Durante décadas, Cuba administró su economía mediante dos monedas paralelas y tipos de cambio radicalmente distintos según el sector o el agente económico involucrado. Ese esquema, concebido como solución transitoria tras la crisis de los noventa, terminó consolidando distorsiones profundas en precios, incentivos y asignación de recursos. La unificación monetaria y cambiaria pasó a ser una prioridad de política no por convicción reformista, sino porque el sistema ya no era sostenible. Este artículo examina el origen de la dualidad, sus efectos acumulados, el alcance real de la reforma iniciada en 2021 y los riesgos macroeconómicos e institucionales que persisten.
El derrumbe soviético dejó a Cuba sin su principal fuente de subsidios y comercio preferencial. Entre 1990 y 1994, el PIB cayó aproximadamente un 35%, los suministros de petróleo se redujeron a la mitad y el peso cubano perdió toda credibilidad como reserva de valor en los mercados informales. Ante ese colapso, el gobierno optó por una apertura selectiva al turismo y a las remesas, sectores que generaban dólares pero que, si se dejaban circular libremente, habrían erosionado el control estatal sobre la distribución interna.
La respuesta institucional llegó en 1994 con la creación del peso convertible (CUC), una moneda anclada nominalmente al dólar y reservada para transacciones vinculadas al sector externo, el turismo y las tiendas en divisas. El peso cubano ordinario (CUP) siguió siendo el instrumento del salario estatal y de los precios subvencionados. La lógica era segmentar mercados: proteger a los trabajadores del sector público de la volatilidad cambiaria y administrar la escasez de divisas sin desmantelar el sistema de precios controlados.
Durante los años noventa, ese arreglo tenía cierta coherencia defensiva. Sin embargo, la coexistencia de dos monedas con tipos de cambio múltiples -el oficial de 1 CUC por 1 CUP para empresas estatales y el de 24 CUP por 1 CUC para personas naturales- generó incentivos profundamente distorsionados. Las empresas estatales registraban exportaciones a tipos artificialmente favorables, lo que inflaba artificialmente su rentabilidad contable sin reflejar productividad real. Ningún sistema de precios relativos puede funcionar bien con esa clase de señales.
Lo que nació como medida de emergencia se fue sedimentando en la arquitectura institucional cubana durante más de dos décadas, haciendo cada vez más difícil distinguir qué sectores eran genuinamente viables y cuáles sobrevivían gracias a la opacidad del sistema cambiario.
Operar con dos monedas a tipos de cambio artificialmente separados produce una deformación contable que atraviesa toda la estructura productiva. Las empresas estatales cubanas registraban sus ingresos en pesos cubanos al tipo oficial de un CUP por un CUC, cuando el mercado informal reflejaba proporciones muy distintas. Esa brecha no era un detalle técnico: significaba que los balances corporativos carecían de valor informativo real, y que las decisiones de inversión, producción y contratación se tomaban sobre cifras que no representaban ningún costo de oportunidad genuino.
Para el sector exportador, la sobrevaloración del tipo oficial actuaba como un impuesto encubierto. Una empresa que generaba divisas recibía, al convertir al tipo oficial, una fracción del poder adquisitivo que esos ingresos representaban en el mercado paralelo. El resultado fue una erosión sistemática de los incentivos para exportar y para sustituir importaciones, dos objetivos que cualquier economía pequeña y abierta necesita mantener activos.
Sobre los hogares, la dualidad operó como mecanismo de estratificación. Quienes tenían acceso a remesas o empleos vinculados al turismo podían comprar en tiendas en CUC, donde los bienes de consumo estaban disponibles. Los que dependían exclusivamente de salarios estatales en CUP quedaban confinados a una red de distribución subsidiada pero escasa. Esa segmentación amplió desigualdades de forma acelerada durante los años noventa y la primera década del siglo XXI.
Los subsidios implícitos que sostenían este esquema generaban un desequilibrio fiscal difícil de cuantificar con precisión, pero estimaciones del Banco Central de Cuba y análisis externos coincidían en señalar que representaban varios puntos del PIB anualmente. Esa presión, combinada con la escasez estructural, alimentó mercados paralelos persistentes y presiones inflacionarias que ningún ajuste administrativo de precios lograba contener de forma duradera.
Enero de 2021 marcó el inicio de la reforma monetaria más ambiciosa que Cuba había intentado en décadas. Conocida como la Tarea Ordenamiento, la medida eliminó el peso cubano convertible (CUC), unificó el tipo de cambio oficial en 24 pesos cubanos por dólar -una devaluación nominal de 2.300 por ciento respecto al tipo anterior- y acompañó ese ajuste con aumentos salariales y de pensiones, además de una revisión generalizada de precios administrados. El objetivo declarado era eliminar las distorsiones acumuladas durante más de dos décadas de dualidad monetaria y cambiaria.
Los fundamentos técnicos de la reforma eran razonables. Una economía no puede asignar recursos eficientemente cuando coexisten tipos de cambio artificialmente diferenciados que distorsionan los incentivos de empresas, trabajadores y exportadores. Sin embargo, la unificación nominal resolvió solo la parte visible del problema.
Lo que el Ordenamiento no podía corregir por decreto era la insuficiencia estructural de la oferta interna de bienes. Con estantes vacíos y cadenas de distribución deterioradas, los precios simplemente subieron para equilibrar mercados que el Estado ya no controlaba del todo. La inflación oficial superó el 70 por ciento en 2021 y continuó acelerándose en 2022, erosionando rápidamente los aumentos salariales que habían acompañado a la reforma.
Paralelamente, la expansión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal alimentó expectativas de depreciación. El mercado informal respondió con rapidez: hacia mediados de 2022, el tipo de cambio extraoficial rondaba los 100 pesos por dólar, y en 2023 superó los 200. La brecha entre el tipo oficial y el informal se convirtió en el indicador más elocuente del fracaso parcial de la unificación. Sin credibilidad cambiaria ni acceso sostenido a divisas, la reforma formal quedó suspendida entre sus propias ambiciones y las restricciones externas que ningún decreto puede remover.
Reducir dos monedas a una era necesario, pero nunca suficiente. El desequilibrio monetario cubano era, en el fondo, el síntoma visible de fracturas más profundas: un sector estatal sobredimensionado con pérdidas crónicas financiadas por emisión, una estructura productiva incapaz de generar divisas con regularidad, y un marco institucional que desalentaba la inversión privada y opacaba la gestión empresarial. Ninguna reforma cambiaria puede sostenerse si el déficit fiscal sigue siendo cubierto mediante expansión monetaria, como ocurrió tras la Tarea Ordenamiento de 2021, cuando la inflación superó el 70% anual según cifras oficiales.
La consolidación fiscal, el saneamiento de las empresas estatales y la recuperación de la oferta interna son condiciones previas, no complementos opcionales. Una política cambiaria creíble también exige reglas transparentes y estables para el acceso a divisas, algo que el mercado informal seguirá sustituyendo mientras el sistema formal mantenga restricciones arbitrarias. La eliminación de la dualidad monetaria era un paso necesario hacia la normalización económica, pero sus beneficios reales dependen de corregir distorsiones productivas, fiscales e institucionales que todavía condicionan tanto la estabilidad de precios como la capacidad de crecimiento sostenido.