Compartimos con nuestros lectores una entrevista con el ingeniero Yadiel Cepero Madruga, activista social formado como promotor en la “Red de jóvenes por la salud y los derechos sexuales”, del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Cepero,además, es miembro de la “Articulación Juvenil” del Centro Oscar Arnulfo Romero y administrador en la red social Facebook del grupo público “Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba”.
-¿Cuál es el tema debatido? ¿Por qué resulta tan peliagudo?
El artículo 68 del Proyecto de Constitución ha resultado polémico, en tanto define el matrimonio como “la unión entre dos personas” y no como “la unión entre un hombre y una mujer”. De aprobarse, quedarían abiertas las puertas para el matrimonio igualitario en Cuba. Esta posibilidad ha sacado a relucir viejos prejuicios, muchos de los cuales latían en la Cuba profunda, y al calor de los debates han emergido con más fuerza.
En este contexto, representantes de varias denominaciones evangélicas y obispos católicos del país han “salido del closet” político, enarbolando la bandera de la tradición y en franca oposición a lo que se permiten llamar “ideología de género”.
Si bien no es posible demostrar la existencia de una alianza entre católicos y evangélicos (respecto a su incursión en la política), la forma en la que se han dado los hechos hacen pensar en la posibilidad de que estemos asistiendo a un fenómeno global dirigido (al menos en lo que atañe a las denominaciones evangélicas). Las similitudes con el auge del fundamentalismo y procesos que han tenido lugar en el pasado reciente de Latinoamérica despiertan no pocas alarmas.
-¿Cuáles son los argumentos más significativos presentados por los defensores del A-68? ¿Cuántas posibilidades han tenido los defensores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles actitudes han prevalecido en estos?
Entre quienes defienden el artículo 68 se encuentra una parte de la ciudadanía LGBTIQ, no toda. La desmovilización general que prima en el país, y tantos años de derechos negados, han traído como consecuencia la naturalización del estado de vulnerabilidad actual. Una parte importante de la ciudadanía LGBTIQ se resiste a salir al espectro de lo público en defensa de sus derechos. Ni siquiera lo considera necesario, suponen que el Estado lo hará por ellos.
Por otra parte, activistas y colectivos LGBTIQ que hacen parte de la sociedad civil cubana, han encontrado dificultades para realizar acciones en el espacio público. Las redes sociales y los entornos digitales han devenido en los espacios donde con mayor fuerza se ha defendido la propuesta. Grupos de Facebook como “Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba” y “Reforma Constitucional de la República de Cuba”, junto a páginas como “Acepto”, “Por el Matrimonio Igualitario en Cuba” y “68Va”, han permitido visibilizar las muestras de apoyo y encausar una parte importante de los debates.
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Constitución fue aprobado por la Asamblea Nacional, a propuesta de la Comisión redactora, dirigida esta por el Primer Secretario del PCC; y teniendo en cuenta, además, las declaraciones Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en entrevista para Telesur, pudiera pensarse en un apoyo importante de parte de las estructuras del Estado. Sin embargo, un número considerable de activistas, entre los que me incluyo, han denunciado públicamente que durante la consulta popular el Estado ha asumido una posición de observador y no de defensor activo de la propuesta.
Importantes personalidades de la cultura, juristas, académicos e intelectuales del país han expresado públicamente su respaldo al Proyecto de Constitución y específicamente al artículo 68. Sin embargo, ha habido una respuesta tardía desde instituciones claves para el abordaje de estas cuestiones. Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales de las principales sociedades científicas del país, entre ellas: la Sociedad Cubana de Psicología, la Sociedad Cubana de Psiquiatría y la Sociedad Cubana de Pediatría. La Academia de Ciencias tampoco se ha pronunciado como institución.
Quienes defendemos el artículo 68 hemos utilizado como argumentos el grado de justicia social que supone la propuesta. En reiteradas ocasiones hemos enfatizado en la correspondencia que debe existir entre este artículo y la voluntad de no discriminar por sexo, género, orientación sexual ni identidad de género, manifiesta en el artículo 40 del Proyecto de Constitución. De igual forma hemos aludido a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por el país. Por diferentes vías, hemos señalado, que el derecho a formar familia y a que esta sea reconocida y protegida por la ley, es un derecho humano universal, inalienable, interdependiente y no jerarquizable. Hemos utilizado, también, declaraciones provenientes de importantes instituciones académicas del mundo, así como los resultados de más de 48 estudios de rigor científico, que en términos generales permiten comprobar que “no existe razón que justifique o dé fundamento a un trato diferencial hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en ninguno de los derechos sociales actualmente reconocidos para las personas heterosexuales”, tal cual lo expresó el Colegio de Psicólogos de Chile.
Para ratificar el apoyo al artículo 68 las personas han asistido a las reuniones convocadas en los centros de trabajo y asambleas de vecinos. Sin embargo, el mecanismo diseñado para el procesamiento de las propuestas solo recoge aquellas que implican modificaciones, adiciones, eliminaciones o dudas. Las ratificaciones no se procesan.
-¿Cuáles resultan los argumentos más extendidos por parte de quiénes se oponen al A-68? ¿Cuántas posibilidades han tenido los detractores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles actitudes han prevalecido en estos?
Desde las denominaciones evangélicas y la iglesia católica se reitera, una y otra vez, la necesidad de defender “la familia como dios la creó”, obviando que el modelo hegemónico de familia nuclear conformada por “mamá, papá y nené” hace mucho que no es el que predomina en Cuba. Basta revisar las estadísticas del último Censo de población y vivienda.
Otros argumentos utilizados por quienes se oponen al artículo 68 tienen su base en los prejuicios, mitos y estereotipos propios de una sociedad machista y patriarcal. Aluden a la supuesta incapacidad de las parejas del mismo género para procrear, como si este fuera el único fin del matrimonio, o no existiera la reproducción asistida. Hablan de la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, olvidando que son las parejas heterosexuales quienes han decidido no tener más de un hijo, por causas que nada tienen que ver con la ciudadanía LGBTIQ.
Se oponen al matrimonio igualitario alegando que conllevaría a la adopción, ignorando los numerosos estudios de rigor científico que plantean que la orientación sexual no se escoge, que la orientación sexual no hace a las personas mejores o peores, que la orientación sexual de los padres no determina la orientación sexual de sus hijos. No toman en cuenta, tampoco, que si hay niños para adoptar es porque hay parejas heterosexuales que los abandonan.
Alegan que hay temas más importantes de los que ocuparse, como si los derechos humanos fueran jerarquizables, o las parejas del mismo género no sufrieran en el día a día las mismas carencias que el resto de las familias cubanas. Solo que en condiciones de mayor vulnerabilidad debido al no reconocimiento de sus derechos.
Utilizan los mismos argumentos de siempre, quizás el único elemento nuevo en el contexto cubano, sea la supuesta “ideología de género”; término que intentan apropiarnos, pero que nada tiene que ver con los estudios o la teoría de género. Intentan confundir, utilizando este término y arropando sus viejos argumentos con formas nuevas. Incursionan en las redes sociales, colocan audiovisuales en el “Paquete Semanal”, imprimen carteles de gran formato y calidad.
Desde que se inició el proceso de consulta en centros de trabajo y asambleas de vecinos, los detractores del artículo 68 han tenido las mismas posibilidades que el resto de la población de asistir a estos espacios y hacer su propuesta en forma de adición, modificación, eliminación o duda. Muchas de las opiniones vertidas en contra del artículo 68 han sido televisadas como parte de la cobertura realizada a estos espacios.
Quienes no han tenido acceso a los medios han sido los fundamentalistas, quizás porque promueven un discurso de odio y convidan a la negación de derechos a otros seres humanos. Pareciera que estas denominaciones evangélicas olvidaron cuando décadas atrás exigían que sus derechos fueran reconocidos.
-¿Cómo se debió dirimir este enfrentamiento de posiciones? ¿Por qué no ha sido posible?
No estamos asistiendo a un simple enfrentamiento de posiciones. El fundamentalismo religioso supone un peligro real para la ciudadanía LGBTIQ y para el “proyecto país”. Quienes asumen estas posturas no están dispuestos a coexistir con la otra parte. La incursión de los evangelistas en política, y sus motivaciones, deben ser estudiadas cuidadosamente. La posición asumida por los obispos católicos también. Cuando hablan de “ideología de género”, dejan claro que sus objetivos van más allá del matrimonio. Los derechos conquistados por las mujeres, el aborto, la reproducción asistida, la educación integral de la sexualidad están en la mira.
Creo necesario acotar que ha sido un debate desigual. Las denominaciones evangélicas y la iglesia católica tienen presencia a lo largo del país, disponen de locales de reunión, mecanismos de comunicación directa con el Estado, acceso a importantes fuentes de financiamiento, asesoría internacional para la generación de contenidos y el monitoreo en redes sociales. Por lo general han llegado primero que nosotros a casi todas las publicaciones. Al revisar los casi 100 artículos disponibles en la web sobre el matrimonio igualitario en Cuba, es posible comprobar que una parte importante de los comentarios en contra provienen de los mismos usuarios. Ello nos llevó a promover la iniciativa ciudadana “Ponle color a la web”, consistente en alertar de la presencia de contenidos relacionados con el artículo 68 e incentivar a las personas a comentar, para tratar de frenar la ofensiva de los fundamentalistas.
La realidad de los activistas y colectivos LGBTIQ es bien diferente. Una parte considerable no goza de reconocimiento legal y ve limitadas sus posibilidades de participar e incidir en política. A muchos colectivos anclados en instituciones estatales no se les permitió pronunciarse.
-¿Qué experiencia nos deja esto en cuanto a la cultura de diálogo y convivencia que demanda una nación civilizada, y que exige una República justa y democrática?
No es posible dialogar con quien no quiere dialogar, ni escuchar, ni razonar. Afortunadamente no toda la comunidad cristiana del país es fundamentalista. Que haya personas que se opongan al matrimonio igualitario, que tengan dudas o prejuicios no supone un problema en sí mismo. Los argumentos expuestos por la población deben ser la base para desarrollar un ejercicio pedagógico a nivel de país. Ya se sabe cómo piensa una parte de la población. Ahora toca trabajar para deconstruir los mitos, para revertir la situación actual.
De cara a los debates y luchas por venir, considero imprescindible:
-Incidir directamente sobre la parte de la ciudadanía LGBTIQ que no se ha movilizado en defensa de sus derechos.
-Impulsar la agenda LGBTIQ, al tiempo que se impulsan otros derechos civiles y políticos, para que resulte viable la legalización de los colectivos y se disponga de mecanismos efectivos para la participación y el control popular.
-Conectar la agenda LGBTIQ con la agenda de otros colectivos que sufren formas de discriminación conexas o cuyas demandas han sido históricamente postergadas/invisibilizadas a consecuencia del machismo y el patriarcado.
-Construir una mayoría en defensa de los derechos de la ciudadanía LGBTIQ, estableciendo alianzas con instituciones, organizaciones y personas con liderazgo real en el campo intelectual, la academia, las artes, el deporte, la cultura, el sistema judicial y los espacios de toma de decisiones…
Los derechos, en tanto derechos, no deben ser plebiscitados ni requieren de la aprobación de mayoría alguna. No obstante, la agenda LGBTIQ avanza con mayor rapidez en entornos donde hay un consenso social favorable, colectivos organizados y mecanismos para la participación y la incidencia política.
-¿Qué reclamos hacer?
No es tiempo de reclamar: es tiempo de actuar.
