La actualización del modelo económico en Cuba, valorada por su efecto sobre los indicadores económicos claves parece ser, hasta ahora, un proceso intrascendente. Juzgada con severidad, pudiera considerársele como un fracaso; evaluada con benevolencia, pudiese ser vista como una asignatura pendiente. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los tres años posteriores a la aprobación oficial del proceso, que no han logrado superar el 3% anual, no proporcionan la "velocidad de despegue" que requiere la recuperación del escenario macroeconómico, ni aseguran el progreso del bienestar material de la población(1).
Pudiera argumentarse que se requiere de más tiempo, pero tres años es un plazo razonable para juzgar un programa económico gubernamental. En muchos países, cuatro años es el tiempo máximo del que dispone un gobierno para dejar su impronta en la economía de una nación.
Parecería prevalecer, sobre todo desde la perspectiva de los economistas, el supuesto de que el futuro político del país depende del éxito o del fracaso de la actualización. Si se parte de esa premisa, las perspectivas no parecerían ser halagüeñas para el Gobierno cubano; pero: ¿qué consecuencias tendría para el análisis de la situación cubana la posibilidad de que tal supuesto no fuese válido?
Futuro de Cuba- no se apoyase esencialmente en la actualización del modelo económico sino en una reforma del Estado mucho más amplia que, de manera general, estuviese produciendo resultados plausibles.. Esa es una dimensión en la que las posibles relaciones de causa y efecto entre programa y resultados parecerían ser más sugerentes. Después de todo, con independencia de las insuficiencias de la actualización, y más allá de cualquier consideración doctrinal que pudiera tenerse sobre el actual modelo de Estado cubano, resulta evidente que la medición de la principales variables políticas del país -cualquiera sea la "métrica" que se utilice- no permite validar una conclusión alarmista respecto a la relativa estabilidad y resolución del Estado cubano, aún en medio de una situación económica que, a duras penas, logra alcanzar el estatus de reproducción simple.(2
No estoy diciendo que no existan áreas problemáticas de gobernabilidad en Cuba ni que las cosas no pudiesen cambiar en el futuro, pero lo que parece relevante subrayar ahora es un dato de la realidad actual de Cuba: existe una desconexión visible entre los resultados económicos del país y la materialización de una rearticulación de la capacidad del Estado cubano que le permita seguir ejerciendo, sin mayores sobresaltos, aquello que -definida de manera un tanto cruda- es la esencia del poder: la capacidad de ejercer "el mando", la posibilidad de imposición de una voluntad sobre otra, aún contra la resistencia de la segunda(3). El poder político es esencialmente eso. Cualquier intento de edulcorarlo, a la larga, resulta fútil(4).
Quizás al menos tres cosas: a) la prevalencia de un enfoque "gerencial" respecto a la actualización que dificulta verla como un hecho eminentemente político y no meramente técnico; b) una asimilación excesivamente literal de la manera relativamente desbalanceada en que, tanto el relato oficial como una parte de la narrativa contestataria, le adjudican un peso excesivo a lo económico; y c) el olvido o desestimación de la cuestión del poder, o para ser más preciso, de la existencia de un Estado (no solo de un gobierno) que sabe y que puede ejercer el poder de manera efectiva, con relativa independencia de las variables económicas.
Este último aspecto remite a considerar el caso de aquellos Estados que funcionan como "el actor clave en la construcción de un bloque hegemónico con una direccionalidad histórico-política definida" (5). Es una noción que describe con claridad lo que ha sido el Estado cubano desde 1959 hasta la fecha, pero lo relevante ahora consiste en dilucidar si el Estado cubano actual necesita hacer "algo", o no, para continuar funcionando de esa manera, y cuáles serían los medios concretos de los que dispone de manera realista para intentarlo. Expresado de otra manera: ¿qué es lo que necesitaría resolver, en materia de capacidad estatal, para mantener el poder del "bloque hegemónico" (6) que hasta ahora lo ha poseído, qué medios tiene para hacerlo, y cuáles podrían ser las posibilidades de éxito en la consecución de tal empeño?
Los conceptos de "actualización del modelo económico" y "reforma del Estado" son procesos interrelacionados pero diferenciables en el contexto cubano. Ambos poseen una carga polisémica y han sido abordados con distinto nivel de atención. Mientras la "actualización" ha sido objeto de numerosos estudios, las menciones a la "reforma del Estado" son escasas.
El término "actualización del modelo económico" se refiere de manera exclusiva a los cambios emprendidos en Cuba, sin un referente teórico claramente establecido. Aunque se asocia a procesos de reforma económica, su uso evita el término "reforma" para no transmitir la idea de ruptura o transformación profunda del sistema. Esta ambigüedad parece responder a una estrategia política: preservar la continuidad del sistema político.
En este contexto, la actualización se concibe como una intervención pública correctiva, con elementos estructurales y operativos, que también abarca aspectos estratégicos como la especialización productiva, la innovación y la redistribución. Se trata de un proyecto híbrido de política pública, orientado a cambios cualitativos en la conducción estatal de la economía.
Se destacan dos características esenciales: es un proyecto eminentemente político subordinado al modelo unipartidista, y entraña una contradicción permanente entre el proceso de racionalización económica y las prácticas e ideologías del sistema político vigente. Esta tensión, aunque controlada, tiene un potencial desestabilizador.
La actualización carece de mecanismos internos de autocorrección o autoequilibrio, lo que ha llevado a su subordinación a un proceso más amplio: la reforma del Estado. Este último concepto, aunque poco presente en el discurso cubano, ofrece una perspectiva más adecuada sobre la magnitud del proyecto político actual.
Siguiendo la definición de Carlos Sojo, basada en Grindle, la reforma del Estado busca garantizar un Estado capaz de cumplir funciones económicas, técnicas, administrativas y políticas. Incluye capacidades institucionales (regulación mediante reglas claras), técnicas (políticas macroeconómicas), administrativas (gestión eficiente de servicios básicos) y políticas (representación de intereses y resolución de conflictos), así como mecanismos de participación y rendición de cuentas.
Finalmente, se subraya que cualquier bloque hegemónico puede usar el aparato estatal para imponer objetivos, pero lo crucial es comprender cómo y por qué se deciden dichos objetivos.