.

La Constitución que se pondrá a disposición de nosotros el 24 de febrero (para ratificarla o no), cuenta con lagunas conceptuales precisamente allí donde las personas parecen estar más interesadas; pero la irracionalidad política que padece medio mundo, también ha enfermado a nuestra sociedad, por agentes transmisores propios. Pero el resultado es el mismo: los valores políticos se han perdido, y los conceptos e instituciones políticas se sostienen vaciados de sentido y de historia.

Lo anterior se demuestra por el repetido argumento de que la Constitución es “la Patria”, “la nación”, “la unidad” y “el socialismo”; pero, como en la fábula del rey descubierto desnudo por el niño inocente y sincero, nadie quiere decir (hasta que algún niño lo grite a la cara de todos) que la Constitución no dice una palabra sobre la nación, sobre la patria, sobre el socialismo y la unidad. Solo los menciona como si fueran deidades, pero no aparece una sola idea sobre ellos en el nuevo texto.

Por ejemplo, el socialismo cubano nunca ha sido más dudoso que bajo la nueva Constitución. La algarabía que se maneja sobre el “voto por el socialismo” este 24 de febrero, no es más que la prueba de que el socialismo está en cuestión aquí. Máxime ahora cuando habrá, por ley, propiedad privada, mercado, inversión extranjera antes que cubana, disminución de los espacios de igualdad y de alcance de derechos hasta ahora intocables (como la educación y la salud públicas), y cuando el pueblo ha tenido que pedir -vergüenza para los constituyentes- que el comunismo volviera al Magno texto.

Como en muchas de las nuevas constituciones de América Latina, los derechos y los servicios sociales han crecido, pero la parte orgánica de la Constitución, los mecanismos de desarrollo de decisiones políticas, de promoción de políticas, de resolución de conflictos entre distintas ramas del Estado, o entre las distintas institucionalidades del sistema político, ahora son más confusas y dejan en manos “no populares” el destino del país y de los propios derechos que antes se consagran.

Como ha dicho el gran constitucionalista argentino Roberto Gargarella, la “sala de máquinas” de la constitución decide la posibilidad real de que los derechos, las libertades y los servicios, se conviertan en evidencias. Si el Estado se constituye con poderes ilimitados, sin ámbitos de alcance popular, sin posibilidad de contrapesos ni de control administrativo, y sobre todo popular, no es cierto que los derechos crezcan, porque estos dependerán de poderes que los deben custodiar y realizar.

En el caso de la nueva Constitución cubana, ha quedado la deuda de las garantías a los derechos humanos, la nublada regulación de una especie de amparo sin nombre (un amparo que nace desamparado), la ausencia de mecanismos independientes de control constitucional, la ausencia de la defensoría del pueblo, de derechos políticos tan llamativos como el del ejercicio de la huelga, y el de creación de partidos políticos u otras formas de organización política.

Pero no hace falta ir tan lejos, quedémonos en el voto: el derecho político más contraído de la nueva Constitución es el voto directo del pueblo. Es inconcebible que, en el año 2019, un país que tiene un Estado que se organiza según la Democracia Socialista, se proponga crear instituciones unipersonales protagónicas (como el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y el Gobernador Provincial) y todas ellas sean electas por otras instituciones o personas, en ningún caso por el pueblo.

¿Cómo se puede justificar, después de 60 años de Revolución, que un pueblo que ha sostenido este sistema político y social, a base de sacrificios y de una vida cargada de problemas y frustraciones -sin observar cambios en los servicios sociales, sin observar cambios en los salarios, sin observar cambios en las infraestructuras, sin observar nuevas construcciones, nuevas carreteras, nuevos medios de transportes, nuevas industrias, nuevos productos nacionales, nuevos mercados, rebajas de precios, disminución de la intención de emigración hacia fuera del país, y aumento de la programación familiar para tener descendencia en Cuba- no tenga el derecho de elegir, tan siquiera, a su Presidente?

Aplaudo que, al fin, en 2019, tengamos derechos humanos, mencionables, quiero decir, con nombres, no impronunciables, como el malo de Harry Potter; sino que los podamos señalar, pero me parece triste que pongamos el derecho de las minorías a ser resuelto en una ley que deberá ser ratificada en referendo, y me parece triste que rectifiquemos, de mala fe, lo que parecía un gran progreso, como la interpretación de los derechos a la luz de los instrumentos internacionales sobre este tema.

Tengo que decir que yo prefiero la Constitución de 1976 (por cierto, socialista), porque nadie ha dicho que los que voten NO el 24 de febrero votarán por el socialismo, porque nos quedaríamos con la Constitución vigente, que es vieja, no habla de derechos humanos, y que es necesario reformar para hacerla democrática -cosa que la nueva no logró, ni lo intentó-; pero esa Constitución vieja es socialista: dice que el Estado es de los trabajadores, dice que tenemos servicios de estomatología gratis, y que la propiedad con la que no hemos podido hacer nada se llama personal y no privada. Es extraño que nadie piense que bajo la Constitución vigente jamás tuvimos problemas con la unidad, con el socialismo, con la Patria, con la nación. Ahora es, al menos, grandilocuente achacarle a la nueva Carta Magna cosas que ya estaban resueltas desde 1976, o desde 1992 y 2002, cuando ocurrieron las últimas reformas constitucionales.

Yo hubiese preferido

Yo hubiese preferido una Constitución más democrática, que tuviera un aguacero de instituciones de participación ciudadana, que no temiera “al enemigo”, y así no nos confundiera a nosotros, los ciudadanos, con él, el “malo” de siempre.

Yo hubiese preferido una Constitución revolucionaria, que sí reconociera el matrimonio igualitario, y que se comportara como lo ha hecho con el reconocimiento de la violencia de género, por ejemplo.

Yo hubiese preferido que la Constitución confiara más en nosotros, los descamisados, los descalzos, los que compramos todo lo que da la libreta de abastecimiento, de forma religiosa, cada mes, y que nos dejaran elegir al Presidente o Presidenta de la República, y a los Gobernadores o Gobernadoras, para que vieran que no íbamos a votar por ningún delincuente, ni terrorista, ni contrabandista, ni pistolero, ni odioso del pueblo cubano.

Yo hubiese preferido que se entendiera de la lectura de la Constitución a qué tipo de sociedad nos dirigimos, a qué llaman “socialismo” los que redactan constituciones, porque el pueblo, nosotros, los que los vemos pasar a ustedes en sus carros, desde la altura de nuestro P1, no sabemos sino que queremos paz, bienestar, seguridad para nuestros hijos y nietos, hospitales sin colas y limpios, y servicios gratuitos de educación y sanidad, sin que nada se cobre en una clínica, sin tener que mantener la escuela de nuestros hijos porque el Estado, que dice que la mantiene, no se mantiene ni a sí mismo.

Yo hubiese preferido que al leer la Constitución el socialismo se pareciera a la libertad, que se confundiera en sus artículos la democracia y el comunismo, el pueblo con el dueño de todo, y que no se nos tratara como incapaces, como cuando nos ponen al Estado a representarnos en la relación de propiedad socialista.

Esta Constitución no es más revolucionaria que la Comuna de París, de 1871; y yo no acepto nada que no sea un paso de avance en relación a lo que ya teníamos. El socialismo cubano tenía una deuda de productividad y eficiencia, pero sobre todo tiene una deuda de democracia y respeto a las libertades políticas y a la esfera privada de la vida de los individuos. La nueva Constitución reconoce derechos nuevos para nosotros, pero no dice una palabra de la sociedad civil y su espacio de actuación, ni hace un reconocimiento a los miles de problemas que ha resuelto y cargado sobre sus espaldas en décadas de Revolución.

Estoy convencido de que en Cuba, los cubanos, también los que ya no viven en este archipiélago, pueden tener una Constitución mejor que esta, más justa con la historia de lucha del pueblo, más severa con los burócratas y los funcionarios que nos desvían de nuestra felicidad, más cómplice de las necesidades del pueblo, más garantista con nuestros sueños de prosperidad, más abierta a la imaginación e inventiva de nuestro pueblo, más clara sobre quiénes mandan aquí, más vertical en la institucionalización de la justicia en todos los casos, más propiciadora de controles populares y de defensa de la Constitución por el pueblo, más respetuosa con los millones de cubanos y cubanas que no viven aquí por razones disímiles.

Yo votaré el 24 de febrero. Me hubiera gustado que fuera una Constitución tan luminosa como nuestro pueblo ha demostrado que es, pero hay que votar por esta. Votaré, como siempre, por la democracia y por la libertad, que es lo mismo que votar por el pueblo, que tanto quiere y respeta a la democracia, aunque no sepa cómo es, ni dónde vive.

Pero mi voto será íntimo, porque, aunque haga un concierto sobre el SÍ, pudiera votar NO el 24 sin que nadie se entere; por lo tanto, mi voto, será, democráticamente… secreto.

Sobre los autores
Julio Antonio Fernández Estrada 28 Artículos escritos
Julio Antonio Fernández Estrada. Licenciado en Derecho y en Historia. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular. Docente desde 1999 en la Universidad de la Habana, con experiencias en cursos presenciales, y semipresenciales. Profesor de la Fac...
2 COMENTARIOS
  1. marlene azor dice:

    Excelente texto y análisis, aunque discrepe de las dos constituciones estalinistas: la de 1976 y la del 2019. Ninguna de las dos garantiza ningún derecho humano universal porque no existe la posibilidad de reivindicarlos ni justiciarlos dentro del país. En eso son idénticas, una menciona derechos otra menos pero ninguna propone garantías constitucionales jurídicas ni procedimentales para que se conviertan en evidencias.

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